¿Reforma preventiva?

La reforma de la Constitución que se tramita en las Cortes para incluir en su artículo 135 el principio de estabilidad presupuestaria y otras cláusulas relativas al control del déficit público presenta todo el aspecto de una reforma preventiva. El presidente del gobierno, cuando la anunció en el Congreso, contando ya con el acuerdo del PP, señaló que la reforma nos situaría en el “buen camino” y emitiría las debidas señales en cuanto a orientación correcta. Así habría de ser, según Zapatero, aunque, como reconoció, la reforma no sirva para arreglar el desempleo o salir de la crisis. Estamos, pues, ante una reforma de la Carta Magna con la finalidad de enviar determinados mensajes, confiando en que los destinatarios actúen de la forma que esperamos. Tales destinatarios son los llamados mercados, en verdad poderes económicos que actúan como operadores financieros, fondos de alto riesgo, agencias de calificación, inversores institucionales, etc. También se cuenta entre los receptores al Banco Central Europeo y a la canciller Merkel, que desde Alemania impone disciplina fiscal a los países del euro.

¿Y el contenido del mensaje? Tenemos el contenido literal del artículo modificado, con sus pormenores en cuanto a déficit estructural, parámetros de deuda pública y compromiso para las administraciones de afrontar su pago como “prioridad absoluta”. Todo ello no es poco; es más, es mucho, expresado además con fórmulas que no dejan de reflejar la impronta del discurso neoliberal en el que han sido intensamente tematizadas. ¿Se puede concluir de ello que el Estado de bienestar queda herido de muerte sin posibilidad de UVI que lo salve? Dicho esto sin más finuras dialécticas puede ser visto como afirmación excesiva. Sin embargo, conclusiones matizadas acerca de dificultades futuras para políticas sociales y despliegue de medidas anticíclicas, a pesar de las excepciones que exonerarían en determinados casos de las obligaciones en cuanto a límite de déficit, son difíciles de rebatir. Aun insistiendo en que un Estado de bienestar que quiera ser viable necesita atenerse a una razonable estabilidad presupuestaria, llevar las cosas a ciertos extremos, como los que se pueden ver venir para la ley orgánica en que se cuantifiquen los anunciados topes de déficit, se vislumbra como un corsé fabricado con la patente de los halcones de la austeridad, el cual nos va a limitar sobremanera indispensables márgenes de actuación política. Pero, dicho eso sobre un contenido literal que, por otra parte, va a dejar campo abierto para que interpretaciones desde la derecha faciliten el camino para el Estado mínimo, cabe subrayar el especial mensaje que se quiere lanzar para que lo reciban aquellos que deciden sobre prima de riesgo, bonos soberanos y deuda pública que busca financiación. El mensaje quiere transmitir que España es solvente y que el Estado paga y pagará, respondiendo a sus compromisos financieros desde su reforzada disciplina fiscal.

Si esta reforma constitucional preventiva tiene como objetivo tranquilizar a los mercados, frenar a los especuladores y dar garantías a los inversores, sus efectos han de ser inmediatos, en estos meses que tenemos por delante. De ahí la urgencia aducida como motivo de la precipitación con la que se ha acometido una reforma de este calibre. De ella puede decirse que pretende ser venda puesta antes de la herida. El traumatismo que se quiere evitar es el que causaría, por ejemplo, una prima de riesgo de nuevo en peligrosas cotas, con herida de difícil cura si el BCE fuera reticente a comprar bonos españoles o si Alemania se desentendiera por no haber cumplido ciertas exigencias. Ante situación tan amenazante, comparable a la de un enfermo de pronóstico grave, la reforma pretende operar como vacuna. Es la metáfora utilizada por Rubalcaba –encomiable su empeño en flexibilizar el inicial planteamiento de la reforma- para explicar esa función de urgencia. Siguiendo con ella, cabe preguntar por las garantías de eficacia de esa vacuna, dado que su coste es muy alto y que no se disipa la sospecha de que a los especuladores que dañan nuestra economía nada les frena a la hora de sacarle réditos a nuestra deuda. Y, puestos a proseguir alegóricamente, sabido es que en las vacunas es fundamental la dosis. Si se sobrepasa, como ocurre con todo fármaco, puede ser veneno mortal. ¿Sucederá que la dosis se convierta en letal por administrarse sin consentimiento del paciente, es decir, sin referéndum?

José Antonio Pérez Tapias
[Publicado en EL SIGLO, nº 937 (5 septiembre 2011), p. 39]