Por el trabajo y la dignidad

Todo un ministro de Economía del gobierno de España se ha dedicado a pregonar que una huelga general no es algo propio de una sociedad del siglo XXI. Inmediatamente en cualquier mente civilizada asoma la sencilla constatación de que una declaración como ésa –reflejo de lo que la derecha piensa acerca del derecho de huelga y de las organizaciones sindicales- no es propia de un ministro en una sociedad democrática. Así estamos, pues, en momentos en que hacemos una huelga general como protesta contra una reforma laboral marcadamente regresiva que, además de graves recortes de derechos laborales, un fuerte abaratamiento del despido y el debilitamiento de los convenios colectivos, entraña una ruptura del pacto social y una quiebra del modelo de convivencia desarrollado desde la Constitución de 1978. Si a todo ello se suma el patente desdén del gobierno de Rajoy hacia unos sindicatos con los que no se ha sentado a dialogar en serio, tenemos el conjunto de razones que han avalado a UGT y CCOO para convocar huelga general este 29 de marzo.

Si estamos ante la alternativa de salir o no salir de la crisis, como desde el gobierno se recuerda, no es cierto que esta reforma laboral contribuya a lo primero; es más, elementos hay para pensar que nos hundirá más en la crisis, pues amén de no ser justa, no es eficaz para los mismos objetivos que se aducen en su favor. Una reforma de estas características no va a generar empleo; por el contrario, lo que se comprueba de inmediato es que destruye el existente de forma acelerada. Toda ella implica una agresión sin contemplaciones contra los trabajadores, haciendo retroceder lo que han sido logros sociales conquistados a través de generaciones y respaldados por nuestro ordenamiento jurídico. Razones hay, por tanto, para ejercer el democrático derecho de huelga y hacer uso de la libertad de expresión manifestándonos contra una política subordinada a la tiranía del mercado y sometida a las irracionales directrices que se nos imponen desde Bruselas.

Como trabajadores en huelga y como ciudadanos en la calle, además de denunciar la inutilidad de una política antisocial que ni va a recuperar el empleo, ni va a reactivar la economía, defendemos nuestra dignidad, socavada por una reforma que no sólo mercantiliza al trabajador, sino que además lo trata como mercancía desechable. Una reforma así no hace sino recordar aquella inhumana propuesta decimonónica –de la cual tenemos noticia por Marx- acerca de una “casa de trabajo ideal” que en verdad habría de ser una “casa del terror”, donde sus terribles pautas coercitivas amedrentarían a los obreros para que ni se les ocurriera reclamar derechos. Parecemos volver desde el siglo XXI al XIX, hacia aquel capitalismo sin límite legal de explotación, criticado con toda razón por el autor de El Capital.

José Antonio Pérez Tapias
(Publicado en el diario Granada Hoy el 29 de marzo de 2012)

Con los trabajadores en la huelga, con los ciudadanos en la calle

29 M:
CON LOS TRABAJADORES EN LA HUELGA,
CON LOS CIUDADANOS EN LA CALLE

IZQUIERDA SOCIALISTA DEL PSOE ANTE LA HUELGA GENERAL DEL 29 M


La corriente Izquierda Socialista del PSOE suscribe y hace suyas las razones de los sindicatos UGT y CCOO para convocar huelga general este 29 de Marzo contra la reforma laboral decretada por el Gobierno del PP. Los graves recortes de derechos laborales, el fuerte abaratamiento del despido, el debilitamiento de los convenios colectivos y, en suma, la agresión a los trabajadores que supone la reforma laboral justifican plenamente una huelga general como respuesta a la política antisocial del gobierno de la derecha. La negativa del presidente Rajoy a un diálogo en serio con las organizaciones sociales, así como la falsedad de los motivos aducidos para una reforma que comporta una fuerte regresión respecto a logros sociales y políticos conseguidos gracias al esfuerzo de generaciones, obligan a pensar que la huelga general es la respuesta adecuada a una reforma que además de ser injusta no va a ser eficaz para el invocado objetivo de generar empleo. Por el contrario, lo que sí es seguro es que una reforma laboral como la impuesta por el gobierno rompe el pacto social y quiebra el modelo de convivencia que desde la Constitución de 1978 se ha ido desarrollando en España.

