La larga marcha hacia la financiación autonómica

Llegamos al final del año con propuesta del Gobierno para un nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Es una etapa más en la larga marcha hacia el modelo que andamos buscando. El recorrido no está siendo fácil, siguiendo una hoja de ruta con coordenadas bilaterales y multilaterales, más variables ya fijadas en los Estatutos de Autonomía. Pero, aun en medio de "la tormenta de la crisis" y, después de todo, gracias a que "el barco es sólido" -Zapatero dixit-, nos vamos acercando al nuevo modelo de financiación a base de tanteos federalizantes. Montilla reconoce que hay avances, aunque Castells los considere aún insuficientes -¡el papel del ecónomo de la Generalitat!-. Chaves y Griñán, desde Andalucía, ven con buenos ojos la ruta que se apunta. Y presidentes y presidentas de comunidades dicen, a lo sumo, que el vaso está medio vacío. Sólo la obcecada dirección del PP permanece cerrada en banda: ¡menudo lastre! Desde el sur, es Arenas quien desde ella alza su voz de capataz en día de fiesta para decir simplezas sin crédito del tipo: "se va a dar más a los ricos y a quitar a los pobres". Tiene la memoria flaca para recordar las cesiones del gobierno del PP del que él formaba parte en los noventa.

A lo que vamos: fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), fondo de suficiencia para dotar a las demás competencias transferidas y fondo de convergencia para equilibrar los recursos por habitante en cada comunidad y para comunidades con menor PIB per capita. Efectivamente, va sonando bien, habida cuenta de que la propuesta parte de una mayor corresponsabilidad fiscal entre Estado y Autonomías, una vez que el primero cede 50% de IVA e IRPF y 58% de impuestos especiales. Solbes y su equipo van respondiendo; desde las Comunidades se van templando las posiciones -el punto en común es la priorización del criterio de población-; Andalucía, Extremadura... insisten en criterios que no descuiden la cohesión; Cataluña plantea una profundización de la autonomía que acaba trasladándose a todos. Falta tarea negociadora, legislativa y política, pero hay propuesta, aunque pendiente de cifras. Hasta ERC e EU-IVC así lo han entendido. ¿Es que hay un "gran timonel" en medio de la tormenta -como algunos dirían hace ya algunos años-?

Barenboim contra el baño de sangre en Gaza

Querer que se vean respetados los derechos del pueblo palestino no significa adoptar posiciones de principio contra el Estado de Israel como tal, aunque sí conlleva denunciar los excesos de la política israelí que llevan, como en los terribles bombardeos de Gaza, a hablar de la masacre que el ejército de Israel está perpetrando allí: una "masacre de Estado" que desacredita a Israel y deslegitima una vez más su política.

Afortunadamente surgen voces de ciudadanos de Israel que se hacen oír frente a los excesos de su política de guerra, de ocupación, de neocolonialismo, de segregación... Son las "trampas" que el Estado de Israel se tiende a sí mismo, como bien dice hoy Shlomo Ben Ami en las páginas de El País, en las que no debería caer a pesar de las provocaciones de Hamas. Muchas veces hemos oído las voces críticas de escritores como Amós Oz -Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2007- y David Grossman -su hijo murió en la guerra del Líbano contra Hezbolá-, así como la del director Daniel Barenboim, judío nacido en Argentina, con nacionalidad israelí... ¡y también palestina!.

Barenboim, que fundó con el palestino Edward Said la Fundación que lleva el nombre de ambos y la West Eastern Divan, orquesta formada por jóvenes músicos de diversas procedencias, también israelíes y palestinos, para trabajar por la paz desde y mediante la música, antes de dirigir el concierto de Año Nuevo el próximo día 1 en Viena ha dicho lo que tenía que decir: "Israel no puede permitir que le tiren misiles desde Palestina, pero el baño de sangre que se está viviendo en Gaza es absolutamente inaceptable", para añadir: "espero de los líderes de Israel que tengan una inteligencia mayor y más sutil que tirar bombas y matar gente. Este conflicto no se podrá nunca resolver mediante las violencia".

Las palabras de este Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2002 e Hijo Predilecto de Andalucía no pueden ser ni más lúcidas ni más comprometidas.

Gaza: un Estado que masacra

Las noticias sobre los bombardeos ayer del ejército israelí sobre Gaza se han escrito en su mayor parte bajo un epígrafe: "Masacre". Un bombardeo masivo, una intervención desproporcionada (en respuesta -se dice- a algunos misiles lanzados por Hamas tras romper la tregua), una destrucción sin reparos, una matanza despiadada de víctimas inocentes. Es el terror sembrado por el ejército de un Estado ocupante de territorios que no le pertenecen, un Estado que construye muros a lo largo de todas sus fronteras, un Estado que inició su andadura hace sesenta años con lo que el historiador Ilan Pappé, ciudadano de Israel, ha descrito como una limpieza étnica en toda regla, sacando las consecuencias de aquel falso lema "una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra". El proyecto sionista no logró corregir esa torcedura inicial y así llega hasta hoy para continuar masacrando al pueblo palestino.

Palestina requiere una solución que Israel bloquea, que EEUU impide, que la ONU no impulsa, que la UE no potencia... y que desgraciadamente algunos palestinos no favorecen con su actuar desde la desesperación. La injusticia sufrida por el pueblo palestino parece no conocer límites con los sufrimientos que se acumulan sobre él. Desde la "catástrofe" (Nakba) de 1948 hasta este último bombardeo sobre la Franja de Gaza.

Los cálculos electorales de las derechas israelíes, la impotencia de la izquierda, los avisos a Obama antes de que tome posesión de la presidencia de EEUU... y las ventajes del ataque por sorpresa ante la mirada de un mundo árabe siempre dividido y un Occidente siempre cómplice que no quiere ver, son factores que pesan en una acción militar tan bárbara como nefasta. La siembra del odio, el espoleo de la humillación, el empobrecer hasta el hundimiento sólo van a traer más reacciones negativas. Quedan descalificadas las mesas de negociaciones, los planes de paz, las hojas de ruta para Oriente medio. Se ven negados los esfuerzos por la paz, las lágrimas de las madres palestinas, los gestos de las israelíes "mujeres de negro", los esfuerzos civilizadores de quienes desde los dos lados buscan aproximaciones. Y queda sin credibilidad todo intento de hacer algo serio contra el terrorismo si no se hace nada serio en Palestina. Al menos, también aquí, en España, deberíamos tomar nota de ello.

