Para acabar el año: crítica del marketing político

De forma reiterada nos encontramos reflexionando sobre las dificultades de la izquierda para la comunicación política en nuestros días. Eso también tiene que ver carencias en torno a una acertada política de comunicación. Pero hay cuestiones más de fondo, las cuales tienen que ver con el terreno que hemos ido cediendo a la derecha en la medida en que nos hemos ido obsesionando con el llamado "marketing político".

Una cosa es tener en cuenta elementales exigencias en cuanto a la publicidad de nuestros mensajes, para que ella sea exitosa, y otra confundir comunicación política con marketing político. Pretender resolver la primera con meras técnicas de mercado conlleva el desatino de ponerse a jugar en campo ajeno, y no sólo en campo ajeno a la izquierda, sino en campo distinto del que es propio de la política. Cuando ocurre de nada sirve quejarse después del sometimiento de la política a la economía o del Estado al mercado. La derecha neoliberal que, por el contrario, lo preconiza, está tan a gusto en el "medio mercado" y sabe que ahí nos gana la partida. Nosotros parace que hemos olvidado lo que de verdad conllevaba el lema de McLuhan de que "el medio es el mensaje", con el agravante de que en una sociedad mediática el medio con su mensaje acaba siendo "masaje" adormecedor de conciencias y neutralizador de la crítica. ¿Cómo puede seguir la izquierda comportándose como tal en un medio que "masajea"?

Esa misma pregunta es la que actualmente hay que replantearse en la llamada sociedad de la información para no quedar atrapados en los enredos de la red, la cual, siendo indispensable, también los tiene. La izquierda necesita promover una cultura digital crítica. Si no es así, seguiremos estando en clara desventaja, arrastrando nuestro déficit comunicativo pillados por la pinza, hábilmente manejada por diestras manos neoliberales, entre dominio del mercado y cultura del espectáculo. De ello habla de manera sutil y pertinente Manuel Fernández-Cuesta en su reciente artículo en El País titulado "El silencio en el capitalismo cultural", que recomiendo, para quien no lo haya visto, como lectura de sobremesa en estos días de final de año. No hace falta insistir en que los socialistas españoles tenemos un reto decisivo en 2010: ganar la batalla de la comunicación, superando los silenciamientos que impone el capitalismo cultural. Ello exigirá mucho más que erráticos tanteos de marketing político.

Heterodoxos sin voluntad de cisma

El periodista Juan G. Bedoya ofrecía en días pasados una crónica en El País en la que daba cuenta de cómo nos hemos visto, desde el punto de vista de la jerarquía eclesiástica, en la heterodoxia, una vez más, diputadas y diputados que conjugamos nuestra militancia política con nuestras convicciones religiosas (ver Voto de desobediencia a los obispos). En ella recogía, entre otras muchas cosas, declaraciones del obispo de Mérida-Badajoz, Mons. García Aracil, en las que además de recusar las opiniones que habíamos hecho públicas, no sólo acerca de la ley del aborto, sino también sobre la pertenencia de algunos de nosotros a la Iglesia católica, acababa diciendo que hemos tenido una actitud "desafiante" respecto a la misma que es de todo punto rechazable. Y precisamente es ésa una apreciación que de nuevo resulta tremendamente equivocada, pues no se ha tratado por nuestra parte de ningún desafío, sino en todo caso a la vez de una actitud de resistencia a un comportamiento injustamente excluyente hacia quienes votamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo y de una reiterada apelación a la escucha y al diálogo en torno a los argumentos que hemos sostenido para ello.

Cabe recordar que no es nuevo el hecho de vernos algunos en cierta posición de heterodoxia, la cual, por otra parte, no lo es más que la que representan obispos como Pedro Casaldáliga, teólogos como José M. Castillo, Juan A. Estrada o Juan Masiá, teólogas como Margarita Pintos o laicos como Miret Magdalena, por citar personas próximas de nuestro entorno. Al fin y al cabo nos inspiramos en testimonios como los de Ignacio Ellacuría y sus compañeros asesinados en El Salvador. ¿Qué quiere decir todo eso? Pues que el ser considerados heterodoxos se debe a la intransigencia de la ortodoxia eclesiástica.

Siendo las cosas así, y dado que con nuestra heterodoxia no pretendemos cismas ni divisiones, bien podemos reclamarnos algunos herederos de la forma de entender el cristianismo que en su momento representó Erasmo de Rotterdam, reformador como Lutero, pero sin voluntad de ruptura en el seno de la comunidad eclesial. Precisamente tal cristianismo humanista es con el que en determinadas circunstancias -cuando entraba en EEUU como exiliado español tras la guerra civil- se identificó Fernando de los Ríos cuando se vio en el trance de ofrecer una autoidentificación de sí mismo en ese terreno. Con ello, nuestro antecesor socialista nos dejó una buena clave para muchos. Ella enriquece las referencias de quienes venimos de la tradición de "Cristianos por el Socialismo", muy fructífera en décadas pasadas, cuando el concilio Vaticano II propició en el seno de la Iglesia católica el diálogo con diferentes corrientes políticas.

Para terminar: quien quiera abundar en estas reflexiones, tras la pista de cuestiones como la relación entre religión y democracia, cristianismo y socialismo, fe y laicidad, etc., a la vista de los hechos de las últimas semanas, puede hacerlo siguiendo la conversación que mantuvimos José M. Vidal y yo en la redacción de Religión Digital: http://www.youtube.com/user/religiondigital#p/a/u/H4J0e-U9XbA

Superando el brindis al sol: recuerdo de Gaza y el Sáhara por Navidad

Las poliédricas fiestas de la Navidad tienen en común las apelaciones a la buena voluntad. Sin embargo, es difícil que el universal saludo "paz a los hombres de buena voluntad" trascienda más allá del voluntarismo desiderativo o de los propósitos impotentes. Sea con apelaciones cristianas, precristianas o postcristianas, las celebraciones familiares en que las fiestas navideñas han venido a parar apenas pasan de un brindis al sol, algo que cualquiera podía pensar como muy propio de estos días solsticiales.

