La derrota del PSOE en las pasadas elecciones municipales y autonómicas adelanta el final de un ciclo. ¿Cómo hacer balance de dos legislaturas en las que la mayoría parlamentaria ha sostenido los gobiernos del presidente Rodríguez Zapatero? ¿Ha de quedar todo engullido por la valoración negativa que inducen unos resultados tan demoledores como los que arrojan los últimos comicios? El PSOE convocó formalmente primarias para “elegir” a quien sabíamos que encabezará el cartel socialista en las próximas elecciones generales. Después vendrá el congreso federal que habrá de acometer una reelaboración en profundidad del proyecto socialista y una estrategia con la que afrontar la etapa que siga. Mientras tanto, una mirada que abarque lo que queda atrás ha de poner de relieve hitos destacables en el devenir de la política española de estos últimos años, pero no sin poner de relieve todo lo que supuso el punto de inflexión que fue el plan de ajuste aplicado a partir de mayo de 2010, reacción, cuando se mostraron insuficientes otras medidas, frente a la crisis económica que se nos echó encima, a la vez que respuesta a las instancias internacionales que obligaron a un fuerte viraje político.
Trayecto político con cambio de rumbo
No cabe duda de que hay un antes y un después del decreto del gobierno estableciendo las medidas de ajuste para recortar el déficit público, en principio, en 15000 millones de euros, como política “acordada” en el seno de la Unión Europea o, más exactamente, por el grupo de países que comparten el euro como moneda común. La necesidad de atajar el déficit se impuso como pauta común tras verse los países europeos arrastrados a una crisis económica profunda que, arrancando de la crisis financiera desencadenada en EEUU, llega a este lado del Atlántico hasta afectar a la estabilidad del euro. El motivo no es otro que fuertes movimientos especulativos de los grandes inversores en torno a la deuda pública de diferentes Estados europeos, sobre todo de aquéllos cuya más débil economía lleva a que se eleve el interés de sus emisiones de deuda, lo que a su vez incrementa las dificultades para financiarla, amenazando con la quiebra, salvo que se apliquen medidas correctivas enérgicas o, en el extremo, un plan de rescate que desde la UE y el FMI ayude a tales países a salir del pozo de una crisis que hunde la economía y trae consigo devastadores efectos sociales, entre ellos un desempleo galopante.
La situación crítica de Grecia, que paradójicamente no ha hecho sino empeorar desde entonces a pesar de los rescates aplicados y las medidas impuestas, fue el motivo de que arreciaran las presiones sobre España –incluida junto con Portugal, Irlanda y Grecia en el grupo de países puestos en el punto de mira de los analistas económicos bajo el ofensivo acrónimo PIGS-, desde la preocupación por una caída de nuestra economía que pudiera arrastrar al euro a una crisis letal. La disciplina que se nos exigió para salvar la economía y poder responder de nuestra deuda –no sólo la pública, sino también la privada, mucho mayor que la primera- condujo al gobierno a tomar decisiones drásticas en cuanto a recortes de gasto para llegar a 2013 con un déficit público del 3 por ciento del PIB. La cuestión es que con ese recorte se producía una quiebra innegable de la línea seguida hasta ese momento por la acción política del gobierno. El intento de reactivar la economía con medidas de corte keynesiano que dinamizaran la demanda quedaba atrás, y con él la perspectiva de encauzar sobre raíles socialdemócratas la salida de la crisis. Las políticas de ajuste venían diseñadas según patrones neoliberales, impuestas desde poderes financieros que, una vez repuestos de sus debilidades gracias al apoyo público, se volvían contra los Estados para hacer recaer sobre ellos y sobre los ciudadanos los costes de una crisis cuyo origen radica en la desregulación de los mercados financieros que los ideólogos del neoliberalismo habían bendecido.
