Supraestructuras de Granada

JOSÉ ANTONIO PÉREZ TAPIAS

Granada es una ciudad a la que le gusta batir algún récord de vez en cuando. Hay uno que está en su haber, aunque lo haya obtenido a su pesar: no hay otra ciudad del mundo en la que se hable más de infraestructuras. Tal palabreja se usa con tanta profusión que pareciera, al estar en boca de todos, que muchos son los habituados a la jerga de los ingenieros y que otros tantos son poco menos que marxistas, preocupados como están por lo determinante de las infraestructuras sobre las que tanto se perora. Motivos no faltan, pues es lugar común en este sitio concreto el pensar que se arrastra un déficit histórico en carreteras, autovías y vías férreas –a las que hay que añadir la demanda de las redes que necesitan las nuevas tecnologías- del que todavía no nos hemos repuesto, aun habiendo logros notables desde hace más de una década. Se ha mencionado recientemente, por ejemplo, que el tren para unir Granada y Motril, sobre el que de nuevo se hacen estudios acerca de su posible trazado, es algo que ya se planteó hace bastante más de un siglo, cuando Julio Verne fantaseaba acerca de viajar a la luna u otras cosas entonces extravagantes, hoy cumplidas. Así se recordó en la exitosa reunión convocada hace unos días por varias entidades, entre otras este prestigioso diario con cabecera a la que se le pueden adjudicar resonancias utópicas, para hablar del presente y futuro de nuestras infraestructuras e, inevitablemente, de su pasado.
Está claro que muchos prometieron y no todos cumplieron. Ahora no vamos a señalar con el dedo; las hemerotecas guardan registro de prohombres con cascos –Cascos con prohombres, tanto da- anunciando lo que estaban lejos de realizar. Pero estando a punto de cumplirse compromisos otrora contraídos por otros, como es el caso de la autovía por la que podremos circular en breve hacia o desde nuestra Costa Tropical, no es cuestión de ponerse muy ufanos a la hora de la finalización de tal proyecto, por cuanto se adelantaron incautamente sucesivas fechas para su terminación. Somos conscientes, y no hace falta insistir en que lo digo en abierta autorreferencia a los socialistas, de que, cuando llegue hora, la satisfacción no debe dejarse atrapar por la autocomplacencia. También debe haber propósito de la enmienda en cuanto a no volver a caer, bajo presiones electorales, en el error de anunciar plazos de obras cuya ejecución no depende sólo de quien los formula. La ciudadanía acepta mejor las explicaciones a tiempo que las promesas a destiempo. ¿Y cómo dar concreción política a un acto, como es el de pedir disculpas, cuyo ámbito propio es el de las relaciones interpersonales?

Como quiera que sea, muchas de las infraestructuras que le faltaban a esta tierra o están a punto o cuentan con una ejecución que se perfila sobre un horizonte temporal más o menos próximo. Una orografía endiablada ha servido de coartada propia y excusa ajena para tardanzas que se nos antojan eternas. Mas ya sabemos que no caben más excusas ni buscar nuevas coartadas. No obstante, a la vez que tachamos días hasta ver culminadas algunas de las grandes obras que concitan nuestras expectativas, bien estará que nos planteemos cuestiones que mentes previsoras que moran entre nosotros dejan caer de cuando en cuando. Algunas se pueden condensar en una fórmula que podemos trasplantar a la actualidad desde otros contextos muy distintos –salvando, pues, las distancias-: infraestructuras, ¿para qué? No faltará quien considere de más una pregunta que puede calificar de impertinente pensando que es obvia la respuesta. Sin embargo, no conviene dar demasiado por supuesto, no sea que llegado el momento reparemos en que debimos preguntarnos más incisivamente por lo que parecía obvio, y no lo era. ¿Basta con decir que queremos las infraestructuras óptimas para nuestro desarrollo? ¿De qué desarrollo hablamos? ¿En función de qué modelo productivo, urbanístico y medioambiental estamos demandando infraestructuras y potenciando su realización?