Navidad en Afganistán: esperando la post-navidad

En medio de las fiestas navideñas no ha pasado desapercibida la visita que la ministra de Defensa y el ministro de Exteriores han realizado a nuestras tropas en Afganistán. El objetivo no se ha reducido a compartir con nuestros militares un breve rato cargado de los rituales propios de estos días: felicitaciones, transmisión de apoyo de la sociedad española, recuerdo de quienes han perdido la vida en el desarrollo de aquella misión... A todo ello no hay que quitarle ni un ápice de la importancia que tiene. Sin embargo, allí, sobre el terreno, se ha hecho algo más, lo cual se convierte en noticia por la expectación con que se aguarda la novedad que debe llegar. No deja de ser algo profundamente "navideño", habida cuenta de que la Navidad, como quiera que sea, tiene el componente de la celebración de lo nuevo que nace -"na(ti)vidad"-.

¿Qué es lo nuevo que se anuncia? Carme Chacón lo dijo claro y alto: Un "cambio de prioridades" en la misión que se desarrolla en Afganistán, una misión de paz que se ha complicado sobremanera por unas circunstancias que han ido acentuando el escenario de guerra en que tiene que desenvolverse. "Hay que reorientar la estrategia en Afganistán", añade nuestra ministra. Y lo hace con razón, pues si prioridades y estrategias no se clarifican multilateralmente, dejará de tener sentido que nuestras FFAA sigan allí.

Pero todo gravita sobre lo que haga Obama cuando se haga cargo de la presidencia de EEUU. Sobre eso recaen las esperanzas de lo que en el país centroasiático se haga. Siendo de la máxima relevancia lo que pueda hacer Obama, ¿no es demasiado apostar el poner tantas expectativas sobre esa carta? ¿Y si el as de Obama no viene con tanta baraka como su nombre anuncia? Son preguntas para después de Navidad.

Reformar en serio

José Antonio Pérez Tapias

El XXX aniversario de la Constitución española el pasado 6 de diciembre nos deparó una experiencia paradójica. Salvo excepciones, las voces que hicieron una valoración –en general, positiva- de lo que han supuesto los treinta años de nuestra Ley fundamental plantearon la necesidad de su reforma. La mayoría de tales voces coincidieron en que la reforma del Senado es la más acuciante. Lo paradójico del asunto se mostró en declaraciones subsiguientes por parte de quienes así opinaban, empezando por el presidente del Gobierno, acerca de la imposibilidad de acometer un cambio como ése si no había buen clima para el consenso. Lo malo es que la tardanza en salir de esa situación en que lo necesario es imposible nos puede costar cara en términos políticos. Quizá para provocar la superación de tan paradójica coyuntura, el Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios publicó en la prensa nacional un artículo, titulado “Treinta años…y ni uno más”, en el que apostaba a pesar de todo por la pronta reforma del Senado como Cámara de representación territorial.
Señalaba de paso Francisco Caamaño, autor de dicho artículo, que si el exitoso Estado de las Autonomías nos ha llevado a vivir en un “federalismo inconsciente”, tal desarrollo autonómico de tipo federal –funcionalmente federal o cuasifederal, como dicen algunos- ha tenido lugar sin cultura federal, aun con las reformas estatutarias de los últimos tiempos. La conclusión es que tal constatación señala una dificultad añadida para la urgente reforma de la Cámara alta, si se quiere que ella tenga lugar en el sentido federalizante en que ha ido evolucionando el Estado español.
Una cultura federal no se difunde de la noche a la mañana, como comprobamos a lo largo y ancho de la España autonómica, donde encontramos nacionalismos que se contraponen –los llamados periféricos y el españolista-, más los regionalismos alentadores de pretensiones de nacionalidad para no ser menos que los otros, es decir, para no tener menos en sus respectivas comunidades autónomas. No obstante, éstos siguen operando bajo el nacionalismo españolista que funciona como componente de una identidad hegemónica que, en tanto interiorizada por muchos, carece de distancia para someterse a revisión. Por ahí encontramos claves explicativas de ese solapamiento de demandas autonomistas –nacionalistas y regionalistas- y de inercias centralistas que caracterizan la dinámica del Estado de las Autonomías. Esa contradicción es la que acompaña a la realidad de un Estado complejo que a través de su descentralización política ha ido, en lo que se refiere a competencias de las Comunidades, más allá que muchos Estados federales, pero que en otras cuestiones queda por detrás de federalismos consolidados.
La ciudadanía española es muy proclive a un autonomismo como el que la Constitución ha propiciado, pero a la vez muy reticente a propuestas federalistas explícitas. En unos casos porque esas propuestas colisionan con un imaginario nacionalista centralista muy arraigado y en otros, incluso entre personas sensibles a las diferencias, porque perciben esas propuestas como trampolín para una dinámica centrífuga confederal. Entre ellas se percibe un rechazo similar al que en la II República expresó Ortega y Gasset al hilo del debate sobre el Estatuto de Cataluña, apoyado por su parte desde su convicción autonomista, pero contraria al federalismo.
¿Cómo extender una cultura política federal? Esta es cuestión crucial para quienes estamos convencidos que, como ya pensaba Pi y Margall en el siglo XIX, el federalismo es la mejor solución para tejer la unidad en y desde la diversidad de España. Como señalara el político catalán, anticipándose a la respuesta que reclamaban las objeciones de Ortega, el federalismo no es un anacronismo por el hecho de que no se proponga para construir un Estado a partir de naciones previas. Por el contrario, es solución idónea para un Estado que se descentraliza mediante pactos legítimos y legalmente amparados para responder a la pluralidad nacional que encierra, proporcionando instituciones y procedimientos para el autogobierno de las partes que lo han de integrar como realidad compuesta. La reforma del Senado será verdaderamente útil si se plantea desde un federalismo radicalmente democrático, cooperativo y pluralista, capaz de ser respuesta para un país que se mantendrá cohesionado si logra dar traducción política a su condición de “nación de naciones”.