La política de ajuste llevada a cabo por el gobierno de Zapatero para que España no se viera como Grecia, ni como posteriormente se han visto Irlanda o Portugal, ha transcurrido por los estrechos márgenes de una realidad con muy fuertes condicionamientos para la acción política posible, no sólo por los factores estructurales propios de la economía española –sobre todo la crisis de la construcción como principal sector productivo, hipertrofiado por la especulación inmobiliaria, con la terrible consecuencia de un paro enorme sobre millones de trabajadores que él estaban empleados-, sino también por el estrecho campo de juego perfilado en la UE, donde Alemania lleva la batuta de las políticas económicas, acuciada además por la inquietud producida por deudas ajenas de las que la banca germana es acreedora. El caso es que, siendo así, el giro político sufrido por la orientación de la política del gobierno socialista origina un gran desconcierto en la ciudadanía, incluidas las bases electorales del PSOE. La buena intención de salvar como se pueda las políticas sociales, de reforzar incluso algunas medidas de protección social frente al desempleo, no contrarrestan la percepción de que el gobierno, y en especial su presidente, han llevado a cabo un viraje político que aleja de compromisos adquiridos y desdibuja su perfil de izquierda. Previendo esa reacción social, el presidente Zapatero, en su discurso en el Congreso de los Diputados el 12 de mayo de 2010, ya anticipó que aplicaría el plan de ajuste expuesto “cueste lo que cueste” y “cueste lo que me cueste”. ¿Hasta dónde podía llegar ese coste? Hoy lo sabemos. Zapatero ha renunciado a presentarse otra vez como candidato del PSOE, y el partido ha sufrido ya una primera derrota electoral que es primera factura que se paga por la política de ajuste llevada a cabo.
¿Podían haberse hecho las cosas, o al menos ciertas cosas, de otra manera? Sería dogmático decir que no y sostener contra viento y marea –viento ciudadano y marea electoral- que se ha hecho todo como había que hacerlo. Hacer de la necesidad virtud hasta ese extremo lleva a posiciones en las que se pierde la credibilidad por aparecer ante la opinión pública con la fe del converso, siempre disponible para echar tupido velo sobre las propias contradicciones. Más vale reconocer éstas y trabajar por amortiguar las tensiones internas que conllevan. Con todo, no deja de ser cierto el empeño del gobierno y de su presidente por recuperar incluso los hilos rotos de la interlocución con los agentes sociales, los sindicatos UGT y CCOO en particular, algo también apoyado expresamente por sectores del PSOE que siempre hemos defendido reformas con consenso frente a quienes arrogantemente postulan reformas aun sin consenso. El logro de un Acuerdo Social y Económico, aun después de la huelga general convocada por los sindicatos meses antes, fue una buena noticia. Desgraciadamente, su efecto en la opinión pública fue muy limitado, dada la instalación en su seno de una valoración negativa de la gestión de la crisis por parte del gobierno. Los esfuerzos de éste por aminorar el coste social de las medidas puestas en marcha no llegan a contrarrestar el malestar acumulado en una sociedad donde hace mella la depresión económica, el miedo al paro, el temor al futuro y un escepticismo cada vez más acusado, no sólo respecto a un gobierno gastado, sino respecto a la política como ámbito de poderes democráticos con capacidad de decidir con criterios de justicia respecto a los asuntos que nos afectan.
Reconocimiento de derechos: objetivos logrados
A pesar de las facturas por la gestión de la crisis, cualquier retrospectiva sobre los gobiernos socialistas presididos por Zapatero subrayará lo logrado en cuanto a derechos. Entre los avances en la “lucha por el reconocimiento” –en este vector de la acción política nos podemos permitir esta expresión hegeliana- encontramos aportaciones para el futuro tan reseñables como la ley de igualdad o los cambios en el derecho civil para posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo. En similar longitud de onda se encuentra la llamada ley de memoria histórica, paso importante en el reconocimiento debido a las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Por lo que toca al reconocimiento de los derechos de autogobierno de las comunidades autónomas y de las legítimas diferencias de las que ellas son portadoras y que reclaman protección jurídica, hay que subrayar en el balance las reformas de estatutos de autonomía que se han llevado a cabo, descollando a ese respecto el de Cataluña, cuya nueva redacción ha sido referencia de una u otra forma para otros estatutos, y en cualquier caso dichas reformas estatutarias han servido para profundizar en el Estado autonómico de una España plural.