Suscribiendo, pues, los objetivos y los motivos de la huelga general del 29 M, Izquierda Socialista comparte con el conjunto de la militancia del PSOE el apoyo a la convocatoria de la misma, así como el respaldo brindado a los sindicatos UGT y CCOO en momento tan crucial. Es imperiosa la necesidad de defensa de las organizaciones sindicales como imprescindibles instrumentos de protección de los trabajadores ante las campañas de desprestigio orquestadas mediáticamente contra ellas, lo cual forma parte de la estrategia neoliberal que el gobierno popular hace suya.

Desde Izquierda Socialista nos sumamos a todas las voces que desde el PSOE y desde las fuerzas políticas de izquierda en general, así como también desde otros muchos ámbitos de la sociedad civil, como el mundo de la cultura y las universidades, se han alzado pidiendo la participación activa en la huelga general del 29 M y en las manifestaciones ciudadanas que en dicha jornada la acompañarán. Como corriente de opinión del Partido Socialista confiamos en que nuestros cargos públicos estarán presentes en las mismas explicitando el apoyo que las trabajadoras y trabajadores españoles se merecen, reclaman y esperan.

Desde Izquierda Socialista subrayamos también la significativa coincidencia de una jornada de lucha como la de la huelga general con los resultados obtenidos por la izquierda en las recientes elecciones autonómicas de Andalucía y Asturias, los cuales suponen un freno a la política de injustos recortes y ajustes desplegada por el Partido Popular. El 29 M es fecha clave para cambiar el rumbo de una dirección tan equivocada.

Once tesis sobre Elecciones andaluzas 2012

1. La realidad es que las elecciones autonómicas andaluzas han arrojado un resultado, traducido en escaños, de 50 para el PP, 47 para el PSOE y 12 para IU.

2. En cuanto al problema de si a propósito de la constitución del futuro gobierno de la Junta de Andalucía puede hablarse de victoria del Partido Popular la respuesta es claramente negativa: Arenas no será Presidente de Andalucía.

3. La teoría materialista de la transformación de las circunstancias obliga a reconocer, a la vista de los resultados obtenidos, una clara victoria del bloque político de la izquierda andaluza. La coincidencia de la transformación de las circunstancias gracias al impresionante éxito electoral de IU, alcanzando 12 diputados (seis más que en la legislatura anterior) y de la necesaria autotransformación del PSOE una vez obtenidos 47 diputados (nueve menos que la legisltura anterior) conduce a una acción política volcada sobre un pacto de izquierda, atendiendo a la voluntad expresada por el electorado que ha votado a estas fuerzas políticas.

4. Griñán, una vez constatadas las consecuencias del autoextrañamiento padecido por la familia socialista, pero confirmadas las tendencias en cuanto a superación del mismo, teórica y prácticamente ha de promover un pacto entre PSOE e IU que consolide el frenazo que se ha podido dar a la expansión y crecimiento electoral del PP.

5. No dándonos por satisfechos con pactos superficiales o efímeros, hay que concebir la actividad del próximo gobierno andaluz como práctica efectiva de gobierno de coalición de izquierda.

6. La esencia de un pacto de izquierda en Andalucía no puede hacer abstracción, sino todo lo contrario, de lo que significa la política neoliberal del PP desde el gobierno de España y de lo que suponen las políticas del mismo signo que dominan en Europa. Se trata de oponerse a ellas presentando en la práctica alternativas viables.

7. Griñán, como futuro presidente de la Junta de Andalucía, ha de tener claridad -y consta que la tiene- sobre cuáles han de ser las políticas transformadoras de izquierda que han de aplicarse en la Comunidad Autónoma.

8. Los injustos recortes y ajustes que aplica la derecha han de desvelarse en todo su alcance en cuanto a pretensiones privatizadoras de lo público, a mengua del Estado de bienestar y a poda del Estado de las autonomías. Toda intención oculta al respecto debe quedar esclarecida.