Una sugerencia para brindar más allá de lo que el sol se merece es hacerlo por aquello que nuestra atención reclama.

Podemos brindar, por ejemplo, por un futuro de dignidad y derechos para la Franja de Gaza, que sigue sumida en la destrucción, el aislamiento y las carencias de todo tipo después de un año tras los bombardeos israelíes de la navidad pasada. Así nos obligaremos a tener presente en medio de nuestras celebraciones los sufrimientos del pueblo palestino, postergado incluso en lo que a ayuda internacional se refiere, como constatan la ONU y las ONGs que trabajan sobre el territorio. ¿No será posible corregir el arrogante rumbo del gobierno de Netanyahu? Brindemos para que así sea, exigiendo a quienes puedan presionarle que lo hagan.

Otra propuesta es la de brindar por las libertades de los saharauis en el territorio del Sáhara Occidental, bajo administración de Marruecos. Elevando por ello nuestras copas volcaremos nuestra atención sobre la situación que se ha hecho presente con especial intensidad gracias a la huelga de hambre de Aminatou Haidar, pero obviamente no cancelada con el final de tan dramática acción de protesta. La situación de los saharauis sigue siendo lo que era, aunque más y mejor conocida, lo cual es lo que se evidencia con la presión ejercida sobre Haidar estando ya en su casa, donde se halla sometida a una esoecie de arresto domiciliario nada indulgente. ¿Es que es imposible que el Reino de Marruecos evolucione hacia un respeto efectivo a los derechos humanos y hacia una democracia más creíble? Brindemos por ello, que supondrá un humilde ejercicio de solidaridad con los saharauis, y también con los marroquíes que padecen el déficit democrático de su propio Estado.

Por tanto, ¡salud! ¡Salud democrática!

Obama y nosotros: entre la guerra y la paz

Considero difícil que cualquier jefe de Estado o de gobierno de países con tropas en Afganistán hubiera hecho un discurso mejor que el de Obama en el hipotético caso de verse en situación parecida, es decir, recibiendo el Nobel de la Paz. La dificultad no se debería sólo a su espléndida oratoria, sino a los condicionamientos que pesarían sobre cualquier discurso sobre la paz cuando se está metido en guerras, como el presidente de la primera superpotencia empezó reconociendo. Quien ha decidido incrementar cuantiosamente el número de soldados enviados al conflicto afgano no dejaba de recordar a sus anfitriones que Noruega participa en la misión de la ISAF en el país centroasiático. Así, quien era premiado, e invocaba a Schweitzer, King, Marshall o Mandela como antecesores ante cuyo recuerdo sus méritos palidecen –significativamente dejó de citar a otros Nobel de la Paz, como al norteamericano Henry Kissinger-, enmarcaba su discurso, el de un político que es comandante en jefe del mayor ejército del mundo, en el contexto actual en el que el trabajo por la paz se halla trabado por guerras, por más que sean heredadas y no queridas. Así respondía también a quienes le urgían a ganarse el premio otorgado.

El actual presidente de EEUU está lejos del belicismo y unilateralismo de su predecesor. Pero Obama, haciéndose cargo de los valores del pacifismo y encomiando la no violencia de Gandhi, no se ha presentado como pacifista, en el más estricto sentido, aunque sí ha querido que se le aprecie como pacificador. Para ello no ha invocado meramente sus valores personales, sino el papel del Estado, de sus fuerzas armadas, y su responsabilidad al frente de ellas. Con tal bagaje weberiano, Obama no renuncia a sus convicciones y de ahí su comedido lenguaje en torno a la guerra, en el que no ha rehuido que toda guerra lleva un componente de tragedia que impide su glorificación. Habrá comportamientos heroicos, pero serán a la vez los de aquéllos que mueren y matan. Y eso pesa sobre quien envía soldados a un conflicto bélico, aunque sea con la intención de ganar la paz. Obama, acogiendo las paradojas en que la guerra sume a quien mantiene objetivos pacificadores, recuerda el reconocimiento de Luther King acerca de las ambigüedades de la historia. Ahí se ampara para subrayar la ambivalencia de la acción militar, aun cuando sea uso legítimo de la fuerza en un mundo donde “el mal existe” y donde es obligado a asumir “la imperfección humana y los límites de la razón”.

Es desde ese trasfondo antropológico y en circunstancias en las que proliferan “nuevas guerras” étnicas, intraestatales y vinculadas al terrorismo –sobre las que llamó la atención Mary Kaldor, autora que se hace presente en el discurso presidencial- como Obama trae a colación el concepto de “guerra justa”. Tal noción, con sus condiciones de aplicación –último recurso, legítima defensa, proporcionalidad, respeto a civiles-, recientemente teorizadas por el filósofo Michael Walzer, sirve al laureado presidente para defender que en ciertas situaciones “el uso de la fuerza es no sólo necesario, sino moralmente justificado”. Es su afirmación clave, y más ante el panorama de Afganistán y las decisiones tomadas al respecto. ¿Puede decir otra cosa, sin cinismo, quien le acompañe en tales decisiones? El mismo Obama fija contrapesos: la coherencia con los principios democráticos, aun en situación de guerra, así como la obligación de poner límites a la violencia con el respeto a la Convención de Ginebra. Acaba sentenciando: “ninguna guerra santa es una guerra justa”. Descalifica así toda “yihad” o “cruzada” y también recusa toda sacralización de la guerra. A partir de ahí Obama habla de “paz justa”, con respeto a los derechos humanos y desarrollo económico que la haga viable.

