En legítima defensa

Aun cuando no haya motivos para alegrías, puede haberlos para la satisfacción. Que los objetivos de una acción se cumplan es razón suficiente para que sus protagonistas se sientan satisfechos. Y lo vivido ayer en muchas ciudades de España justifica la satisfacción de quienes nos manifestamos acudiendo a la convocatoria de UGT y CCOO para expresar nuestro rechazo a la reforma laboral decretada por el gobierno del PP. En fecha con tintes de regalada -29 de febrero-, la llamada sindical venía a coincidir, como otras, con una convocatoria de ámbito europeo por el empleo y la justicia social, gravemente dañados por la crisis que nos afecta. Sin embargo, aun conscientes de la batalla supranacional, las miras estaban más puestas sobre las medidas ya aprobadas, ya previstas, por el gobierno de Rajoy. La política de restricciones presupuestarias y de fuertes recortes en servicios públicos se complementa con una reforma laboral que atenta contra el pacto que, con sus altibajos, ha presidido las relaciones sociales desde la aprobación de la Constitución en 1978 hasta hoy.

Los cientos de miles de personas que han alzado su voz contra esta reforma –trabajadoras y trabajadores en ejercicio y en paro, en activo y jubilados- lo han hecho con opinión formada acerca de los perjuicios que suponen medidas que abaratan considerablemente el despido, que liquidan derechos laborales, que devalúan al máximo la negociación colectiva y que dejan prácticamente inermes a los trabajadores ante una patronal que va a tener manos libres para contratar o modificar contratos según el exclusivo criterio de sus inmediatos intereses. La asimetría que consagra la reforma impuesta por el gobierno contraviene las pretensiones de justicia social que habían regido nuestra legislación laboral. Es más, aparte de concretos puntos que pueden ser inconstitucionales, una reforma de estas características nos aleja de lo que la Constitución delinea como Estado social, además de democrático y de derecho.

Los sindicatos convocantes, las fuerzas políticas que han apoyado la convocatoria y muy en especial la ciudadanía que la ha secundado, han hecho explícito ejercicio de responsabilidad al manifestar su disenso respecto a una política equivocada incluso para los fines que se invocan al querer justificarla. El mensaje es claro: no hay que ir por el camino de una reforma que, al contrario de lo que difunden las proclamas gubernamentales, no es necesaria, ni eficaz, ni justa. Después de todo, lo que hemos hecho los ciudadanos es actuar en legítima defensa de nuestros derechos, máxime si por vías informales se anticipó lo que se veía venir por las formales: que la reforma laboral iba a ser “extremadamente agresiva”. Frente a la agresión continua queda el camino democrático de la movilización permanente. Hay razones.

José Antonio Pérez Tapias
(Publicado en el diario Granada Hoy el 1 de marzo de 2012)