9. Dada la visión de los diferentes grupos de poder que la derecha aglutina hay que hacer frente a las críticas preventivas con que los medios cavernarios tratan de desprestigiar y deslegitimar un pacto de izquierda en Andalucía.

10. Frente a la visión de una derecha conservadora y neoliberal hay que erigir Andalucía como foco difusor de políticas alternativas de izquierda capaces de sacarnos del totalitarismo del mercado superando la impotencia de la política.

11. No sólo hay que llevar a cabo lo que estas tesis señalan para el futuro ; hay que empezar transformando el presente apoyando la huelga general convocada por los sindicatos UGT y CCOO para el 29 M contra la reforma laboral impuesta por el gobierno del PP con lo que implica de agresión a los trabajadores con grave merma de sus derechos y quiebra del pacto social.

(Ni Griñán es Feuerbach ni yo soy Marx, pero sus Once tesis sobre Feuerbach dan para mucho)

Celebración intervenida

El bicentenario de la “La Pepa” merecía una conmemoración en regla. Nuestra historia contemporánea no es pródiga en acontecimientos que podamos rememorar como hitos con un legado positivo. La Constitución de 1812, primera de nuestra agitada vida constitucional, guarda en su articulado el impulso liberal de quienes en circunstancias difíciles se empeñaron en abrir paso en España a un nuevo Estado desde una enfatizada conciencia de nación.

Se ha recordado lo que supuso esa constitución en cuanto a ciudadanía, a derechos y libertades, a separación de poderes, a libertad de imprenta o a instrucción pública. El balance no puede eludir que si la soberanía se hace radicar “esencialmente” en la nación, dejando atrás el absolutismo, tal raíz no se lleva hasta situarla exclusivamente en ella, por lo que el Rey no quedó del todo despojado de la misma, dando lugar a una monarquía constitucional, aún no parlamentaria. Una memoria sin mitificaciones subraya el confesionalismo de la Constitución de Cádiz, estableciendo la religión católica, “única verdadera”, como la propia de la nación española. Lejos de la tolerancia de la Ilustración europea, el texto contenía ésa y otras concesiones de los liberales a la mayoría conservadora para sacar un articulado progresista. La ruptura con el Antiguo Régimen no llegó al fondo; hubo mucho de “reforma pactada” entre quienes ponían en pie la Constitución para un país entonces invadido, precisamente por un ejército que extendía por Europa los ideales de la Revolución francesa. La contradicción de unos diputados que abrazaban valores de libertad como los que representaban los invasores no era menor que la de éstos pretendiendo irradiar una revolución mediante ocupación imperialista.

La historia está cargada de contradicciones y ello nos debería poner en guardia para no incurrir en otras. Tal cautela no la tomó el presidente Rajoy al asimilar reformas de su gobierno –algunas, destructoras de logros sociales tras esfuerzo de generaciones- a la reforma que propiciaron los constituyentes de Cádiz. Tal abuso de analogía ha de contrarrestarse haciendo hincapié en otros paralelismos con los próceres decimonónicos. Así, si ellos afirmaron la soberanía nacional haciendo frente a una ocupación que la negaba, no está de más insistir ahora en que celebramos la Constitución gaditana en un momento en que la soberanía nacional se halla fuertemente recortada, y no por compartida en instituciones europeas, sino por habernos sido arrebatada por poderes económicos que, mediante organismos internacionales, nos imponen sus intereses. No estamos ocupados, pero sí notablemente intervenidos. Hacer trampas con la verdad de los hechos es dejarse caer en una “celebración intervenida” en la que nos hurtamos mirar de frente nuestra realidad. Entonces se mitifica el pasado.