[Artículo publicado en la revista EL SIGLO, nº 815 (22 de diciembre de 2008), p. 30]

Iglesia antidemocrática

Monseñor Amato, desde el Vaticano, se ha dejado caer con unas declaraciones diciendo que en España padecemos "Estadolatría", es decir, que estamos atrapados por una especie de culto al Estado que su ojo clínico ha detectado, diagnosticando incluso el síntoma más grave de la enfermedad: la Educación para la ciudadanía. El ilustre arzobispo considera que tal materia supone una intolerable intromisión del Estado en la vida de las personas y añade, viendo así las cosas, que la Iglesia española, es decir, su episcopado más integrista, lo está haciendo muy bien al oponerse a dicha asignatura.

Una vez más tenemos a la Iglesia, ahora desde Roma, atrapada en una grave situación de "eclesiolatría", es decir, de culto a sí misma, de manera que con tal idolatría no es capaz de ver la viga que lleva clavada en su ojo desde hace muchos siglos. Es ella la que realiza una grave intromisión, ilegítima, en la vida política de muchos Estados, como es el caso de España, queriendo a través de esa intromisión seguir entrometiéndose indebidamente en la vida de sus ciudadanos. Sigue pretendiendo tener el monopolio de la verdad y de lo moralmente correcto, cometiendo la tremenda injusticia de querer imponer su visión a todos los demás, reclamando a las instituciones de un Estado democrático que se atengan a sus criterios de lo bueno y lo malo. Estamos cansados de señalar el injustificable exceso que todo ello supone y que verifica una y otra vez que la Iglesia católica, en sus instancias oficiales más elevadas, sigue instalada en la antidemocracia.

Visto todo, de nuevo, hay que sumar nuestra voz a todos los que piden que revisemos de una vez los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 -como es el caso de Javier Pérez Royo en El País de hoy-, acuerdos contra el espíritu de la Constitución pues siguen "consagrando" los privilegios del catolicismo en una España de la que se dice en su Carta Magna que ninguna religión tendrá carácter oficial...¡Ya está bien de dejarnos atrapar bajo la coartada de que dichos Acuerdos tienen el carácter de Tratado internacional! ¡La Constitución está por encima de cualquier Tratado!

Latinoamérica: nueva "polifonía" de sus pueblos

Se ha celebrado en Sauípe (Brasil) La Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC). No ha faltado ningún país de los convocados, incorporándose a la reunión incluso Cuba. Tan importante como eso es que los reunidos han hablado con voz propia y sin tutela alguna. La voluntad de emancipación de todo residuo neocolonialista es clara. Como clara y rotunda ha sido la declaración dirigida a EEUU, concretamente a Obama, su presidente electo, para que levante el embargo a Cuba. Será la prueba de que la nueva administración estadounidense cambia el signo de su política hacia Cuba y empieza a mirar hacia el Sur sin las anteojeras imperialistas de la vieja teoría del "patio trasero".

Desde España haremos bien en aplicar el oído a la escucha de los mensajes latinoamericanos, plurales pero convergentes, en lo que empieza a ser una nueva "polifonía de sus pueblos", según soñaba el peruano Mariátegui. Especial atención requiere interpretar adecuadamente el papel del país anfitrión, Brasil, con Lula creciendo en su relieve internacional. Las izquierdas latinoamericanas envían así mensajes a las izquierdas europeas y el PSOE ha de estar en la mejor disposición para recibirlo.

NO a la semana de 65 horas

Esta vez sí se ha conseguido el NO. Se ha logrado parar en el Parlamento europeo la Directiva que permitía prolongar la semana laboral hasta las 65 horas y que pretendía dar la puntilla a conquistas de los trabajores como la de los convenios colectivos. Se trata de una "eurovictoria" de importancia indiscutible, y más en tiempos de crisis en los que ls neoliberales escondidos tras las esquinas no dejan de enviar mensajes de recortes a derechos laborales.

Nuestra felicitación, por tanto, a nuestros compañeros del Grupo Parlamentario de los Socialistas europeos y muy en especial a Alejandro Cercas, que se ha "currado" especialmente el frenazo a la Directiva de marras.

"Pacta sunt servanda"

Los pactos se hacen para ser cumplidos. A esa obligación apunta el dicho latino, que señala un deber moral y político que trasciende, para ambas partes, los abrazos en mítines.

El Presidente Zapatero y el President Montilla pactaron, en tiempo de prórroga, resolver el problema de la financiación antes de final de año. Así debe ser, aunque el "modelo" que estamos buscando no quede resuelto de esta tacada. Hay puntos en común para el encuentro, como saben Solbes, Castells y hasta Griñán en Andalucía.

El PSOE necesita tanto al PSC como el PSC al PSOE, y no sólo por el proyecto socialista común, sino por el futuro de nuestra España compleja y plural -dicho sea al hilo del acuerdo de la ejecutiva del PSC en el día de hoy, respecto a aprobar los presupuestos de 2009 con "reservas", es decir, reservándose sus decisiones de futuro en cuanto a relaciones con el PSOE, si la financiación no se resolviera.

¿Para cuando seremos de verdad federalistas los socialistas?