Entrelíneas de las líneas mencionadas se constata a su vez un déficit de pedagogía social respecto a leyes que suponen importantes cambios culturales, así como recorridos a medias en cuanto a memoria histórica o laicidad del Estado. Cabe decir que entre las primeras la mencionada ley de matrimonio homosexual es representativa de cambio legislativo de notable impacto sociocultural, en tanto que afecta a cuestiones que fluyen por hondos registros culturales de nuestra sociedad. De ahí que, junto al énfasis en el valor emancipatorio de una ley que contribuye a ampliar sensiblemente los derechos civiles de los individuos, aparezca la consideración de que su entrada en vigor quizá debiera haber ido acompañada de explicaciones más abundantes sobre la razón de ser de la misma dirigidas en especial a los sectores sociales más reticentes a una modificación legal de indudable calado. Por otro lado, la legislación contra la violencia de género, muy avanzada en cuanto a protección de los derechos de la mujer y a medidas sociales para que dicha protección sea eficaz, presenta la dificultad generada por las mismas expectativas que la ley suscitó, olvidando a veces que la ley penaliza de inmediato conductas criminales de los individuos, pero que sólo en el largo plazo puede mostrar toda su eficacia en cuanto a modificar comportamientos personales. El sacar de la íntima privacidad hechos susceptibles de ser calificados como delictivos es de indudable valor, pero el recorrido es más largo para cambiar los patrones machistas de una cultura secularmente patriarcal –caldo de cultivo de la llamada violencia de género-, y si eso no se tiene en cuenta las frustraciones por lo que no se consigue pueden ser un factor de bloqueo en los procesos sociales.
Si en lo relativo a la memoria histórica, aun con logros de indudable valor en torno a delicadas cuestiones que habían quedado pendientes desde la transición de la dictadura a la democracia, hay quien piensa que lo conseguido se ha quedado a medio camino en lo relativo a indemnizaciones por muerte o cárcel, a exhumaciones de restos, a la anulación de condenas o a procesos judiciales lastrados por la ilegitimidad de las dictadura que los amparaba, en lo tocante a otro filón de políticas de reconocimiento como es el de la libertad religiosa y una más consecuente laicidad del Estado también se puede hacer un balance similar. Siempre se puede decir –de suyo se ha dicho- que legislar sobre cuestiones sobre las que la Iglesia católica pretendía ejercer un monopolio moral acompañado de ilegítimas injerencias políticas –ejemplo destacado en ese campo es la reforma sobre la legislación que afecta al aborto- es ya consolidar espacios de laicidad en una sociedad cuyo Estado, por su constitución, debe ser efectivamente aconfesional. Pero siendo eso verdad, habrá que añadir que no es suficiente, máxime dadas las prácticas de confesionalismo que siguen enquistadas en instituciones públicas, desde los funerales de Estado hasta la presencia católica en el sistema educativo o en las Fuerzas Armadas, discriminatoria respecto a otras confesiones religiosas y los derechos de los ciudadanos vinculados a las mismas. El aparcamiento sufrido por el proyecto de ley de libertad religiosa y libertad de conciencia y el indefinido respaldo que sigue dándose a los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, sin ni siquiera apuntar la intención de someterlos a revisión, son indicios que hablan por sí mismos de una política de laicidad que sigue atascada entre indecisiones políticas y privilegios eclesiásticos.
La libertad religiosa, regulada por ley orgánica de 1980, necesita una legislación puesta al día, entre otras cosas por la más intensa diversidad cultural presente en la sociedad española como consecuencia de los procesos migratorios de las últimas décadas. Individuos y comunidades de distintas culturas han traído consigo en muchos casos religiones propias de su tradición cultural o con fuerte arraigo en ella. La atención a esa realidad para evitar procesos de marginalización o discriminaciones injustificables ha de enmarcarse en políticas de la interculturalidad, en cuyo marco la diversidad religiosa no deja de ser un aspecto de las diferentes identidades culturales. Hay que decir que las prácticas tendentes a la inclusión de personas y colectivos inmigrantes, a su integración en la vida de nuestros barrios, en el sistema educativo o en el sistema sanitario han consolidado pautas valiosas desde un punto de vista democrático y de reconocimiento de derechos. Más complicado es todo ello en el terreno laboral, en el que la economía sumergida por desgracia brinda cauces de relaciones laborales fuera de la legalidad marcadas por la explotación o por condiciones de trabajo penosas o sin la suficiente seguridad. Los vacíos no tanto legales, pero sí en la práctica, que por ahí se revelan son los que se acentúan en sus perniciosos efectos en el trato que se da a la inmigración como consecuencia de una ley de extranjería más pendiente de la aplicación estricta de directrices europeas pendientes del control de fronteras que de un trato adecuado conforme a derechos humanos que en ningún caso deben verse recortados. Lo que queda por hacer en ese sentido es precisamente lo que se ve tremendamente dificultado por la demagogia populista que alientan determinadas fuerzas políticas de la derecha a base de discursos xenófobos. La amenaza que por ahí se cierne sobre la convivencia democrática es algo que en ningún caso hay que permitir y en toda circunstancia hay que combatir.