Se puede estar o no de acuerdo con este Nobel de la Paz, pero en su discurso no ha eludido contradicciones que son suyas y también nuestras. Como apostilla se puede señalar un lapsus y un punto ciego. El primero aparece al decir que “América nunca ha luchado contra una democracia”, olvidando, por ejemplo, la guerra sucia contra el Chile de Allende. El segundo consiste en obviar la guerra de Vietnam, lo cual evidencia lo reprimido: el temor a que Afganistán sea, salvando las distancias, algo parecido a Vietnam. Si ocurriera, Obama, pese a sus intenciones, se vería próximo a Kissinger, Nobel de la Paz a quien no quiso mencionar. Sería muy desafortunado, para él y para nosotros.

(Artículo publicado en el diario Granada Hoy el 21 de diciembre de 2009)

A favor de Granada como ciudad sostenible

RESOLUCIÓN
A FAVOR DE GRANADA COMO CIUDAD SOSTENIBLE

Asamblea Local del PSOE-A de Granada
Granada, 19 de diciembre de 2009

Las urgencias del presente y los insoslayables retos de futuro en cuanto al necesario cambio de modelo productivo, al uso equilibrado y, siempre que sea posible, renovable de los recursos naturales, y en cuanto a la cohesión de nuestra sociedad, han provocado que la idea de sostenibilidad esté en el orden del día político. Así lo hemos estimado en el PSOE y así lo ha considerado tanto el gobierno de José L. Rodríguez Zapatero, al presentar una Estrategia de Economía Sostenible y un anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, como el gobierno de José Antonio Griñán al apostar por el proyecto de una Andalucía Sostenible. En esa misma línea se ha manifestado el Comité Provincial del PSOE de Granada.

Desde el PSOE estamos defendiendo una concepción integral de la sostenibilidad que tenga en cuenta lo que ha de ser sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad social. Una política para el desarrollo sostenible exige cambios en los patrones de producción y en las formas de consumo, en la dinámica de crecimiento económico y en el modo de vida, apuntando a un importante cambio cultural que ha de producirse a todas las escalas.

Desde el PSOE y las instituciones en las que estamos (gobiernos, parlamentos y ayuntamientos) procuramos promover ese cambio de manera eficaz, con aportaciones y compromisos en los foros internacionales –como los convocados para la lucha contra el cambio climático- y medidas concretas en nuestras realidades nacionales, autonómicas y locales. Somos igualmente conscientes de la necesidad de que la acción política en tal sentido sea eficaz, coherente y atenta a las condiciones concretas en la que en cada caso ha de aplicarse.

Como socialistas de Granada estamos preocupados y ocupados, y más en tiempos de crisis, por el desarrollo sostenible de nuestra ciudad, inseparable del de Andalucía y el conjunto de España, así como inserto en un mundo global donde todos somos interdependientes, pero con necesidades específicas que no podemos soslayar. Frente a una derecha negacionista respecto al cambio climático y que sigue empeñada en políticas neoliberales que ya han mostrado su fracaso, los socialistas pretendemos potenciar el despliegue de una economía solidaria y sostenible en cada uno de los ámbitos en que estamos, fortalecer la conciencia ciudadana en torno a la misma, propiciar el surgimiento de iniciativas en esa dirección y profundizar en la necesaria coherencia de las políticas que para ello hemos de impulsar.

En consecuencia, esta Asamblea Local del PSOE-A de Granada asume el compromiso de elaborar desde la sostenibilidad como clave de desarrollo sus propuestas sobre
- urbanismo y vivienda
- movilidad y transporte
- ciclo del agua y reducción de CO2
- eficiencia energética
- turismo y comercio
- conservación del patrimonio
- instalaciones industriales
- protección de la Vega
- articulación de los barrios
- cohesión social e integración

Sostenibilidad es solidaridad y las socialistas y los socialistas granadinos hemos de movilizarnos al máximo en torno a lo que requiere el desarrollo sostenible de nuestra ciudad.

(Resolución propuesta por la corriente Izquierda Socialista del PSOE de Granada y aprobada por la Asamblea de la Agrupación Local de Granada)

Haidar y Moratinos: Más allá del lenguaje diplomático

Haidar, con vida, en casa y con su dignidad en lo más alto. Es para celebrarlo.

Moratinos, con un trabajo ímprobo a sus espaldas. Puede estar satisfecho. Sabe, no obstante, que le pedirán explicaciones sobre los cabos sueltos en relación con el caso. Así se vió ayer en la Comisión de Exteriores del Congreso, la cual, tras horas de debate, acabó con la salida de un Moratinos cuyo rostro delataba la puesta en marcha de la operación final para la resolución del "caso Haidar". Grato para todos que por fin se haya llegado a tan ansiado final, aunque sea "provisional" en tanto que las cuestiones políticas planteadas por la activista saharaui siguen pendientes.

Sobre ello habrá que volver, pero en el día de doy, cuando conocemos ya las declaraciones diplomáticas de los gobiernos en torno al caso, con el lenguaje edulcorado y elusivo que los buenos oficios internacionales requieren, quiero por mi parte subrayar palabras de los protagonistas que, sin duda, rebasan los corsés diplomáticos. Si Haidar ha valorado "positivamente" los esfuerzos de Moratinos para su vuelta al Sáhara Occidental en condiciones dignas, éste ha reconocido -palabras textuales- la "lucha justa y legítima" de aquélla.

Otras palabras, como las del relato de nuestro incansable Ministro de Exteriores acerca de las llamadas de su colega marroquí comunicándole en su día la expulsión de Haidar, rechazada por el gobierno español, ya están dando mucho que hablar. La verdad es que es complicado el ir y venir entre la diplomacia y las exigencias de justicia.