Construyendo la España federal

El pasado 11 de diciembre se presentó en Madrid, en el Centro Cultural Blanquerna, un interesante documento elaborado desde la Fundació Catalunya Segle XXI, bajo ese título: "Construyendo la España federal". La presentación corrió a cargo de autores públicamente conocidos por sus posiciones federalistas: López Burniol, Ramón Maiz, Luis Moreno y Joan Romero. Invitan al debate y profundización sobre un proyecto federalista en torno al cual plantear el futuro de lo que actualmente es nuestro Estado de las Autonomías. La difusión de estos planteamientos debe hacerse por toda España, y no limitarse a Cataluña o a las demás "nacionalidades históricas", pues tal propuesta federal es la que aporta clave imprescindibles para articular el Estado español como Estado plurinacional, es decir, el adecuado para una "nación (cívica) de naciones históricas". Unidad y diversidad, diferencia y solidaridad encuentran en el federalismo el traje político a la medida de lo que la articulación de esos polos exige. Es la hoja de ruta que necesitamos, pasando su recorrido por la ansiada reforma del Senado como cámara efectiva y "federalistamente" territorial.

Sobre todo ello va la Declaración presentada y en torno a ello giró el acto. Para explicitar la adhesión a dicha Declaración, sumándose a la lista de quienes ya lo han hecho, se puede ir a http://www.seglexx1.blogspot.com/

¡Saludos socialistas federalistas!

Proceso de Bolonia y reformas universitarias

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE IZQUIERDA SOCIALISTA – PSOE Granada
Comité Provincial de la Agrupación Provincial del PSOE-A de Granada (13.12.08)

EL PSOE DE GRANADA ANTE EL “PROCESO DE BOLONIA” Y LAS REFORMAS UNIVERSITARIAS

Ante el momento crucial que se está viviendo en las universidades españolas, y por tanto también en la de Granada, debido a las reformas que deben realizarse en las mismas en aplicación de los Acuerdos de Bolonia sobre el Espacio Europeo de Educación Superior, y ante la inquietud e incertidumbre que puede suscitar tal proceso en la comunidad universitaria y, por extensión, en la sociedad, este Comité Provincial hace suya la necesidad de clarificar los mensajes en torno a lo que supone “Bolonia” y a lo que implica la transformación en la que está inmersa la comunidad universitaria.

Insistimos desde este Comité Provincial en la conveniencia de potenciar los cauces de diálogo entre las Administraciones académicas y los sectores implicados, así como entre éstos mismos, para alcanzar con el concurso de todos el objetivo de una universidad pública de calidad, con suficientes recursos para desplegar todo su potencial investigador y docente, con capacidad para incidir eficazmente en los procesos sociales, económicos y culturales de su entorno, y plenamente integrada en el ámbito académico y científico europeo del que forma parte.

El PSOE en general y esta Agrupación Provincial de Granada en particular, desde el convencimiento de lo que requiere hoy una universidad que ha de ubicarse en la “sociedad del conocimiento” y en un mundo globalizado, y desde el reconocimiento de todo lo que supone la autonomía universitaria, pone al servicio de la comunidad académica y de la sociedad en la que aquélla se inserta toda su capacidad política y humana para lograr, desde la participación y el diálogo, los objetivos que se persiguen en las reformas impulsadas tanto por el Gobierno de España como por la Junta de Andalucía.

En un contexto de crisis económica como el actual, tales objetivos se hacen más urgentes en lo que afecta a la potenciación de la I+D+i, a la puesta al día de las titulaciones académicas, a la mejor formación del alumnado universitario, a las mejores condiciones de trabajo de profesorado, investigadores y PAS, a la movilidad de los miembros de la comunidad universitaria, a la más productiva relación entre universidad y sociedad, y a la mejor aportación que pueda hacer la universidad para la humanización de una civilización tecnológica y para la construcción de una sociedad más justa.

Derechos humanos y política

José Antonio Pérez Tapias
Diputado socialista

La rebeldía contra siglos de injusticia ha dado como fruto unos derechos humanos que hoy pretendemos que tengan vigencia universal, es decir, que lleguen a todos y cada uno de los individuos como salvaguarda de su dignidad y credencial de su autonomía. El sufrimiento por la injusticia padecida y la conciencia ganada contra todo trato inhumano que deshumaniza a otro –también al que lo practica- han movilizado lo mejor de nuestra humanidad, hasta conseguir ponernos de acuerdo en que “no hay derecho” a que unos se comporten respecto a otros menguándoles su libertad o robándoles su pan. La igualdad ante la ley y la igualdad en el acceso a los recursos básicos para que la vida humana pueda transcurrir en condiciones de dignidad aparecieron como componentes irrenunciables de los contenidos de justicia que en toda declaración de derechos habían de ser recogidos. Desde esas bases se fue cartografiando el mapa de unos derechos humanos que poco a poco, y desde muy diversas fuentes, se han ido formulando jurídicamente, concretando por una parte lo que suponen de reconocimiento a la dignidad de cada uno y buscando traducción por otra en lo que debe ser plasmado como derechos fundamentales, incorporados a las constituciones políticas y a los sistemas legales que de ellas se derivan.

La milenaria historia de los derechos humanos, ganando celeridad en los últimos siglos, vino a dar hace sesenta años, el 10 de diciembre de 1948, a ese hito de la misma proporcionado por la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, un verdadero monumento de la humanidad construido en medio de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial y tras el horror de la barbarie nazi. Desde entonces, aun con las limitaciones inherentes a todo documento fraguado en unas coordenadas concretas, el listón ético de lo que los humanos nos debemos a nosotros mismos quedó puesto en un punto sin retorno, acompañado de un imperativo de la máxima exigencia en cuanto al respeto a los mismos. Tal cota normativa no baja de nivel por el hecho de que, desgraciadamente, los derechos humanos de muchas personas se vean menoscabados o negados en multitud de ocasiones –infinitamente, y no sólo por la cantidad de ocasiones en que los derechos son violados, sino porque sin medida es cualquier forma de daño a la dignidad humana-. Ese quebrantamiento de lo que se debe en justicia, por una parte obliga a decir que lo normativamente universal es de suyo “universalizable”, por lo menos hasta que se consiga que la vigencia alcance efectivamente a todo tiempo y lugar; y, por otra, nos obliga a la tarea política de lograr que los derechos humanos de cada cual sean respetados sin excepción.