José Antonio Pérez Tapias
(Publicado en el diario Granada Hoy el 22 de marzo de 2012)

El voto de los paganos

Los descreídos y un tanto escépticos habitantes de esta tierra –de María Santísima según los tradicionalistas- estamos convocados para elegir representantes en la cámara autonómica. El momento es crucial y no cabe ironía como para banalizar unas elecciones en las que nos jugamos mucho. En ellas hemos de pronunciarnos quienes somos conscientes de nuestra condición de paganos, y no ya por falta de fe o empecinamiento en no aceptar ortodoxias, sino por ser quienes pagamos los platos rotos –prácticamente toda la vajilla- de la crisis que nos ahoga. Sea por el empleo que se pierde o que no llega, sea por los salarios menguados, sea por empobrecimiento general, quienes vivimos o queremos vivir de nuestro trabajo somos los paganos de una crisis cuyos efectos se hacen recaer abusivamente sobre nuestras espaldas. Y somos ciudadanía llamada a votar, la misma que a golpe de ajustes es sacrificada según designios de poderes que deciden sobre vidas y haciendas.

En circunstancias tan lacerantes hay quienes, mostrándose firmes creyentes en el dogma de la estabilidad presupuestaria, ejercen de oficiantes en una ceremonia de la confusión en la que nos quieren envolver a todos. Pero los paganos resistimos al engaño, dispuestos a defender con el voto un Estado de bienestar que de recorte en recorte va camino de quedar amputado, así como un Estado de las autonomías puesto por las derechas en el punto de mira de su afán recentralizador.

Pero hay más, pues, incluso pagando por aquello de lo que no somos culpables, no se debe eludir el repugnante asunto de los fraudulentos expedientes de regulación de empleo –los famosos EREs-, esa triste historia de corrupción con protagonistas salidos de filas socialistas. Es verdad que la expulsión recayó sobre los implicados y que el gobierno andaluz anduvo lo suyo para denunciar los hechos. No es menos cierto, sin embargo, que la cuestión de la responsabilidad política no ha estado bien resuelta, aunque es constatable que el tratamiento de todo ello nada tiene que ver con el escaqueo de los “populares” ante la trama Gürtel. Siendo punible todo lo que de delictivo haya en tan lamentables hechos, y a ello se aplica la juez que lleva el caso con notable celo en cuanto a procedimiento y plazos, la pregunta es: quienes ya somos paganos en guerras donde ponemos la carne de cañón, ¿vamos a cargar también con los efectos colaterales de un castigo electoral por tan criticables comportamientos? Habrá que distinguir entre lo principal y aquello que, siendo importante, no es lo fundamental que está en juego. Los paganos tenemos criterio ético y juicio político y sabemos que por la izquierda se puede combatir la corrupción y salir de la crisis sin que sigan pagando justos por pecadores. ¿Ciega fe? No; somos descreídos, pero capaces de mover montañas.

José Antonio Pérez Tapias
(Publicado en el diario Granada Hoy el 15 de marzo de 2012)

Universalización del feminismo

Si hay un Día de la Mujer es para proseguir, con el refuerzo que el reconocimiento internacional de tal fecha supone, el empeño por la emancipación de las mujeres. El movimiento feminista convoca a la ciudadanía a metas de igualdad de género en las que adquieren concreción sus objetivos. En muchas de nuestras sociedades se han logrado avances en esa dirección. No obstante, es obligado constatar que, junto a logros políticos en cuanto a igualdad entre hombres y mujeres, queda en la vida social mucho que conquistar para esa igualdad. No sólo hay que contar con lo que legalmente se establezca, sino con lo que debe cambiarse modificando pautas sociales, incluidas las que se dan en el ámbito doméstico –decía Adorno que en el orden arcaico de la casa es donde más impera la dialéctica hegeliana del señor y el siervo-. Por todas las vías ha de continuar esa “revolución que ocurre” –como llamó la filósofa Agnes Heller a la revolución que en el Renacimiento cambió estructuras y mentalidades- que es ahora la revolución feminista, la cual en gran medida marcó el siglo XX y ha de consolidarse en el XXI.