Moriscos: deber de memoria

La expulsión de los moriscos, en su IV Centenario, sigue concitando interés. Y la memoria histórica sigue provocando debate. Hoy hemos tenido un acto organizado por la plataforma ciudadana "Granada Abierta", y celebrado en la Fundación Euroárabe de nuestra ciudad, de apoyo a la iniciativa parlamentaria que sobre el reconocimiento de los moriscos hemos aprobado recientemente, a propuesta del Grupo Socialista, en el Congreso de los Diputados. Nuestro agradecimiento, pues, a las personas y colectivos que forman esa plataforma, especialmente a su coordinador, Francisco Vigueras. Con motivo de dicho acto apareció en el diario Ideal el artículo que a continuación se recoge:

Moriscos: deber de memoria

La expulsión de los moriscos en el siglo XVII quedó en el reverso de la historia de España. El anverso se fue configurando con el relato en el que la conquista de Granada por los Reyes Católicos ocupa el lugar de los grandes hitos históricos. Anverso y reverso quedan fijados en la memoria colectiva como caras de la misma moneda, acuñadas por el complejo juego de recuerdos y olvidos que se promueve desde las instancias de poder. Así, remover las aguas de la memoria es desatar los anclajes de la desmemoria, provocando turbulencias que hacen aflorar el carácter ético-político de la memoria histórica.

Si remover la memoria colectiva genera tensiones, corresponde al debate democrático abrir paso a la erradicación de los prejuicios en los que se atrinchera el olvido. Eso es lo que hay que hacer a la vista de las reacciones suscitadas al dar expresión política a la conmemoración del IV Centenario de la expulsión de los moriscos, culminando así las actividades culturales que a lo largo de 2009 han rememorado aquella tragedia. Amplios sectores de la ciudadanía han valorado positivamente que el Congreso de los Diputados haya aprobado una proposición del Grupo Socialista instando al Gobierno a reforzar lazos con los descendientes de aquellos moriscos expulsados de España, acompañando esa actuación del reconocimiento institucional de la injusticia que en su día se cometió contra ellos. Otros, en cambio, han descalificado tal iniciativa, yendo desde la consideración de la misma como inoportuna hasta su ridiculización –evidenciando un arraigado “prejuicio contra el moro”, cuando no sutil islamofobia-, por no hablar de falsedades intencionadamente difundidas acerca de supuestas indemnizaciones económicas. Parece que no se quiere recordar siquiera los actos de reconocimiento hacia los judíos sefardíes, incluida la declaración conjunta del Rey Juan Carlos y el Presidente de Israel el 31 de marzo de 1992, conmemorando en ese caso los cinco siglos de la expulsión de sus antecesores.

La iniciativa parlamentaria se ha planteado como deber de recordar, como respuesta a la obligación de reconocimiento de lo que fue una injusticia y como ejercicio de responsabilidad enmarcado en una política de la memoria. Ésta también lleva a potenciar las relaciones con los descendientes de quienes fueron condenados a tan terrible exilio: 300.000 desterrados no pueden ser mera nota a pie de página en las crónicas de nuestra historia. Es un hecho que marca la misma negativamente, con una huella que llega hasta nosotros y que sólo desde una ignorancia culpable puede soslayarse. Como sólo de manera tendenciosa puede decirse que abordar cuestiones importantes para nuestra memoria colectiva es maniobra de distracción de las urgencias del presente.

Conmemorar ahora el IV Centenario de la expulsión de los moriscos de los reinos de España es rememorar el exilio masivo de quienes se vieron desposeídos de todo y arrojados fuera de su tierra. Fue el 9 de abril de 1609 cuando el rey Felipe III firmó el decreto de expulsión, pero el comienzo del fin quedó fechado antes, en 1499 cuando, tras la conquista de Granada, se incumplen las Capitulaciones firmadas por los Reyes Católicos en 1492, al promover Cisneros la conversión forzosa de los moriscos. La reacción contra tales circunstancias tuvo su momento álgido en la rebelión de las Alpujarras de 1568, cuya represión preparó la expulsión definitiva. De todo ello no se puede prescindir en puertas de celebrar el milenario del Reino de Granada.

Historiadores como Domínguez Ortiz o antropólogos como Caro Baroja se han ocupado de la cuestión. La documentación disponible abunda en las causas de la expulsión: intolerancia religiosa, política de asimilación plasmada en el dilema de o conversión o exilio, acusaciones de apoyo a los turcos, codicia y resentimiento de los cristianos viejos y pretensión de construir una monarquía cristiana sin minorías que afectaran a la cohesión de sus dominios. Resultado de todo ello: la “convivencia negada”, según atinada expresión del historiador Manuel Barrios.

Su asentamiento en el Magreb y su presencia hasta en Tombuctú forman parte del devenir de esa población morisca que, sin embargo, mantuvo un patrimonio cultural y un bagaje lingüístico vinculado a su procedencia de España y conservado hasta hoy. El inexcusable ejercicio de memoria histórica ha de conocer qué ocurrió con esa población tan injustamente tratada. De eso se encargan historiadores que aportan ingente caudal de conocimientos. Apoyándonos en esa investigación, pero más allá de ella, recuperar la memoria histórica en relación a los moriscos es ejercicio de recuerdo crítico del pasado que nos ha configurado, así como tarea de concienciación ciudadana respecto a dónde pueden llegar la intolerancia, el fanatismo, el racismo sociocultural o la fuerza de prejuicios enquistados en el imaginario colectivo. Recuperar la memoria de lo olvidado –la ausencia de lo morisco- conlleva también una reflexión política sobre una identidad colectiva construida desgraciadamente sobre exclusiones, como subraya el filósofo Reyes Mate.

En un tiempo en que hay que tejer nuevas relaciones entre pueblos y Estados, para lo cual desde España se ha propuesto el nuevo paradigma de la Alianza de Civilizaciones, y cuando desde la Unión Europea se intenta relanzar con fuerza la Unión del Mediterráneo, es momento propicio para que el deber de memoria en relación a los moriscos expulsados en el siglo XVII tenga continuidad proyectándose al futuro mediante el fortalecimiento de lazos entre la España de hoy y los descendientes de aquellos que nunca debieron verse obligados a abandonar su tierra.