El compromiso político que así brota presenta un componente moral inerradicable y sitúa la política en una órbita desde la cual ya no podrá legitimarse nunca más por la mera conquista y conservación del poder. Se trata en este caso de la política que sólo en la democracia puede encontrar su medio adecuado, por ser la democracia, tal como se configura en las democracias constitucionales, el sistema político en cuyo núcleo moral se sitúa la exigencia de respeto incondicional a la dignidad humana y en cuyo entramado de instituciones y procedimientos se hace operativo el reconocimiento de todos los ciudadanos como sujetos de derechos que han de ser protegidos (componente liberal de la democracia) y que han de ser ejercidos (componente republicano). El mismo juego de mayorías y minorías, consustancial a la vida democrática, pierde su sentido si no arraiga en la conciencia colectiva en torno a derechos inviolables y si no cuaja en prácticas institucionales que no pierden eso de vista.

Con las declaraciones posteriores sobre derechos de la mujer (1952) y sobre derechos del niño (1959), así como con los pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, sociales y culturales de 1966 –en ellos adquieren perfil preciso esas “generaciones de derechos” que luego han venido a completarse con los derechos medioambientales-, el horizonte de los derechos humanos ha ganado tanto concreción como capacidad de exigencia. Llegando a una época como la nuestra, descreída y sumida en sucesivas crisis, aparece tal horizonte como la tenue línea de un futuro de democracia cosmopolita y mundo habitable que aún puede trazar un pensamiento de intención utópica que resiste a ser cancelado. Bajo ese horizonte ninguna política que merezca tal nombre puede hacerse al margen de lo que significan los derechos humanos que postulamos como universales. Una política que no tenga los derechos humanos como referencia decisiva y criterio regulador se sitúa en esas antípodas donde ya hay que hablar de antipolítica -¡ay, Guantánamo!-. Mas también es cierto que siendo los derechos humanos universales una referencia para la política que no debe faltar, tales derechos, como subraya con acierto el pensador francés Marcel Gauchet, no configuran por sí mimos, con la sola referencia a ellos, una política, pues sin más no cabe derivar directamente de ellos medidas programáticas para la acción. Cuando esto no se tiene en cuenta, la política acaba atrapada por una “ideología de los derechos humanos” que puede acabar encubriendo precisamente lo que se opone al reconocimiento efectivo de éstos y, por consiguiente, al respeto a la inviolable dignidad de los individuos. También los derechos humanos, con su dimensión ético-utópica, requieren de mediaciones adecuadas.

(Artículo publicado en el diario La Opinión de Granada el día 10 de diciembre de 2008)

Expurgo de ficheros policiales

Expurgo de ficheros policiales
para eliminar antecedentes de ex-presos sociales
represaliados por el franquismo

PROPOSICIÓN NO DE LEY
(Congreso de los Diputados 10.12.08)
Texto de su defensa en Comisión de Interior:

Gracias Sra. Presidenta.
Señorías:
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista paso a defender en la Comisión de Interior de esta Cámara una proposición no de ley instando al Gobierno de España a tomar las medidas necesarias para culminar la expurgación de los ficheros policiales siguiendo en todo momento lo establecido por la legislación vigente.

Motivos de la PNL

Tras treinta años de democracia en España y de vigencia de una Constitución que define y ampara los derechos de los ciudadanos, estamos en condiciones de exigir y procurar que tales derechos sean respetados en todos sus extremos, desde los relativos al ejercicio de las libertades hasta lo tocante a la intimidad y honor de las personas.

Supone un menoscabo del respeto que se debe a los derechos de los individuos que en algunos casos aún se presenten situaciones lamentables originadas por la indebida atribución de antecedentes penales a algunos de ellos debido a que los ficheros que manejan las Fuerzas de seguridad del Estado no han sido expurgados del todo para sacar de ellos fichas de la época de la dictadura franquista, que pasaron al Archivo del Gabinete de Identificación de la DGP, correspondientes a personas injustamente detenidas o condenadas, no sólo por motivos políticos, sino por lo que suponía la aplicación de leyes como la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 o la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970. Así se nos ha hecho constar de forma fehaciente por la Asociación de Expresos Sociales, constituida por lesbianas, homosexuales y transexuales represaliados en la dictadura franquista.

La Ley de Amnistía de 1977, así como desarrollos legislativos posteriores como la Ley orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, más la normativa derivada de ella en relación a la regulación de los ficheros informáticos de la DGP, han establecido pautas de obligado cumplimiento para que los ficheros policiales de todo tipo quedaran expurgados de datos relativos a personas perseguidas, detenidas y, en su caso, encarceladas por motivos inaceptables en democracia y contrarios a lo que supone el respeto a los derechos humanos. Desgraciadamente, dada la ingente labor que suponía esa expurgación por el gran número de casos de esa índole, y a pesar de los recursos que para esa tarea han proporcionado las nuevas tecnologías informáticas, todavía aparecen en algún momento fichas personales que no deberían constar en los archivos policiales.

Hay que decir que la constancia de antecedentes derivados de las derogadas leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación social en bases de datos de antecedentes policiales debería haber sido cancelada del todo (de oficio) a partir de la derogación de determinados supuestos de dichas leyes por la Ley 22/1978 de 28 de diciembre de modificación de la mencionada Ley de Peligrosidad y rehabilitación social, y aún más, después, con la derogación definitiva de la misma con la entrada en vigor del nuevo Código Penal de 1995.

El hecho de que sigan existiendo determinados antecedentes relacionados con las citadas leyes en bases de datos policiales sólo se explica por las circunstancias en las que se creó la base de datos PERPOL.

Hablamos, pues, del proceso de informatización de los archivos policiales.

La base para la carga en PERPOL fue el fichero del Gabinete Central de Identificación, con unas 300.000 fichas, acumuladas desde 1962. Cuando desde 1977 esos datos fueron sometidos a tratamiento, muchas de las conceptuaciones y antecedentes grabados fueron dejando de tener cabida en el nuevo ordenamiento jurídico.