Tales interrogantes no se satisfacen con un mero disponer de las infraestructuras en cuestión. Éstas serán siempre condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo -¡sostenible!- al que se aspira. Pensar que éste nos vendrá por ellas mismas sin más puede ser una peligrosa ingenuidad. Cierto es que las infraestructuras viarias y de todo tipo de comunicación son pieza decisiva de la base económica de nuestra sociedad, estrechamente dependiente de la tecnología a nuestro alcance. Pero sería de un materialismo vulgar –“burgués”, apostillaba Marx-, como aquél que sostenía que las ideas eran al cerebro cual la orina a los riñones, el dar por sentado que el desarrollo es resultado mecánico de autovías y altas velocidades. Por el contrario, las infraestructuras darán todo su rendimiento si, como parte inferior –“infra”- de la estructura social, están en fructífera relación con otras partes de esa estructura, es decir, si las infraestructuras interactúan con unas supraestructuras –o superestructuras, como también suele decirse- que orientan la dirección de los proyectos en que el desarrollo puede verificarse. Será desde la órbita de las supraestructuras desde donde podremos esclarecer ‘para qué’, en efecto, queremos las infraestructuras que nos corresponden. Una vez construidas supondrán mejores condiciones para todo, pero nada determinarán por sí solas. Por eso también hay que trabajar las supraestructuras de Granada para que, cuando las cosas estén a punto, el momento histórico no nos pille con el paso cambiado.
Supraestructuras de Granada son las instituciones a través de las cuales se organiza nuestro microcosmos social, desde las políticas, con sus respectivas administraciones, hasta las académicas, pasando por un amplio elenco de entidades de la sociedad civil, destacando sindicatos y organizaciones empresariales. A través de ese entramado institucional las relaciones sociales de nuestra realidad más próxima ven canalizada su dinámica, sus conflictos y sinergias. ¿Vamos poniendo nuestras relaciones e instituciones a la altura de lo que el mapa de las infraestructuras va dibujando? Algunos obstáculos hay que remover. Habrá que acabar con localismos trasnochados, de lo cual el gobierno municipal de Granada ofrece muestras en demasía, o con la falta de convicción con que se aborda lo relativo al Área Metropolitana. Actitudes y prejuicios sociales han de cambiar para que la contradicción entre posibilidades brindadas por las infraestructuras y lastres acumulados en las supraestructuras no bloquee nuestro desarrollo. Sería imperdonable que la utilidad de unas infraestructuras que invitan a la apertura cosmopolita se viera trabada por hábitos provincianos enquistados en nuestro tejido social –aun siendo verdad que aquéllas también ayudarán a superar éstos-.
Entre los factores supraestructurales hemos de contar con nuestros potenciales de producción de conocimiento, de administración de un legado patrimonial muy valioso, de consolidación de prácticas democráticas y de puesta al día de valores compartidos que nos permitan esbozar proyectos en común. Hay que evitar que nos encontremos con el traje nuevo de unas infraestructuras del siglo XXI dentro del cual viva un cuerpo social con periclitadas ideas de nuestro siglo XX, cuando no del XIX en algunos respectos. Es lo que se expresa cada vez que se constata que a Granada le falta un proyecto justificable y maduro de ciudad, lo cual, dado que es centro de gravedad de la provincia, es carencia que repercute en toda ella. ¿Cómo culminaremos la obra de su articulación cuando tengamos listos esos cimientos que son sus infraestructuras? Las supraestructuras tendrán la palabra y debemos ir pensando qué decimos desde ellas.

(Artículo publicado en el diario IDEAL de Granada el 30 de julio de 2008)

En torno a la defensa

José Antonio Pérez Tapias
Diputado socialista. Miembro de la Comisión de Defensa del Congreso