José Antonio Pérez Tapias
(Artículo publicado en el diario Ideal de Granada el 13 de diciembre de 2009)

Estatuto y Tribunal Constitucional: ¿Será posible un 'círculo virtuoso'?

La realidad de España obliga a afrontar la pluralidad nacional que encierra el Estado de las Autonomías. La descentralización política que democráticamente hemos logrado, dando paso a Comunidades con un elevado autogobierno, requiere ser profundizada para su mejor tratamiento político en el largo plazo. Se trata de proseguir la dinámica federalizante de nuestro Estado, reconocida como tal dentro y fuera de España, como se puede constatar, por ejemplo, en el balance que ofrece Eliseo Aja en su obra El Estado autonómico.

Las reformas de los Estatutos de Autonomía que se han llevado a cabo hay que enmarcarlas en lo que es una nueva etapa de desarrollo del Estado compuesto y complejo alumbrado por nuestra Constitución. Entre dichas reformas ocupa un lugar destacado la llevada a cabo en Cataluña, la cual ha servido de referencia a los cambios estatutarios de otras Comunidades. El proceso de elaboración del Estatut, su aprobación por el Parlamento de Cataluña, su ulterior aprobación por las Cortes Generales, para ser después sometido a la ratificación por referéndum de la ciudadanía catalana, es algo conocido por todos. Parece, sin embargo, que no es aceptado por todos, como se muestra por parte de quienes no acaban de hacer suya la idea de una “España plural”. En tal tesitura se halla instalado el PP, promotor del recurso de inconstitucionalidad interpuesto respecto al Estatut ante el Tribunal Constitucional.

Los avatares de dicho Tribunal durante los años que duran sus deliberaciones sobre este asunto no son sólo objeto de conocimiento, sino también de preocupación para todos. Han influido en tan largo proceso deliberativo la inexplicable recusación de algún magistrado por el PP, la defunción de otro y el bloqueo institucional en cuanto a la renovación del Tribunal, lo que da pie a muchos para pensar que a tan alta instancia del Estado acaba afectándole un déficit de legitimidad. Con todo el respeto al Tribunal Constitucional y sin merma alguna de la voluntad de acatar la resolución que al final emita, los temores respecto a lo que pueden suponer importantes recortes en el Estatut por motivo de la sentencia sobre el mismo se hacen hueco en amplios sectores de la ciudadanía, especialmente en Cataluña. A eso responde el editorial publicado en días pasados por los diarios de Cataluña, poniendo de relieve ciertos datos de la realidad política, así como las matizadas declaraciones del Presidente de la Generalitat.

En el fondo del conflicto de interpretaciones en torno al Estatut se encuentra, una vez más, el concepto de nación. Si la nación y lo nacional se entiende como aplicable sólo a la nación española se agravarán las dificultades jurídicas para la articulación territorial del Estado español. Eso impediría trabajar con fórmulas como la de “nación de naciones”, tan útil para abordar la compleja realidad de España –quiero recordar al respecto un lúcido artículo de Josep Ramoneda titulado El estado de las naciones-.

El reconocimiento de las diferencias requiere una cultura del pacto, y el Estatut implica un pacto que se inscribe en el pacto constitucional. Es cierto que la legitimidad democrática que otorga votar en un referéndum sobre un Estatuto o aprobarlo en sede parlamentaria ha de verse acompañada por el respeto a la norma constitucional de donde deriva la legitimidad de las instituciones del Estado y de su ordenamiento jurídico. Una cultura federal tiene que considerar las dos apoyaturas del Estado democrático de derecho: a la vez, en relación recíproca, el ejercicio de la soberanía popular y el respeto a la norma constitucional que implica el imperio de la ley en las democracias constitucionales. La Constitución debe su legitimidad a la soberanía en que se funda y el despliegue de ésta ha de tener lugar en el marco del ordenamiento legal que del texto constitucional arranca. De tal circularidad hay que hacer un "círculo virtuoso" y no un círculo vicioso, lo cual ha de tenerse presente a la hora de encarar reformas estatutarias –del bloque de constitucionalidad- para un mejor encaje de la diversidad territorial y el pluralismo nacional en el marco constitucional del Estado. Esperamos que hacer de esa circularidad un "círculo virtuoso" sea la pauta que siga un Tribunal Constitucional que ha de velar por el ajustamiento a la norma constitucional de la normativa que emana de procedimientos democráticos en el ámbito de las Comunidades Autónomas.

José Antonio Pérez Tapias

Diputado socialista
[Artículo publicado en EL SIGLO, nº 859 (7 de diciembre de 2009), p. 30]

Iniciativa parlamentaria del PSOE sobre el "caso Haidar"

Un buen paso y una buena noticia en un momento crítico: el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley sobre el "caso Haidar" para ser debatida y votada en el pleno del próximo martes.

En la Proposición se insta al Gobierno a "seguir defendiendo las resoluciones aprobadas por el Congreso, en el sentido de que el estatuto definitivo del Sáhara Occidental deberá ser resultado de la negociación y acuerdo entre las partes y del libre ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, en el marco de Naciones Unidas".

El texto de la proposición se insiste también en la defensa de "los derechos a la libre circulación y residencia de Haidar", pidiendo al Gobierno que solicite "la mediación activa del representante personal del secretario general de Naciones Unidas, Christopher Ross, y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, en relación con las obligaciones internacionales del Reino de Marruecos en el Territorio del Sáhara Occidental, entre ellas, el retorno de la señora Haidar".

Esperemos que esta iniciativa, que recoge la posición del PSOE sobre el Sáhara y sobre la situación de Aminatu Haidar, que integra las aportaciones de otros Grupos de la Cámara y que se corresponde con el sentir de una amplia mayoría de la ciudadanía española, cuente con el apoyo del conjunto del Congreso de los Diputados. Será una buena manera de expresar y explicitar desde el Parlamento la responsabilidad de España ante la reivindicación que plantea Aminatu Haidar con su ya prolongada huelga de hambre.