Protagonizando el feminismo una revolución pacífica no por ello puede dejar de afrontar reacciones contrarrevolucionarias. No hay que olvidar que se trata de acabar con la más antigua opresión de una clase sobre otra – Engels lo hacía notar, ampliando el concepto de clase que Marx y él elaboraban como categoría fundamental para entender los procesos sociales-, vinculada a la organización social de la reproducción que, en correlación con la producción, ha perdurado durante milenios hasta llegar a nosotros con raíces culturales que hacen difíciles los cambios. La cultura patriarcal, cuyo rostro más bárbaro aparece en el machismo que en sus manifestaciones extremas llega a execrables crímenes de violencia de género, hay que superarla tanto en sus rasgos más ostensibles como en sus registros más inconscientes. La revolución feminista implica un nuevo de modelo de sociedad; en definitiva, una revolución cultural.

Si la emancipación de las mujeres es obra de las mujeres mismas –suya es la iniciativa-, sus objetivos, como ha ocurrido con otros movimientos, se juegan su viabilidad si, desde y para el reconocimiento de la diferencia, se articulan con capacidad de universalización, implicando al conjunto de la sociedad. Hace años Victoria Camps ya hablaba de la “universalización del feminismo”, lo cual también ha de entenderse hoy en clave transcultural. Y dado, además, que lo que está de hecho universalizado es un capitalismo sin fronteras, la universalización del feminismo por fuerza ha de cuestionar la lógica capitalista –punto lúcidamente subrayado por Marina Subirats-. ¿No van juntos machismo y competitividad? De la mano se les puede ver en esta época de crisis.

José Antonio Pérez Tapias
(Publicado en el diario Granada Hoy el 8 de marzo de 2012)

Heterodoxias en democracia

Escribió Ernst Bloch, en su obra El ateísmo en el cristianismo, que “lo mejor de la religión es que produce herejes”. El filósofo alemán, que se dedicó, entre otras cosas, a rastrear el “hilo rojo” de los potenciales crítico-utópicos de la tradición bíblica, consideraba que el reverso liberador de la cara clerical y dogmática de las religiones lo proporcionan los rebeldes que emergen en el seno de las iglesias. Si eso se extiende a otras instituciones no religiosas, pero que presentan rasgos funcionalmente religiosos, podemos decir de ellas que también producen herejes. No obstante, para evitar equívocos, y constatadas ciertas patologías de las instituciones –desde las iglesias hasta los partidos políticos-, conviene aclarar que tomamos en sentido amplio el término “hereje”, entendiendo por tal, no la persona que pretende imponer una dogmática alternativa, sino la que defiende puntos de vista distintos de los oficiales reivindicando un espacio de libertad. El heterodoxo se opone a la doctrina oficial, sacando a flote intereses que la ideología ortodoxa oculta.

Ser heterodoxo en ciertas circunstancias suponía exclusión social o poner en riesgo la propia vida. En contextos democráticos la heterodoxia no se ve penalizada hasta esos extremos. Si se trata de la democracia en un Estado de derecho, las leyes y una cultura de la tolerancia protegen al discrepante. Sería impropio de una cultura democrática que en ella surgiera un Menéndez Pelayo escribiendo con afán de condena una historia de heterodoxos. Ser heterodoxo en situaciones de pluralismo democrático, con libertad de conciencia y de expresión, está al alcance del ciudadano que asuma convicciones o prácticas que contradigan los de sus grupos de pertenencia. La democracia es ámbito de la doxa, del libre juego de las opiniones, donde en el espacio público nadie puede invocar una verdad absoluta en la que apoyar pretensiones de ortodoxia.

Tal como han evolucionado las cosas, el problema se presenta por el lado de un relativismo extremo, cobertura de una permisividad de ancho espectro. ¿Es posible la heterodoxia en una sociedad donde, aparte lo establecido en el código penal, sólo lo “políticamente correcto” delimita lo permitido y lo no permitido? Un contexto así hace irrelevantes posibles heterodoxias, reduciendo las discrepancias a asunto privado. Pero todavía cabe la heterodoxia respecto a una permisividad encubridora de aquellos límites que una sociedad no deja traspasar porque ello cuestionaría sus fundamentos. A esa sutil ortodoxia con ribetes de ideología dominante habría que oponer una heterodoxia de nuevo cuño, radicalmente democrática.