A la vista de la situación, la Comisaría Gral de Documentación planteó desde 1986 la necesidad de revisar todos los expedientes en que aparecieran conceptos derogados o no tipificados penalmente, para eliminar todo aquello que no tuviera una adecuada justificación legal.

Problema informático: bajo el código 361 “Indeterminado” se incluyeron conceptos preexistentes como “sospechosos”, “delito no especificado”, “invertido”, maleante”, gamberro”, “amancebamiento”, “peligroso”, etc. Eso es lo que obligó a una revisión manual y muy prolija de los ficheros llevada a cabo entre 1986 y 1990.

Visto todo, aparece de nuevo la necesidad de completar esa revisión y expurgo de los ficheros policiales, habida cuenta de que en casos de expresos sociales sigue presentándose lo que consta aún como antecedente asociado a su nombre en las bases de datos. Esto es, hay que culminar esa tarea de expurgo.

El objetivo es eliminar de los archivos policiales lo que no debe estar en ellos. Ciertamente, hay una documentación que ha de ser conservada por su valor histórico y testimonial, aparte de por la constancia que ofrecen determinadas fuentes documentales para el eventual ejercicio por los afectados e interesados de los derechos a indemnizaciones y reparaciones, como las que el mismo colectivo de expresos sociales ha planteado.

Para esto último, el Ministerio del Interior ha desarrollado un Sistema Archivístico para encauzar los documentos sin valor administrativo u operativo (como en este caso) hacia archivos de carácter histórico según la legislación específica que los regula. Nos referimos especialmente al Archivo Histórico Nacional, al Archivo General de la Administración y a los Archivos Históricos Provinciales. Hay, además, una Instrucción de la Secretaría Gral Técnica del M. del Interior para regular el procedimiento de transferencia de unos archivos a otros.

La cuestión, no obstante, es que aun con todas las cautelas y procedimientos previstos no se ha conseguido que la información archivada respecto a quienes fueron presos sociales injustamente calificados y tratados como tales haya desaparecido del todo de los archivos policiales. De vez en cuando salta esa información en el tratamiento digital de datos asociados a los nombres de expresos sociales, lo cual no sólo es una situación desagradable, sino que es algo más: una situación en la que se mantienen secuelas de lo que fue un tratamiento injusto que padecieron determinadas personas por su condición personal, por sus opciones en cuanto a su vida, a su sexualidad, a sus relaciones interpersonales. En tales casos se reproduce algo así como lo que el filósofo francés Jacques Derrida llamaba “mal de archivo”, ese componente de violencia que puede ir asociado a la actividad de archivar, la cual en casos como el que nos ocupa comporta ese “archivo físico y social” que quedó en la estigmatización que sufrieron quienes siendo personas homosexuales o transexuales, la cual quedó grabada en sus vidas en formas de tan difícil erradicación que siguen apareciendo en el manejo de datos relativos a ellas. Hay que erradicar, pues, esos residuos de un trabajo archivístico muy prolijo de eliminación de la información policial, en tanto que tal, que fue generada en un contexto de dictadura con lo que supone de ejercicio arbitrario del poder, de represión sobre los individuos, de negación de sus libertades y de maltrato a sus más fundamentales derechos.

El azar del calendario y la constelación de las agendas nos ha traído al día de hoy, a plantear en esta Comisión del Congreso de los Diputados esta PNL en la jornada en la que conmemoramos el Sesenta Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Aquella Declaración emergió como un gran consenso entre los pueblos, como logro jurídico-político que surgía de entre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial y tras los crímenes de la barbarie nazi para salvaguardar la dignidad, que debe ser inviolable, de todos y cada uno de los individuos. Queriendo trabajar para culminar una tarea de expurgación de archivos policiales que debe llegar a su término, estamos planteando una PNL movida por el empeño en defender la dignidad humana que estamos seguros de compartir todos desde nuestros respectivos Grupos Parlamentarios. Una PNL como la que debatimos cuenta, pues, entre sus objetivos el eliminar definitivamente la estigmatización social que nunca debió recaer sobre ciertas personas, con lo que supuso de discriminación, represión y exclusión alentadas desde un poder político dictatorial y reforzadas por los prejuicios que un régimen antidemocrático reforzaba entre la población pretendiendo así dar cobertura a la injusticia que se producía con su maltrato y acoso a quienes se salía de la norma totalitaria con la que se quería marcar coactivamente el territorio de la libertad sexual según indefendibles criterios de orden público.

Para lograr que en el futuro no vuelvan a darse situaciones de este tipo, incompatibles además con los objetivos perseguidos por desarrollos legislativos más recientes, como la Ley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida como ley de la memoria histórica, desde el Grupo parlamentario socialista presentamos la siguiente Proposición no de Ley:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, conforme a la legislación vigente, establezca las medidas necesarias para culminar definitivamente la expurgación de los ficheros policiales en todo lo relativo a datos de ex-presos políticos y ex-presos sociales y, en general, de personas detenidas o condenadas por motivos políticos, ideológicos o por su orientación sexual durante la dictadura franquista, con quebranto de sus derechos y perjuicios para su vida. En todo caso el expurgo deberá llevarse a cabo cumpliendo los requisitos legales establecidos en materia de archivos en cuanto a su conservación y consulta”.

Transacción, votación y resultados
Esta Proposición de Ley fue votada al final, tras hacer una transacción para modificar las líneas de la última frase del texto que presentaba el Grupo parlamentario socialista, sustituyéndola por esta fórmula que presentaba el Grupo popular: “Estos documentos deberán ser trasladados en su caso a los archivos históricos estando bajo la Ley de Patrimonio Histórico, que asegura la intimidad de las personas afectadas y no permite consultar los datos hasta veinticinco años después de su muerte”.