12 x 12 = Movilización general

Los socialistas suscribimos y apoyamos las 12 razones por las que UGT y CCOO convocan para mañana, 12 de diciembre, la movilización general que tendrá su concreción en la gran manifestación que tendrá lugar en Madrid.

Pero habrá que estar atentos para que el sentido de la manifestación sea el que han expresado Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo en nombre de sus respectivos sindicatos: en medio de la actual crisis se trata de una movilización en defensa de los derechos de los trabajadores, por el diálogo social y para cambiar el modelo productivo, rechazando las pretensiones injustas de la patronal y los excesos del sistema financiero, y planteando al gobierno agilidad y eficacia en las políticas sociales, en las necesarias reformas fiscales y en el reforzamiento de la cohesión social, con especial atención al apoyo a los parados.

Es decir, esta movilización general NO es anticipo alguno de una huelga general. Los líderes sindicales, habida cuenta de que toda huelga general se dirige contra el gobierno, han enfatizado que no hay motivo para ello. Como no faltará quien quiera ver la manifestación bajo ese prisma, habrá que insistir en los motivos de la movilización tal como se recogen en el Manifiesto conjunto de UGT y CCOO:

MANIFIESTO CONJUNTO

UGT y CCOO convocamos a los trabajadores/as a una movilización general el12 de diciembre, en Madrid, para denunciar con la mayor contundencia yresponsabilidad la situación por la que atraviesan la economía y la negociación colectiva, exigir a las organizaciones empresariales un cambio de actitud, a los poderes públicos -y en particular al Gobierno- políticas más ambiciosas para salir de la crisis, y para comprometer nuestraparticipación en una estrategia negociada que ponga todos los recursos disponibles al servicio de la recuperación económica y el empleo.

Desde hace 20 meses sufrimos la que previsiblemente será conocida como la gran crisis de principios del siglo XXI, provocada por el hundimiento de ese sistema financiero internacional completamente desregulado y de cuyos evidentes excesos nadie se quiso ocupar, que ha arrastrado a la economía productiva de todo el mundo a la recesión y a millones de ciudadanos al desempleo. La crudeza de la situación es aún mayor en España, al coincidirla crisis global con el agotamiento del modelo productivo seguido en las últimas décadas, y cuyos desequilibrios y debilidades veníamos denunciando desde hace años.Resulta sorprendente que, quienes defendieron los más radicales postulados del liberalismo que nos ha llevado al fracaso económico que vivimos (unmercado sin reglas, un sistema financiero sin control, un Estado raquítico, una anémica protección social, una restricción obsesiva de los costes laborales), pretendan convencernos de que la salida a la crisis pasa por más de lo mismo: mismo patrón de crecimiento, despido más barato, mercado de trabajo más desregulado, derechos laborales devaluados, fin de las políticas públicas y vuelta al capitalismo sin reglas.

Doce motivos para la movilización del 12
Por todo ello, llamamos a los trabajadores de todo el país para que participen en la movilización general de Madrid del 12/12. Hay muchasrazones para participar. Ahí van doce:

1. Desbloquear la negociación colectiva del 2009 y dar cumplimiento a lo pactado. Recuperar el diálogo social.
2. Negociar con las organizaciones empresariales un Acuerdo Plurianual que aborde la política salarial, el excedente y los beneficios empresariales y el empleo, con la finalidad de erradicar la temporalidad injustificadafomentando el mantenimiento y la recuperación del empleo.
3. Consolidar y mejorar la protección por desempleo y reorientar la actuación de los Servicios Públicos de Empleo y potenciar las políticas activas.
4. Reconsiderar el conjunto del sistema fiscal español, para hacerlo más equitativo, progresivo y suficiente para financiar las políticas que necesitamos.
5. Acometer nuevos programas de inversión pública en infraestructuras y transportes.
6. Acelerar la construcción de centros educativos y sanitarios públicos.
7. Desarrollar la aplicación de la Ley de Dependencia.
8. Revisar el funcionamiento del sistema financiero y garantizar que fluya el crédito a familias y PYMES. Incrementar las líneas de crédito del ICO.
9. Cambiar el patrón de crecimiento. Avanzar hacia una base industrialsólida. Dar prioridad a las inversiones en I+D+I.
10. Crear un marco regulador de la política energética para asegurar la suficiencia, el ahorro y la sostenibilidad.
11. Mejorar el sistema educativo y, especialmente, la Formación Profesional.
12. Reforzar la protección social. Fortalecer el sistema público depensiones. La integración de los Regímenes Especiales en el General de laSeguridad Social: Régimen Especial Agrario y Régimen Especial de Empleados de Hogar.

Nadie debe aprovechar la crisis para sacar ventaja. No estamos dispuestos a que los trabajadores y trabajadoras vean devaluados, cuando no suprimidos, sus derechos laborales. No queremos que quienes provocaron la crisis con sus políticas de mercado sin reglas y economía especulativa den lecciones ahora de cómo salir de ella. Reiteramos nuestra disposición a participar de una alternativa pactada, a negociar un Acuerdo en el que todos hagamos el esfuerzo que nos corresponde. No aceptamos una devaluación laboral, sea cual sea su forma. No aceptamos una solución a la crisis que suponga una transferencia de rentas del trabajo a rentas del capital. No aceptamos “viejas”, simples y fracasadas recetas que debiliten los recursos, los derechos, la protección, o las garantías de los trabajadores. Sin embargo, la convicción de que la economía española atraviesa por una delicada situación, con cerca de 4 millones de personas en paro y cientos de miles en riesgo de exclusión social, nos confirma en que de ésta no saldremos sin una implicación activa del conjunto de la sociedad, empezando por sus principales actores, Gobierno Central y Autonómicos, patronal y sindicatos. Nadie puede ni debe escurrir el bulto.