Cualquier observador atento puede constatar los enormes cambios que se están dando, a lo largo de las últimas décadas, en los ejércitos de los Estados democráticos de derecho. Son muchos los factores que inciden en ese proceso de transformación, los cuales, sin duda, van modulando los planteamientos que desde las democracias constitucionales se hacen respecto a sus políticas de defensa. Es significativo que los correspondientes ministerios de los gobiernos democráticos se estructuren y definan en torno a la “defensa” y no ya, sin más, en torno a la “guerra”. Eso constituye un indicio de la nueva situación en que estamos, sin que ello signifique que la defensa ha dejado de implicar guerra para siempre –eso forma parte de la necesaria utopía de la paz perpetua, dicho en términos kantianos, que no podemos abandonar-, o sin que ello suponga que ya en ningún caso haya Estados que bajo la coartada de la defensa emprenden guerras injustificables. El caso de la desastrosa “guerra preventiva” –fórmula bajo la que se trató de legitimar una guerra ilegal e injusta bajo la coartada de la defensa contra el terrorismo- que hace años se emprendió en Irak es prueba de que no siempre se da la coherencia deseable que supone situar lo militar bajo los matizados parámetros de la defensa y no bajo los de la mera guerra.
Hecha esa constatación inicial, podemos decir que el nuevo marco internacional de un mundo globalizado, las misiones de pacificación de conflictos encomendadas a las fuerzas armadas, las interrelaciones entre militares de muy diferentes países, la nueva cultura de los derechos humanos que también, afortunadamente, va empapando la teoría y práctica de la actividad militar y, por supuesto, el control democrático de los ejércitos y la neta subordinación del poder militar al poder civil, proporcionan los elementos que configuran el nuevo perfil de los ejércitos de los países democráticos. Es desde esa nueva situación como dichos ejércitos dan valiosos pasos hacia delante en lo que se refiere a sus estructuras, modos de actuación, formación de sus miembros y materiales que utilizan, en la línea de un funcionamiento y una acción más consonante con los derechos humanos, con los principios democráticos y con el empeño de “civilizar” al máximo el uso de la violencia que lo militar lleva consigo. También es cierto que en el contexto en que nos movemos aparecen problemáticas inéditas que reclaman nuevos enfoques políticos alentados por un análisis lúcido de lo que está en juego. Un par de casos pueden ilustrar, respectivamente, tanto una cosa como la otra.
En cuanto a los avances señalados tenemos, sin ir más lejos, el acuerdo internacional para erradicar las llamadas “bombas de racimo” –enormemente destructivas para las personas, con especial incidencia sobre los civiles que se ven envueltos en conflictos armados-, al que desde su gestación se ha sumado España y que la pasada semana fue presentado por la Ministra de Defensa, Carme Chacón, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Tras los acuerdos logrados en la Convención de Dublín el pasado 30 de mayo, recogiendo el compromiso de más de cien Estados firmantes respecto a la no fabricación de tan mortíferos artefactos, a la inutilización de los existentes, a la desactivación de los que se hallan desperdigados por múltiples escenarios de combates y a la atención de las víctimas que han sufrido heridas o mutilaciones por dichas armas, además del compromiso de frenar radicalmente la comercialización y difusión de tales armas, queda la ratificación de todo ello en Oslo prevista para el próximo 3 de diciembre. Países como Reino Unido, Noruega, Australia, Nueva Zelanda o España ya se van adelantando a aquello a lo que estos acuerdos comprometen. En ese sentido, la actuación concertada de nuestros Ministerios de Defensa, Exteriores e Industria permitirá no sólo desactivar las 5589 bombas de racimo que tienen las Fuerzas Armadas españolas –que, por cierto, nunca han llegado a utilizar este tipo de munición-, sino reciclar sus materiales, reconducir la producción industrial que se dedicaba a ello y destinar más de cuatro millones de euros a cooperación para asistencia a víctimas de tales explosivos. Todo ello ha sido posible por las decisiones del gobierno en esa materia, por las iniciativas convergentes y complementarias de todos los grupos parlamentarios y por la acción desde tiempo atrás de ONGs y otras entidades de la sociedad civil. Además de la importancia que tiene el que España se haya sumado desde el comienzo a un Convenio como éste, hay que destacar los planteamientos con los que discursivamente se ha respaldado. En ese sentido, palabras de la ministra Chacón diciendo que, “como país democrático, consideramos que no vale todo en la guerra”, o insistiendo en que ésta misma “debe someterse a leyes”, las de un derecho humanitario que señala “límites que no deben traspasarse”, son palabras que merecen ser realzadas.
En lo que se refiere a nuevas problemáticas que es necesario afrontar, más allá de coyunturas inmediatas, tenemos, por ejemplo, una sobre la cual se aprobó una resolución, tan necesaria como sintomática, en la última Asamblea Parlamentaria de la OSCE celebrada a finales de junio en Astaná, la capital de la república ex-soviética de Kazajstán. La resolución era relativa al control parlamentario, no ya de las actividades de las fuerzas armadas de cada país en las zonas en que actúen, que se da por supuesto, sino a las actividades de las “empresas privadas militares”, además de las de seguridad, que colaboran con dichas fuerzas. Tal es el caso en Irak o en Afganistán, por citar algunos especialmente notables. El tema es delicado, pues aparte la dificultad de control democrático de la actividad de empresas que realizan tareas que precisamente se hallan “fuera de control”, la cuestión de principio que plantea la existencia de tales entidades dedicadas a lo militar –algunas veces se les llama paramilitares, por no hablar de mercenarios, aunque las connotaciones en uno y otro caso no sean precisamente las mejores-, es que con ellas se ve mermado de hecho el monopolio de la violencia legítima que desde Weber caracterizaba al Estado, máxime si éste pretende ser democrático y de derecho. Una privatización de lo militar como la señalada requiere, según planteaba la Asamblea de la OSCE, controles democráticos, cuando menos, pero la cuestión no queda ahí, pues por la índole de sus actividades lo que hagan empresas de ese tipo puede acabar afectando a lo que pensamos que debe ser el papel defensivo de los ejércitos de Estados cabalmente democráticos. Podemos decir que la cuestión queda lejos, por fortuna, de las Fuerzas Armadas españolas, pero su colaboración con otras fuerzas militares en diversos escenarios internacionales aconseja reflexionar sobre esa privatización de lo militar que, fuera de control, puede redundar en que se desteja por un lado lo que paciente, civilizada y democráticamente tejemos por otro.