El resultado de la votación fue de aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

José Antonio Pérez Tapias.
Portavoz del Grupo Socialista en la defensa de esta PNL

La Constitución y su relato

José Antonio Pérez Tapias. Diputado socialista

La Constitución española va cumpliendo años – ¡treinta ya!- y con ella nuestra democracia. En este caso, el paso del tiempo permite acumular una buena cosecha de frutos de libertad e igualdad obtenidos gracias a esa Constitución que los españoles nos dimos en el alba de nuestra democracia. Fue un momento fundacional en torno al cual hay un antes y un después.
El tiempo anterior a la Constitución fue el de una dictadura que pareció inacabable, con su represión política, con su aplastamiento de la memoria, con sus bendiciones nacional-católicas y con un fardo de crímenes que el régimen intentó ocultar a base de desarrollismo y bienes de consumo para las clases medias. El tiempo posterior al pacto que supuso la Constitución, mediando reconciliación y amnistía, ha sido el de la afirmación de las libertades, el del logro de objetivos de igualdad en un Estado social y democrático de derecho, el de la expansión de una sociedad dispuesta a vivir en democracia, el de la compleja aventura política del Estado de las autonomías, el de la civilización de un poder militar que ha dado paso a unas Fuerzas Armadas sometidas al poder civil y el de un pluralismo social y político –hoy también cultural- para el que la tolerancia y la laicidad son ingredientes esenciales.
El 6 de diciembre de 1978 era imposible prever el alcance de lo que entonces aprobaba en un electorado que dejaba atrás la condición de súbdito y pasaba a ejercer la ciudadanía democrática. Tres décadas después podemos contarnos una historia que, aun con sus carencias, es una historia colectiva de la que podemos decir que ha merecido la pena y que hoy estamos obligados a prolongar hacia delante. En ella han destacado ciertos protagonismos individuales, así como el papel decisivo de partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y otras muchas entidades de la sociedad civil (asociaciones de vecinos, movimientos sociales, ONGs…). Hitos decisivos como la victoria del PSOE en octubre del 82 forman parte de encrucijadas históricas reconocidas como tales. No han faltado momentos singularmente tensos, como el del golpe antidemocrático del 23-F, ni coyunturas especialmente densas como el referéndum sobre la OTAN, las huelgas generales o las manifestaciones contra la guerra de Irak. Las etapas de desencanto o el cáncer de la corrupción política han servido, en tanto se han dejado atrás, para ganar una conciencia democrática más madura. La alternancia política, en el gobierno de la nación, en ayuntamientos y en muchas autonomías, ha sido banco de prueba para unas instituciones que han acreditado su buen funcionamiento conforme al espíritu y la letra de nuestras leyes. La negra historia del terrorismo de ETA –se le añadieron las ensangrentadas páginas escritas por el terrorismo internacional- ha sembrado de horror y dolor nuestra geografía, pero ha desencadenado por otra parte fuertes vínculos solidarios en la ciudadanía española.
Todo eso forma parte del relato de la Constitución, de la narración que hacemos de lo que con ella hemos conseguido. Desde ese relato nos ubicamos en la Europa de la que políticamente formamos parte; desde él proseguimos esa historia en un mundo cuyo escenario global es más complejo que aquel que existía cuando aquellas Cortes constituyentes dieron a luz una Constitución que actualmente permanece viva.
Seguir escribiendo esta historia, en tiempos reluctantes a la épica y continuando un relato que no requiere mitos sino buenos argumentos por parte de sus protagonistas, implica afrontar, desde la Constitución, los problemas actuales de la sociedad española: cómo extender a todos los derechos ciudadanos, cómo hacer compatible economía y ecología, cómo reforzar las políticas sociales del Estado de bienestar, cómo educar a las generaciones que se incorporan a esta historia común, cómo luchar por el empleo en tiempos de crisis, cómo erradicar la violencia machista, cómo integrar a los inmigrantes en una democracia verdaderamente inclusiva, cómo articular mejor una España plural, cómo contribuir a la construcción europea o cómo impulsar unas relaciones más justas en un mundo globalizado. Respondiendo a todo ello será como podremos impulsar hacia el futuro la Constitución y su relato, el cual, por lo demás, tendrá que contemplar las reformas que ella misma necesita para que el guión de nuestra historia colectiva siga desarrollándose como podemos y nos merecemos.

(Artículo publicado en el diario Granada Hoy el 7 de diciembre de 2008)

De los crucifijos a los crucificados

Reflexión laica sobre un imperativo común
José Antonio Pérez Tapias

El eco mediático de la sentencia de un juzgado de Valladolid que obliga a retirar los crucifijos de las aulas de un colegio público ha reactivado el debate sobre religión y laicidad en España. No está mal que así sea, pues en lo que afecta a dichas cuestiones seguimos teniendo problemas sin resolver. Al clima social en que deben ser abordados no ayudan voces episcopales que hablan de la “cristofobia” que supuestamente estarían poniendo de manifiesto tanto la denuncia que respecto a crucifijos en tal escuela interpuso una asociación laicista como, según se puede inferir de las mismas declaraciones episcopales, la aludida sentencia. Por una parte, la brocha gorda con que el presidente de la Conferencia Episcopal y otros miembros de la misma describen la realidad social de España no les aporta credibilidad. Por otra, tras declaraciones de ese tenor se puede vislumbrar una inaceptable pretensión de deslegitimación respecto al sistema judicial del que emana dicha sentencia, así como respecto al sistema político que produce la legalidad y procedimientos en que esa sentencia se apoya, legalidad a la que la dinámica de ese sistema se atiene en un Estado democrático de derecho. Al grosero diagnóstico de “cristofobia” se le podría contraponer un diagnóstico mucho más ajustado a los hechos de cierta fobia a la democracia, sus principios y sus reglas, por parte de unos eclesiásticos que de tal modo se pronuncian. Su decir y obrar, en éste y otros casos, es revelador de una mentalidad integrista varada en tiempos pasados, con añoranza de los que políticamente eran predemocráticos y religiosamente preconciliares –si tuvieran en cuenta el Vaticano II no hablarían así-.