Derechos Humanos defendidos en Lanzarote

Hoy, 10 de diciembre, Día internacional de los Derechos Humanos, nos encontramos con que todos los discursos a su favor palidecen ante la reivindicación de los mismos que con entereza martirial lleva a cabo Aminatu Haidar en Lanzarote. Ha hecho de la dignidad su bandera y cuesta entender que la haga ondear por encima de su vida, cada vez más en peligro con su prolongada huelga de hambre. Su mensaje es que ante violaciones fragrantes de derechos humanos, como las padecida por ella y por el pueblo saharahui, no caben componendas. Por eso se estrellan contra su determinación los ofrecimientos bienintencionados de salvarle la vida. Nos quedaríamos más tranquilos se accediera a nuestra voluntad humanitaria de velar por su salud antes de que el deterioro sea irreversible, lo cual también nos sacaría políticamente de los apuros en que estamos, pillados entre la insensibilidad marroquí en lo que a derechos humanos se refiere y la defensa sacrificial que Haidar está haciendo de los mismos.

Sería un error pensar que España se sitúa en una posición equidistante entre quien viola derechos humanos y quien reivindica su respeto. No obstante, lo que sí hace falta es mostrar a las claras un coherente decantamiento a favor de quien, más allá de cálculos estratégicos, ha puesto su vida al servicio de la defensa de esos derechos humanos de los que decimos que han de respetarse incondicionalmente. Por eso hablamos de dignidad y se nos quedan cortas las palabras ante el desafío no violento de Haidar.

Ciertamente, para buscar políticamente salidas a la situación provocada por Marruecos en torno a Haidar hace falta la discreción que ha invocado el presidente Zapatero. Su discurso al hilo del Día de los Derechos Humanos ha subrayado la prioridad que éstos tienen para la política del gobierno que preside. La diplomacia pide afirmar eso a la vez que se reafirma, por otra parte, el principio de no injerencia en las relaciones entre Estados. Ahora bien, tan equilibrado discurso tiene sentido si se mantiene la primacía de los derechos humanos. Sólo invocando derechos humanos no se hace política, pero sin derechos humanos no hay política digna de ese nombre. Aplíquese, pues, al "caso Haidar", es decir, al "caso (provocado por) Marruecos".

La no violencia de Haidar: del humanitarismo a la política

La huelga de hambre de Aminatu Haidar se aproxima a una situación crítica. A la vez, el proceso desencadenado por ella va llegando también a un punto crítico.

La secuencia de los acontecimientos la vamos siguiendo paso a paso, y cada vez con el alma más en vilo, temiendo por su vida.

La respuesta de Haidar a los desafueros del Gobierno de Marruecos -y, como sabemos, en el país vecino el rey no se limita a reinar, sino que también gobierna- fue rotunda desde el principio: resistencia activa y pacífica, mediante huelga de hambre, a la expulsión, con privación de pasaporte, a la que le sometió el Estado marroquí, contraviniendo a todas luces derechos humanos fundamentales. La culpa de Marruecos por tan desmesurada respuesta a la afirmación de su condición de saharaui hecha por Haidar en un trámite burocrático es algo constatado por la comunidad internacional.

España se ha visto y se ve en difíciles aprietos como consecuencia de la deportación a su territorio de Haidar, condenada por Marruecos a la condición de apátrida. Lo que en principio pudo ser una respuesta humanitaria del gobierno español supuso una progresiva carga de responsabilidad ante la situación creada. Así lo ha percibido claramente la opinión pública española, como se vio reflejado en algunas manifestaciones de días anteriores -por ejemplo, en Granada- en las que espontáneamente se plasmó eso en el lema "Marruecos culpable, España responsable".

No se pueden negar, descontando errores, los esfuerzos hechos por el gobierno español ofreciendo a Haidar asilo, estatuto de refugiado e incluso la nacionalidad. Los recursos jurídicos se han movilizado al máximo. En ese sentido, aun pensando que España puede hacer más, no es aceptable cualquier análisis que ponga a Marruecos y a España al mismo nivel en cuanto a sus actuaciones en el "caso Haidar".

Más allá de los ofrecimientos de soluciones jurídicas, las dificultades diplomáticas están siendo enormes, pues nos ponen entre exigencias de justicia y condicionantes pragmáticos en cuanto a relaciones bilaterales con el reino alauita (pesca, inmigración, Ceuta y Melilla...). Por si no estaba claro, desde Marruecos se han pronunciado voces gubernamentales en tono amenazador, interpretadas por la prensa como palabras de inequívoco sabor a chantaje que ningún lugar debían tener entre países que se consideran amigos y que comparten muchos intereses en común. Pero esa ha sido la realidad.

Pero todavía han sido más graves las requisitorias dirigidas desde el gobierno de Marruecos a Haidar para que se retracte de sus declaraciones a favor de los derechos del pueblo saharaui -volvía de EEUU de recibir un premio por la defensa pacífica de los mismos- y para que "pida perdón" a un monarca que la trata como súbdita y no como ciudadana. Todo ello, como subraya LLuís Bassets en artículo ya escrito en El País.com, pone en evidencia al régimen marroquí y realza la dignidad de la causa saharaui.

En estos momentos son muchas las peticiones que se dirigen a Haidar pidiendole que no ponga en riesgo su vida, que abandone la huelga de hambre, que prosiga su lucha por la autodeterminación del Sáhara Occidental. Por otro lado, las peticiones cursadas por España a organismos internacionales para que medien en una situación tan delicada han dado su fruto. Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, ha abogado frente al gobierno marroquí a favor de Haidar, como igualmente ha hecho Navanethem Pillay, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos humanos.