Con todo, aun en una sociedad abierta no deja de haber organizaciones que operan con criterios, explícitos y sobre todo implícitos, que por momentos conllevan rechazo hacia quien discrepa. Induce esa actitud la distorsión de los fines de las organizaciones, asimilados a intereses de sus dirigentes. Eso se da en los partidos políticos, y cuando así sea, por razones de lealtad al proyecto común, procede la discrepancia respecto a la línea oficial. Dicha lealtad debe primar frente a una disciplina ciega que acentúa la incoherencia de la organización respecto a los principios y valores que la justifican. La heterodoxia, en tal caso, no es posición por sí misma pretendida, ni ubicación indefinida, y menos con vocación de marginalidad. Se justifica como heterodoxia relativa a unas circunstancias determinadas, en las cuales la conciencia democrática busca incidir en una dinámica que contradice lo exigible por motivos éticos o por objetivos de libertad, igualdad y justicia que en una fuerza política se invocan como razón de ser. Ese coraje de disentir, para restaurar consensos quebrantados, siendo fruto de una convicción moral, no puede dejar de atender a mediaciones políticas. También la moral necesita de estrategia, a condición de que la estrategia no se trague a la moral.

José Antonio Pérez Tapias
(Publicado en la revista El ciervo, nº 732 [marzo 2012], pp. 10-11)

En legítima defensa

Aun cuando no haya motivos para alegrías, puede haberlos para la satisfacción. Que los objetivos de una acción se cumplan es razón suficiente para que sus protagonistas se sientan satisfechos. Y lo vivido ayer en muchas ciudades de España justifica la satisfacción de quienes nos manifestamos acudiendo a la convocatoria de UGT y CCOO para expresar nuestro rechazo a la reforma laboral decretada por el gobierno del PP. En fecha con tintes de regalada -29 de febrero-, la llamada sindical venía a coincidir, como otras, con una convocatoria de ámbito europeo por el empleo y la justicia social, gravemente dañados por la crisis que nos afecta. Sin embargo, aun conscientes de la batalla supranacional, las miras estaban más puestas sobre las medidas ya aprobadas, ya previstas, por el gobierno de Rajoy. La política de restricciones presupuestarias y de fuertes recortes en servicios públicos se complementa con una reforma laboral que atenta contra el pacto que, con sus altibajos, ha presidido las relaciones sociales desde la aprobación de la Constitución en 1978 hasta hoy.

Los cientos de miles de personas que han alzado su voz contra esta reforma –trabajadoras y trabajadores en ejercicio y en paro, en activo y jubilados- lo han hecho con opinión formada acerca de los perjuicios que suponen medidas que abaratan considerablemente el despido, que liquidan derechos laborales, que devalúan al máximo la negociación colectiva y que dejan prácticamente inermes a los trabajadores ante una patronal que va a tener manos libres para contratar o modificar contratos según el exclusivo criterio de sus inmediatos intereses. La asimetría que consagra la reforma impuesta por el gobierno contraviene las pretensiones de justicia social que habían regido nuestra legislación laboral. Es más, aparte de concretos puntos que pueden ser inconstitucionales, una reforma de estas características nos aleja de lo que la Constitución delinea como Estado social, además de democrático y de derecho.

Los sindicatos convocantes, las fuerzas políticas que han apoyado la convocatoria y muy en especial la ciudadanía que la ha secundado, han hecho explícito ejercicio de responsabilidad al manifestar su disenso respecto a una política equivocada incluso para los fines que se invocan al querer justificarla. El mensaje es claro: no hay que ir por el camino de una reforma que, al contrario de lo que difunden las proclamas gubernamentales, no es necesaria, ni eficaz, ni justa. Después de todo, lo que hemos hecho los ciudadanos es actuar en legítima defensa de nuestros derechos, máxime si por vías informales se anticipó lo que se veía venir por las formales: que la reforma laboral iba a ser “extremadamente agresiva”. Frente a la agresión continua queda el camino democrático de la movilización permanente. Hay razones.

José Antonio Pérez Tapias
(Publicado en el diario Granada Hoy el 1 de marzo de 2012)