Por lo que se refiere a las reformas estatutarias se puede coincidir en que adolecen de la clarificación de un modelo federalista que sea la referencia por la que orientarse en el desarrollo de las mismas. Igualmente se puede pensar que hubiera sido conveniente contar con una reforma de la Constitución que acotara los términos en los que moverse para avanzar en la configuración territorial de nuestro Estado autonómico. El caso es que esa reforma, incluyendo el tema capital en cuanto a la misma que es la reforma del Senado como cámara territorial, no se ha hecho. Mas es obligado reconocer que todo ello, y más una reforma de la Constitución, es difícil teniendo enfrente una derecha muy conservadora.
Políticas redistributivas: justicia cuestionada
Otro vector importante, que incluso podemos considerar como elemento de identificación de las políticas socialistas, ha sido el de la redistribución. Lo constituyen políticas defendidas según criterios de derechos sociales. La conexión entre reconocimiento y redistribución se percibe en la que es conocida como ley de dependencia, definitoria en nuestro caso del “cuarto pilar” del Estado de bienestar que se añade a los constituidos por la educación y la sanidad públicas y el sistema de pensiones que es núcleo de la seguridad social. Dicha ley, establecida para la mayor autonomía de las personas dependientes por edad o por enfermedad, aun con los problemas de su aplicación, supone un salto cualitativo en las políticas sociales, además de brindar posibilidades aún no desplegadas del todo en cuanto a yacimientos de nuevos empleos. Y en lo relativo al mercado de trabajo, con el difícil momento por el que pasa, y a la lucha contra el paro, es obligado recordar que tenemos ahora, en medio de la crisis, prestaciones más amplias por desempleo. No sería justo dejar atrás los incrementos de las pensiones en ejercicios pasados, por más que en 2010, y de forma extensiva a 2011, se congelaran las pensiones contributivas por mor de la austeridad necesaria para combatir el déficit público en años de crisis.
No obstante, y sin restar méritos a todo lo mencionado, el talón de Aquiles del vector redistributivo ha sido una economía que se quería corregir en sus excesos –los arrastrados por un mercado inmobiliario que desató una fuerte especulación, nutrida por los desafueros potenciados por la muy permisiva ley del suelo del PP-, pero haciéndolo sin salir de parámetros neoliberales. A la postre se ha comprobado una vez más que pretender desarrollar políticas sociales al amparo de una economía neoliberal es una mala cuenta, pues el final, como se comprueba en medio de la crisis económica, las políticas neoliberales, supeditadas a las exigencias del mercado, se tragan las políticas sociales. Es una constante del social-liberalismo que algunos hemos criticado.
Cuando la crisis, tras la tardanza en ser calibrada con toda su profundidad en los comienzos del segundo mandato de Zapatero, acentuó su hosco perfil hasta ponernos en el brete de “o ajuste o caos”, el gobierno, para soslayar lo segundo, se volcó en lo primero. Ello se concretó en recortes salariales a funcionarios, en la ya citada congelación de las pensiones contributivas, en el freno a inversiones en infraestructuras y en todo el conjunto de medidas de austeridad y rigor presupuestario aplicadas en la segunda mitad de 2010 y a lo largo de 2011. A eso se han sumado la reforma laboral, la reforma financiera, afectando sobre todo a las cajas de ahorro, sumidas en su mayor parte en situaciones más o menos graves de solvencia y afrontando serios problemas de morosidad, y la reforma del sistema público de pensiones.
Descontando lo que en tales reformas haya de verdaderamente insoslayable, el caso es que por tales medidas cala en la sociedad la imagen de que el ajuste de nuestra economía llevado acabo por el gobierno es injusto por cuanto el coste recae más sobre el trabajo que sobre el capital. Incluso considerando los factores de reequilibrio de esa balanza que se han tratado de introducir, contabilizando entre los últimos los límites establecidos en cuanto a dividendos y gratificaciones repartidas entre ejecutivos de bancos que han recibido apoyo público para salir de sus serios apuros, la percepción de que los costes y cargas de la crisis no se han distribuido equitativamente en nuestra sociedad es compartida por los más amplios sectores de la ciudadanía. El atosigamiento de los mercados, que cuentan para ello con la perversa función que llevan a cabo las agencias de calificación, incentivadoras de la especulación con sus diagnósticos y su valoración de la prima de riesgo de cada país, así como las presiones que ejercen la UE y el FMI, nos meten en la contradicción que supone aplicar fuertes medidas de austeridad que, por su rigorismo, obstruyen el crecimiento. El “fanatismo de la austeridad”, como lo viene denunciando el economista y Premio Nobel estadounidense Paul Krugman, contribuye así a lo contrario de lo que con él se pretende, pues hasta la misma deuda del país, tanto privada como pública, puede verse incrementada en vez de reducida, a causa de la contracción de una economía en la que no fluye el crédito, no se recupera el consumo y no despega la recuperación del empleo.