Afortunadamente, ni la mencionada sentencia ni la demanda a la que ella responde, como tampoco las opiniones vertidas por quienes critican esa resolución judicial, se dan en un contexto tensionado en torno a la “cuestión religiosa”, por más que esa cuestión, de tanta incidencia en la historia de España, siga presentando extremos no resueltos. Es una aparente paradoja que nuestra sociedad esté muy secularizada y tenga un notable nivel de tolerancia y que, a la vez, la Iglesia católica, a través de portavoces oficiales, tenga la presencia que tiene en la vida pública, con constantes intentos de mantener privilegios confesionalistas a base de ejercer presión, como no debiera hacerlo por lo que supone de ilegítima injerencia en el ámbito político, sobre las instituciones políticas. Eso forma parte de la estrategia clerical de una institución escorada hacia posiciones muy conservadoras, con el añadido de que su integrismo resulta rentable en alianza con quienes en el campo político mantienen posiciones neoconservadoras. Una base social no especialmente religiosa, pero apegada a tradiciones católicas, aunque en la vida cotidiana poco o nada tenga en cuenta la doctrina eclesiástica, es la que da apoyo a esa alianza, con significativos réditos para quienes la suscriben.

Más allá de la sociología, la polémica de los crucifijos pone de relieve el déficit de laicidad que sigue habiendo en España en cuanto al Estado y los espacios públicos. Es verdad que determinados símbolos religiosos tienen un notable arraigo en manifestaciones sociales y culturales. No obstante, en ciertos casos eso no puede mantenerse por mera inercia en una sociedad pluralista como la nuestra, máxime cuando la pluralidad compleja que alberga implica ya, además de pluralismo ideológico, ético y político, una intensa diversidad cultural y también religiosa. La aconfesionalidad del Estado que establece la Constitución en su artículo 16, tras el reconocimiento como derecho de “la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades”, obliga a la protección jurídica, a la atención política y al cuidado administrativo de todo lo relacionado con ese derecho. El hecho de que determinados símbolos religiosos estuvieran presentes en determinados lugares públicos –y no son lo mismo unos que otros, como se aprecia contrastando lo que supone un crucifijo en el aula de una escuela pública y una cruz románica en un cruce de caminos, por ejemplo-, no justifica en modo alguno su permanencia. De ahí la razón de ser del cuestionamiento laicista de los mismos por motivos estrictamente democráticos, que deberíamos asumir todos, también los creyentes en tanto que ciudadanos.

La neutralidad de los espacios públicos, para que en ellos cada uno encuentre su sitio tenga la religión que tenga o no teniendo ninguna, es objetivo prioritario que ha de perseguirse social y políticamente en aras de la convivencia en condiciones de igualdad para todos. Así ha de ser con especial rigor en el espacio público político, como es el caso de las sedes de nuestras instituciones democráticas con todo lo que allí transcurre, incluyendo la toma de posesión del cargo por quienes en ellas han de desempeñar sus responsabilidades –sobran, pues, crucifijos en tales actos, debiéndose ir a símbolos y fórmulas que respeten además el mandato constitucional de no obligar a nadie a declarar públicamente sus convicciones personales-. Y así ha de ser también en espacios públicos sociales, como hospitales y colegios, por ejemplo, donde la afluencia de una ciudadanía pluralista exige neutralidad ideológica y religiosa. Salvaguardarla no es ningún atentado antirreligioso, sino defender la aconfesionalidad del Estado y la libertad de los individuos desde una laicidad que es condición para el mismo pluralismo religioso sin merma de derechos para nadie. Nuestras leyes deben responder cada vez mejor a esa laicidad democrática que para nada es antirreligiosa. Por el contrario, se perfila como laicidad inclusiva, que reconoce que la religión y sus instituciones, por mor de los mismos individuos que las sostienen, tienen sus derechos en el seno de una sociedad democrática, pluralista y secularizada en la que han de saber situarse en el espacio cívico desde el que han de hacer las aportaciones que tengan que ofrecer a partir de su tradición y experiencia.

Cambiando de registro, cabe añadir que poco dice de la Iglesia su defensa anacrónica de la presencia de crucifijos en determinados ámbitos sociales y políticos, invocando sin más una tradición cultural, cuando tales crucifijos, precisamente por la “domesticación cultural” que han sufrido, ya nada expresan de aquel “escándalo de la fe” que, según Pablo de Tarso, siempre habría de ser un “Dios crucificado”. Bien podría la Iglesia católica, por respeto a los no cristianos, retirar crucifijos de donde no deben estar y sí, en cambio, llamar la atención respecto a los que una y otra vez son crucificados. Cualquier imagen de los injustamente asesinados o condenados a muerte cierta en este mundo nuestro, susceptible de ser interpretada cristianamente como imagen del Dios que se revela en cada una de esas víctimas masacradas, podría reemplazar laicamente a crucifijos que por estar como y donde no deben ya no cumplen la función de testimonio que su simbolismo había de tener. También es verdad que eso requeriría no alentar el olvido desde una institución cuya razón de ser está en la memoria de un torturado hasta la muerte. Desde ella no debiera preocupar que se retiren ciertos crucifijos, sino que no haya crucificados, reconociendo en ello un imperativo ético que desde su misma formulación laica tanto obliga a creyentes como a no creyentes.

(Artículo publicado en el diario Ideal de Granada el 6 de diciembre de 2008)

La derecha a examen

De vez en cuando hay que hacer una parada en el camino y ver cómo anda el adversario. La izquierda no debe descuidar el análisis sobre la situación de la derecha o, mejor, de las derechas, en proceso de reajuste interno en el caso de las derechas españolas, tanto neoliberales como neoconservadoras.
La revista EL SIGLO organizó un debate sobre esta cuestión que se encuentra publicado en las páginas de su nº 812 (1 dediciembre de 2008). En él partiparon interlocutores como Santiago Carrillo y Enric Sopena, Carlos Berzosa (rector de la Complutense) y Joan Tardá (de ERC), así como los compañeros socialistas Julio Rodríguez, Juan A. Barrio, José Segura y un servidor (los tres últimos somos diputados en el Congreso). Creo que logramos decir cosas interesantes. Quien quiera conocerlas puedeacceder al dossier en versión digital en

http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2008/812/812dossier.html