
Valeriano Gómez, que ya fue Secretario de Empleo con Jesús Caldera como Ministro de Trabajo, será quien ocupe esa cartera tras la remodelación del gobierno llevada a cabo en el día de hoy por el Presidente Zapatero. Es momento de recordar que también ha sido miembro del Consejo Económico y Social del Estado en representación de UGT.
La trayectoria y sensibilidad del nuevo Ministro dan pie para pensar en que se recuperan las posibilidades del diálogo social tras la huelga general del pasado 29 de sepriembre. A quien es persona capacitada para reconstruir puentes de entendimiento la pudimos ver en la manifestación con la que en Madrid culminó la citada huelga general. ¡Toda una señal! Igualmente es una señal que Zapatero lo llame ahora para su gobierno ante la etapa difícil y decisiva que queda por delante.
Es importante conocer lo que piensa el ahora nuevo Ministro. Para ello podemos asomarnos al artículo que acontinuación se transcribe, publicado en la revista Temas para el debate de la Fundación Sistema:
LA HUELGA GENERAL DE SEPTIEMBRE DE 2010. TAREAS PENDIENTES.
Valeriano Gómez
Economista
Instituto Universitario Ortega y Gasset
El 29 de Septiembre de 2010 se ha llevado a cabo la sexta Huelga General convocada por las principales organizaciones sindicales desde que en 1977 se restableciera en España un marco democrático de relaciones laborales con plena libertad de acción sindical. Una vez más –como ocurrió en 1988, 1992, 1994 y 2002- la convocatoria de Huelga General se produce como respuesta a reformas de carácter laboral previstas o abordadas por el Gobierno en un contexto de enfrentamiento o ausencia de acuerdo con las organizaciones sindicales.
Hace tres meses y medio, el 10 de Junio del presente año, Gobierno e interlocutores sociales dieron por concluida la negociación sobre el mercado de trabajo sin haber alcanzado ningún tipo de acuerdo, tras un proceso que repetía uno de carácter similar finalizado, también sin consenso alguno, un año antes en Julio de 2009.
Dadas las circunstancias que rodeaban la fase final del diálogo social durante 2010, en una situación especialmente difícil para las economías europeas -la española entre ellas- intensamente afectadas por la crisis en su equilibrio fiscal y con evidentes amenazas sobre las condiciones, y la propia continuidad, de la financiación de la deuda pública y privada en los mercados financieros, el Gobierno había advertido, a lo largo de los primeros meses de 2010, que no renunciaba a adoptar medidas de reforma en caso de finalizar sin resultados el proceso de diálogo. Sin embargo, en esta ocasión, no se trataba tanto de una cuestión vinculada a los contenidos de las reformas defendidas por el Gobierno durante la negociación, sino de un cambio en la propia forma de entender el papel del Gobierno en el diálogo social respecto de la concepción que había sostenido desde 2004.
Durante la legislatura 2004-2008, en un contexto de extraordinario dinamismo económico, fue posible restablecer un clima razonable de entendimiento y consenso social al tiempo que se consolidaba una larga etapa de acuerdos en la orientación de la negociación colectiva que impidió la aparición de tensiones salariales importantes pese a que la economía registraba ya significativas restricciones en la oferta de trabajo que propiciaron, como es sabido, la apelación masiva al flujo de mano de obra procedente del exterior. Desde la perspectiva de sus frutos, sin que sea útil producir comparaciones con otros periodos históricos especialmente relevantes, aquella etapa de diálogo ofreció un balance muy significativo y ayudó a restablecer la consideración y el crédito de esta forma de concebir el gobierno de las relaciones laborales.
A diferencia de lo ocurrido en la fase de diálogo que ahora se rompe, el Gobierno anunció su intención de no abordar reformas en las materias esenciales de la agenda social (como las reformas en el mercado de trabajo o en el sistema de pensiones) cuando no obtuvieran el respaldo de los interlocutores sociales. Aun así, es muy importante subrayar que esto no constituyó un obstáculo insalvable para la fluidez del proceso de diálogo. Una vez fijado el temario y el método de negociación, la iniciativa correspondía al Gobierno, pero ni empresarios ni organizaciones sindicales cayeron en la tentación de convertir la renuncia del Gobierno a abordar reformas sin consenso social en una suerte de derecho de veto sobre el desarrollo y los resultados del diálogo.
Por supuesto, en una situación como la registrada por la economía española, al menos desde comienzos de 2009 en que se destruyeron alrededor de 800.000 empleos en un solo trimestre, la capacidad de respuesta a la situación constituía una prueba esencial para medir la solidez del diálogo social. Pero la insuficiencia de resultados no ayuda a explicar el contenido de las reformas. En ausencia de acuerdos –una responsabilidad que también concierne a los interlocutores sociales- el papel del Gobierno no debe permanecer fuera del terreno de las propuestas que defendió durante la negociación. La idea general que subyace a este planteamiento es la que se corresponde con un Gobierno que debe mantener una estrategia de política laboral -sobre la que siempre ha insistido en su preferencia para su desarrollo en un marco de diálogo- que no se ve alterada por la imposibilidad de lograr el suficiente consenso para alcanzar un acuerdo. El Gobierno trataría de impulsar los acuerdos sociales, facilitaría el acercamiento entre los interlocutores en la medida de sus posibilidades pero, hay que subrayarlo, no debe tener una política para el diálogo social sustancialmente distinta que aquella que se propone desarrollar en ausencia de acuerdo social.