No cabe duda de que un paro en porcentajes alarmantes, como el que estamos conociendo en España a lo largo de 2011, pone en aprietos los cambios en un modelo productivo que requieren un tiempo que el drama de los desempleados no concede. El drama social que el paro supone es la cara más amarga de la crisis económica en la que nos hemos visto inmersos, afectando de manera muy singular a los jóvenes. Éstos, como generación que desde algunas instancias se ha denominado “generación perdida”, tienen ante sí un futuro complicado, o porque han perdido el trabajo al que se incorporaron pronto en tiempos de bonanza –la construcción sobre todo-, abandonando los estudios, o porque, aun con una formación sólida no encuentran un puesto de trabajo, y menos aún estable y de calidad como para salir del “precariado”.
Crisis de la política además de crisis económica
Es opinión compartida que el paro, en especial el paro juvenil, ha sido uno de los factores que no sólo ha incidido en la derrota electoral del partido en el gobierno, por más que las pasadas elecciones fueran municipales y autonómicas y no generales, sino que en gran parte ha sido desencadenante de lo que se ha bautizado como “movimiento 15 M”, configurado a partir de las manifestaciones convocadas el pasado 15 de mayo, antes de la jornada electoral, para cuajar en plazas de muchas ciudades españolas en las “acampadas” de indignados –el término se debe al título del famoso libro publicado por el nonagenario francés Stéphane Hessel invitando a acciones de protesta frente a la situación actual y, concretamente, frente a las maneras en que desde los gobiernos se ha tratado de combatir la crisis-. Pero tales manifestaciones ciudadanas expresan algo más que la protesta ante políticas frente a la crisis que no convencen, y en contraste con las cuales recogen reivindicaciones diversas –a decir verdad de heterogeneidad no fácil de llevar a compatibilidad entre propuestas coherentes-; expresan un serio cuestionamiento de la política en tanto que sumida en el descrédito y la impotencia. La ciudadanía capaz de articular una voz de protesta tiene en su punto de mira una política impotente ante los poderes económicos del capitalismo contemporáneo, capaces de doblegar gobiernos y de someter a los Estados a sus intereses. Por ello, un movimiento social que en sus expresiones refleja una seria deslegitimación de la política al uso y, con ella, da a entender la crisis en que se halla la representación política en nuestras democracias parlamentarias, interpela a una izquierda que se busca, a sí misma y por parte de la ciudadanía, frente a una derecha que se crece.
Hay elementos para pensar que la crisis de la política que se solapa con la crisis económica repercute de distinta manera sobre la izquierda que sobre la derecha, lo cual es algo que también se deja ver en la derrota electoral que nos ha traído a estas reflexiones. El asunto no tiene que ver solamente con cuestiones de algún modo epifenoménicas, a pesar de su relevancia en términos de sociología política, como cabe considerar el hecho de que el PP conserve un sólido suelo electoral que refuerza constantemente la fidelidad de sus votantes –no hace mella en la derecha la corrupción que afecta a las filas populares-, mientras que el PSOE contempla con aprensión la volatilidad del voto de muchos de sus potenciales electores. Por el contrario, tal cuestión también está conectada con temas de fondo que en circunstancias como las actuales se hacen notar.
Para la derecha, la política tiene un carácter más instrumental, su concepción de la misma es más funcionalista, lo cual es congruente con la ideología neoliberal que, como transmutación del liberalismo clásico, buena parte de la derecha sostiene. Para la izquierda, en cambio, la política es algo sustancial en su proyecto, de raíces republicanas en cuanto a la idea de una ciudadanía participativa que ha de ejercitar sus derechos. De ahí que la crisis de la política, o la apreciación de una política cuya crisis llega hasta el corazón de las instituciones democráticas, sea algo que repercute más sobre la izquierda que sobre la derecha. Eso explica en parte que, cuando la política se cuestiona, el peligro por la derecha sea la deriva hacia planteamientos populistas, nutridos incluso desde la xenofobia, en tanto que por la izquierda es el abstencionismo o la emigración hacia posiciones antisistema que llevan el cuestionamiento más lejos a partir de la conclusión de que el sistema no admite verdaderos cambios. En cualquier caso, las manifestaciones ciudadanas que hemos conocido piden ser tomadas en serio, al menos como preocupantes síntomas de un deterioro de nuestro sistema democrático que reclama ser corregido para salvar la democracia, mejorando su entramado institucional e innovando y profundizando en sus cauces de participación.
