Indecencias

Aspirar a vivir en una sociedad decente puede parecer objetivo menor. Tanto más se tendrá esa impresión si se viene de tiempos en que se desplegaron banderas de emancipación con pretensiones de mayor alcance. Pero no consideremos la cuestión como mera rebaja en las aspiraciones colectivas; mirémosla, por el contrario, como la tarea de reconstrucción urgente de un dique que impida el desmoronamiento de muchas cosas que nos parecían consolidadas y, sin embargo, el huracán de la crisis o sus ventoleras colaterales las erosionan hasta ponerlas en peligro de ruina.

Es de indecencia política vernos colectivamente padeciendo determinadas actuaciones que suponen una humillación para la ciudadanía o vernos sumidos en ciertas condiciones en las que va menguando el respeto debido a cada uno de nosotros, con sus derechos. Últimamente, por desgracia, no faltan ni unas ni otras. El trato despectivo que se da una ciudadanía a la que no se le ofrece –a ella o a sus legítimos representantes- la información suficiente para que pueda hacer la valoración política de decisiones de la máxima importancia del gobierno en cuyas manos ha puesto el destino del país, es una clamorosa indecencia política. La manera en que presidente y ministros están actuando en todo lo relativo a Bankia, negándose a comparecer como se debiera en sede parlamentaria o bloqueando una pertinente comisión de investigación en el Congreso, es una humillación intolerable infligida a una ciudadanía sobre cuyas espaldas recae, además de lo que ya soportan, el peso de los 23.500 millones de euros que supone, por ahora, la nacionalización de dicha entidad financiera.

No es cuestión baladí el carpetazo que se le ha dado al asunto Dívar, hurtándolo al debate parlamentario e incluso archivando el caso por parte de la Fiscalía del Estado. Con ello se obvia el carácter escandaloso de la abusiva conducta respecto a recursos públicos por parte de quien es presidente del Consejo General del Poder Judicial y que ya está tardando demasiado en dimitir. Parece que una opinión pública humillada tiene que tragarse que, en aras de la estabilidad institucional, se pase de largo ante comportamientos injustificables que, por otra parte, van a reportar una incurable desestabilización de una institución hoy por hoy dañada.

Es humillación para la ciudadanía darle el trato que se le está dando por los modos y contenidos de restricciones y recortes que no sólo afectan a la materialidad de la vida de las personas, sino que son gravemente lesivos para derechos reconocidos constitucionalmente. Sabemos, y más desde la lúcida obra del filósofo israelí Avishai Margalit titulada La sociedad decente, que con la sola decencia todavía estamos lejos de metas de justicia, pero también que, sin decencia, se ciega el camino hacia una sociedad justa.

José Antonio Pérez Tapias
(Publicado en el diario Granada Hoy el 31 de mayo de 2012)