Obviamente, el mejor acuerdo es siempre el que se firma. Pero la perspectiva abierta en la fase final de la negociación parecía abrir un ámbito para la reforma situado dentro de ese espacio de equilibrio que podría haberse razonablemente configurado en el marco del diálogo social. Esa visión era además consistente con la ejecutoria de un Gobierno que había protagonizado una etapa de diálogo social especialmente intensa en el pasado inmediato: gobernar en el terreno conformado alrededor de la idea de equilibrio desde el convencimiento de que no merece la pena destruir el clima de diálogo que se reconstruyó con tanto esfuerzo a partir de 2004 tras el paréntesis abierto en 2002 durante la segunda legislatura de gobierno del PP.
Sin entrar a analizar, dada la naturaleza de este artículo, los contenidos de la reforma laboral de 2010, es esta idea de equilibrio la que resulta rotundamente cuestionada por las organizaciones sindicales con la Huelga General celebrada el 29 de Septiembre.
En mi opinión, el modelo de reforma que se aborda finalmente en 2010 pretende dar una respuesta efectiva a los principales defectos de la reforma de 2002 (una reforma que produjo una gran conmoción en la configuración del despido alterando drásticamente la forma en la que las empresas abordarían a partir de entonces el despido y multiplicando su volumen, buena parte de ellos serían de carácter formalmente disciplinario, como nunca con anterioridad se había producido en España en pleno auge económico). Para ello pretende orientarse en una dirección similar a la perspectiva característica de la política laboral aplicada en España desde 1994: el acercamiento de costes efectivos entre el contrato temporal y el indefinido y el retorno al principio de causalidad como principales instrumentos de lucha contra la segmentación y la dualidad del mercado de trabajo español. Ahora bien, cuando se analiza el instrumental utilizado en el ámbito de la contratación temporal no parece existir un adecuado grado de compensación entre el impulso a la flexibilidad abordado en el ámbito de la regulación del contrato indefinido y los cambios –más bien tímidos- incluidos en la regulación de la contratación temporal, unos cambios –conviene insistir en ello- que solo afectan al flujo de nuevos contratos dejando intacto el amplísimo stock de contratos temporales.
Junto a ello, la reforma contiene también modificaciones trascendentes vinculadas a la flexibilidad interna –con nuevos procedimientos mucho más flexibles para la modificación de condiciones de trabajo y la adaptación de los salarios a través del funcionamiento de las cláusulas de descuelgue salarial-; al estímulo a la adaptación de las empresas a las crisis a través del ajuste en la horas de trabajo, y no en el volumen de empleo, con apoyo del sistema de protección del desempleo (el denominado modelo alemán); y un importante programa de activación para el empleo de los jóvenes y los parados de larga duración. Algunas de ellas, como el descuelgue salarial y los procedimientos arbitrales de modificación de las condiciones de trabajo han merecido el rechazo de las organizaciones sindicales (y el desprecio por insuficientes de las organizaciones empresariales). Además, la contestación sindical incluye también el nuevo diseño de causas para los procedimientos individuales y colectivos de despido objetivo que deberán ser interpretadas y modeladas en el futuro por los órganos jurisdiccionales en su tarea de control judicial.
Me encuentro entre los que creen que el diálogo social en un marco de relaciones laborales moderno y avanzado debe responder a la orientación impulsada en cada momento por el Gobierno democráticamente elegido. Pero el Gobierno debe preservar el equilibrio social. El equilibrio en las relaciones industriales no es un instrumento sino el objetivo esencial de la política laboral. Una política que, seguramente como ninguna otra, necesita para su desarrollo de un amplio grado de entendimiento entre los interlocutores sociales y entre estos y el Gobierno. En mi opinión existen materias, como las anteriormente enunciadas, sobre las que hacer girar el entendimiento y la negociación social en la actual coyuntura de una forma más amplia que la derivada de abordar exclusivamente el desarrollo reglamentario de la reforma de 2010 (aunque los desarrollos previstos y las normas pendientes no son despreciables y algunas como el fondo austríaco tienen rango de ley).
Tras las reformas impulsadas en 1988, 1994 y 2002, los interlocutores sociales y los respectivos Gobiernos abordaron el restablecimiento del clima de diálogo y entendimiento social apelando a una enorme diversidad de instrumentos. En ocasiones de forma pausada y sin excesivas concesiones al escrutinio público, como sucedió tras la Huelga General de Diciembre de 1988, a través de una peculiar y amplia negociación que transcurrió a lo largo de año y medio, y en otras mediante un rápido y ágil acuerdo entre organizaciones sindicales y el Gobierno, en la forma en que se desarrolló en 2002. Es cierto que en esta ocasión las circunstancias son difíciles y distintas. Pero esto no es algo novedoso. Siempre fue así en el pasado.
4 de Octubre de 2010
Revista TEMAS para el Debate (Fundación Sistema)
Un análisis como el que en este texto nos ofrece Valeriano Gómez da pie para una respuesta positiva a la pregunta inicial: Sí, quiero pensar que su nombramiento refuerza la esperanza en cuanto a la recuperación del diálogo entre el gobierno y los sindicatos. Lo necesita el país, lo reclaman los trabajadores y sus organizaciones sindicales y es lo que conviene al gobierno.
Y aprovechamos el momento para desear lo mejor a Celestino Corbacho y a los demás ministros y ministras salientes tras el cambio de gobierno que su presidente ha llevado a cabo.