Proyecto por reconstruir: difícil recuperación del discurso
Tras las pasadas elecciones hemos hablado de debacle del PSOE. Esta vez nadie se ha lanzado a usar retóricas ya conocidas para suavizar la derrota. Muchos votantes nos han dado la espalda, sea votando a otras fuerzas políticas, sea mediante la abstención o sea –lo que es una novedad por su porcentaje- mediante el voto nulo o en blanco. Interpretar bien todo eso requiere fino trabajo de análisis y ardua tarea de reflexión. Habrá que ir sacando conclusiones de todo ello. Sin embargo, el descalabro es de tal magnitud que obliga a emprender, aun estando todavía a la espera de los resultados de la próxima cita con las urnas en las generales, una labor a fondo de reconstrucción de un proyecto socialista hoy por hoy dañado y irreconocible como tal para los sectores de la ciudadanía que lo habían venido apoyando. Es cierto que todavía se cuenta con muchos millones de votantes para acometer dicha reconstrucción con el telón de fondo de un apoyo social que está ahí. Pero no hay que confiarse en dar por seguro que va a permanecer, máxime si se tiene en cuenta que bastantes ciudadanos que han votado socialista en las pasadas municipales y autonómicas, aparte de hacerlo por los candidatos concretos que elegían, lo hacían en muchos casos no por la política realizada a nivel nacional, sino a pesar de ella. La reconstrucción del proyecto socialista no debe acometerse, por tanto, desde premisas falsas por implicar supuestos quebradizos debidos a insostenibles excesos de confianza.
No hay política sin palabra, esto es, sin discurso en el que se exprese el sentido de la acción y lo que significan las medidas que se aplican como realización de un proyecto y plasmación de un programa. Forma parte de las evidencias políticas que los hechos han situado objetivamente al PSOE en una posición en la que tiene difícil reconstruir un discurso socialista renovado o, al menos, decentemente socialdemócrata. No es consuelo alguno recordar que el problema no es exclusivo del socialismo español, ya que es ciertamente un problema de la izquierda en general y más concretamente de la socialdemocracia europea. Con todo, el caso es que hay que llevar a cabo esa reconstrucción del discurso del socialismo democrático, con la consciencia además de que efectivamente el proyecto y la estrategia que se planteen no pueden presentarse como algo propio de un solo país, pues eso supondría de antemano una condena al fracaso en un mundo globalizado, donde lo global es local y viceversa, en el que las tupidas relaciones internacionales nos han transportado a una escala que desborda al Estado nacional y cuando, además, estamos insertos una compleja arquitectura supranacional como es la de la Unión Europea.
De cara a esa recuperación del discurso que ha de ser clave para la reconstrucción de un proyecto socialista hay una cuestión que, por último, debe ser apuntada: dicha recuperación no sólo ha de mirar al futuro, sino que también ha de resolver cómo recupera el pasado, cómo asume lo hecho, cómo se hace cargo de esta misma etapa de gobierno que ahora termina en medio de aciagas derrotas. Metidos en esa tarea hay que reconocer los errores cometidos, los equivocados caminos recorridos aunque hayan sido incluso los fijados como correctos por las ortodoxias económicas dominantes. La cuestión es si de reconocer errores se pasa a decir que todo ha sido un gran desvarío, un desafortunado viaje a ninguna parte, salvo la crisis en la que estamos. La imagen del PSOE, de los gobiernos sostenidos desde él y sobre todo de su presidente, que las derechas (políticas, económicas, mediáticas y hasta eclesiásticas) quieren consolidar como foto fija de la etapa que ahora termina es precisamente ésa. No faltan entre las filas socialistas los que se aproximan en su valoración a una apreciación tan negativa. Otros, por el contrario, sostenemos que un balance más ecuánime también en este asunto es de justicia. Y vendrá por añadidura que la imperiosa redefinición de una estrategia y la urgente reconstrucción de un proyecto político serán tanto más consistentes cuanto mejor se enhebren los hilos que enlazan pasado y futuro.
José Antonio Pérez Tapias
Razón y Fe, nº 1353-1354 (vol. 263, julio 2011), pp. 41-52