Sin embargo, la cuestión peliaguda es que Aminatu Haidar, con una opción de no violencia llevada al extremo, incluso se puede decir que con una lógica martirial, desborda los cauces políticos de manera que, paradójicamente, rechaza toda solución humanitaria elevando el listón de su reivindicación política en cuanto a los derechos de los saharauis, encarnados en su persona, que tan en carne viva los ha visto violados. De ahí que sobrepase todas las consideraciones de tipo pragmático, tantos las de la razón ( o sinrazón) de Estado de Marruecos, como las de interés general que puede invocar España. Aminatu Haidar se ha instalado en una órbita de "denuncia profética" que deja en evidencia los cálculos políticos. Es una solución extrema que está planteando dejar atrás las consideraciones humanitarias respecto a sí misma para que se aborde la cuestión política planteada por el pueblo saharaui. Eso explica su deslegitimación del gobierno marroquí y su presión sobre el gobierno español. No cabe duda de que ha alterado las reglas del juego, de un juego en el que los saharauis estaban marginados. Hay razones para pensar que las soluciones vendrán si se comprenden las nuevas reglas que Haidar está planteando cuando exige transitar desde el humanitarismo a la política. En la estela de Gandhi, está diciendo que no quiere caridad, sino justicia. Por ello se aferra a su dignidad. Quien no lo entienda se arrepentirá de ello.

¡Qué cruz!

¡Qué cruz la que le ha caído a la democracia española!

Es una pesada cruz la que soporta el Estado español teniendo que aguantar un confesionalismo intolerante que acepta la democracia sólo en la medida en que le favorece según la ley del embudo. Aparte agendas del Gobierno, es un calvario de sucesivas andanadas confesionalistas el que tiene que padecer una sociedad española que quiere vivir en democracia. No ayuda mucho -todo lo contrario- una derecha política que se encarga de remachar los clavos de la intransigencia eclesiástica: al neoconservadurismo del PP no le sirve el liberalismo ni de fachada.

Es férrea ley del embudo la que aplica una mentalidad nacional-católica como la del cardenal Rouco cuando califica de "antidemocrática" la iniciativa parlamentaria pactada entre PSOE y ERC instando al Gobierno a que en su momento proceda a la retirada de símbolos religiosos -y los crucifijos lo son- de las escuelas, al amparo de la futura reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, aplicando lo que nuestra Constitución en verdad reclama y lo que el Tribunal de Estrasburgo sobre Derechos Humanos ha dictaminado recientemente.

Es poner el embudo a su favor el decir que con tal iniciativa se pretende una "imposición" contraria no sólo a la fe -entendida al modo del cardenal-, sino también contraria, al parecer, a la tradición cultural -de la España católica-. Con lo fácil que es reparar en que la imposición es lo contrario: mantener símbolos de una religión en espacios sociales como son los de la escuela pública, que debe ser lugar de convivencia entre los diferentes presidido por el principio de laicidad.

Y no sólo se trata del uso abusivo del embudo marcando la pauta, sino que también resulta -y quizá lo entienda mejor el cardenal Rouco y quienes comparten su punto de vista- que se verifica el viejo dicho de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Quienes miran la realidad española con ojos nacional-católicos llevan clavada tal viga que no ven los privilegios que tratan de mantener, a la vez que con aguda mirada detectan cualquier presunta mota en los ojos de los demás, agrandándola indebidamente como, por ejemplo, al calificar de "laicismo agresivo" cualquier reivindicación de laicidad democrática.

¡Qué difícil es -al parecer- que un obispo entre en el reino de la democracia! Casi está uno por recordar que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja.

En fin, como ya dije en algún otro momento y seguro que habrá que decirlo de nuevo más adelante: ¡qué pena que ciertos pastores de la Iglesia católica se preocupen tanto de los crucifijos y tan poco de los crucificados! No se les juzgará por los crucifijos que mantengan, sino por los crucificados a cuyo lado se pongan. ¿No decía algo de esto el capítulo 25 del evangelio de Mateo?

El bosque de la sostenibilidad

La sostenibilidad ya está de lleno en la "hoja de ruta" política. Y está para quedarse. No es algo meramente de coyuntura. Llegados a este punto hace falta verificarla en los hechos mediante políticas coherentes.

Ayer se presentó en el Congreso de los Diputados la "Estrategia para una Economía Sostenible". El presidente Zapatero desgranó desde la tribuna sus elementos fundamentales, entre los que destaca la futura Ley de Economía Sostenible, ya aprobada como anteproyecto por el Consejo de Ministros.

Las medidas que se articularán a través de esa Ley serán muchas, desde la rehabilitación de viviendas hasta la I+D+i, desde las energías renovables hasta la formación profesional, desde reformas administrativas y judiciales hasta la regulación de Internet para evitar descargas ilegales. Precisamente esto último es lo que ha originado hoy una intensa polémica, zanjada por el presidente del Gobierno con declaraciones rotundas en favor de la libertad de expresión en la red y asegurando que en la luchas contra la piratería digital no se clausurarán páginas web sin orden judicial. Con ese posicionamiento claro se ha venido a confirmar lo que el Ministro de Fomento y Vicesecretario General del PSOE ya había dicho de esta ley en su blog: que era "tentativa". Sin embargo, tenemos que andar con cuidado para no abusar del ensayo y error, lo que requiere hilar fino desde el punto de vista jurídico.

La Ley será un instrumento más -importante, pero instrumento, no "varita mágica"- para promover un cambio en nuestro modelo productivo. Harán falta otras muchas cosas para conseguir lo que lo que con ella se pretende. Destaca al respecto la necesidad de una BUENA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN en la que se subraye de qué se trata cuando hablamos de SOSTENIBILIDAD, en la triple dimensión tantas veces señalada: económica, social y medioambiental. No podemos permitir que el concepto se malinterprete; y tampoco que se diluya en un conjunto de medidas dispersas entra las que se puede perdir el hilo conductor.

Por ello, ante la misma experiencia vivida hoy en torno a Internet, los derechos de unos y otros, etc., hemos de grabar en nuestro dico duro una vieja advertencia: que los árboles no impidan ver el bosque. Si la ciudadanía no llega a ver o pierde de vista el "bosque de la sostenibilidad" tendremos difícil ganar a su favor a la opinión pública y ganar en el futuro otras batallas.