(Artículo publicado en La Opinión de Granada el 21 de julio de 2008)

Palabras sobre la crisis: ni fetiches ni tabúes

JOSÉ ANTONIO PÉREZ TAPIAS

La tozuda realidad ha hecho insoslayable hablar de crisis económica. La renuencia a utilizar la palabra “crisis” desde la órbita del gobierno, explicable cuando hace meses los datos económicos no eran tan apabullantes, se había convertido en un obstáculo para una comunicación exitosa de la política diseñada para hacer frente a tan crítica situación. Ésta no quedaba mejor afrontada por apelar al significado técnico del término en cuestión según la economía académica para concluir que no era pertinente su uso político. La percepción subjetiva de crisis ganaba la partida al empeño bienintencionado de no utilizar un lenguaje pesimista que acentuara los factores psicológicos reforzadores de aquello que se quería evitar. Mas lo cierto es que, pasado cierto umbral, no se lograba una comunicación eficaz con la ciudadanía para trasladarle confianza y credibilidad, por más vueltas que se diera para calificar y recalificar la desaceleración en curso –haciendo de camino un uso fetichista del término “desaceleración” para ahuyentar la crisis que anunciaba-. Así hasta que el Presidente del Gobierno se decidió a hablar de crisis y el Presidente de la Junta de Andalucía, en el Congreso de los socialistas andaluces, pasó de inmediato a decir que hemos de estar junto a quienes van a sufrir con más fuerza sus efectos, que es ciertamente lo que debemos hacer.

Un trance como el descrito me ha traído a la memoria un libro de John L. Austin, publicado allá por los setenta del pasado siglo y entonces novedosamente titulado Cómo hacer cosas con palabras. En dicha obra, el filósofo británico trataba de clarificar, desde la pragmática del lenguaje, lo que hacemos cuando nos comunicamos unos con otros profiriendo algún tipo de enunciado. Al mostrar lo que conseguimos al hablar, a través de la fuerza con que operan las palabras y frases que utilizamos, ponía de relieve aquello que venimos haciendo desde siempre los hablantes sin ser conscientes de ello. Hizo recordar aquel famoso epigrama de Moratín que narra cómo se admiró un portugués al ver que todos los niños de Francia sabían hablar francés, aunque refiriendo esta vez el asombro a nosotros mismos Siempre sorprende el descubrir alguna variante de lo que señalaba Marx con su conocida fórmula “no lo saben, pero lo hacen”, lo cual conlleva en el caso que nos ocupa la satisfacción interna de comprobar que no hace falta que seamos gramáticos para hablar correctamente en nuestra lengua.

Lo que ya no es para asombrarse positivamente en este siglo XXI, cuando se ha escrito mucho de filosofía del lenguaje y se ha teorizado aún más sobre comunicación, amén del saber que siglos atrás acumuló la antigua retórica, es la manera con que a veces se hacen cosas con palabras en el ámbito político. Hay que reconocer que ha sido erróneo el titubeo sobre usar o no la palabra “crisis” ante la situación que se echaba encima. En medio de una confrontación política en torno a la definición de “crisis”, lo que se ha dejado ver ha sido un uso del lenguaje poco menos que mágico, como si las palabras por sí mismas produjeran efectos sobre la realidad que nombran por el mero hecho de desear que así sea. Pero nada ocurre de buenas a primeras: esa magia de las palabras se nutre desde concepciones ideológicas que acaban encubriendo la realidad, en vez de favorecer el acercamiento crítico a la misma. Así, los mecanismos ideológicos tanto promueven la utilización de ciertas palabras como fetiches cuanto la consideración de otras como tabúes. Situaciones de ese tipo se dan con frecuencia y el fracaso de tales mágicas pretensiones es indicio de buena salud lingüística de la comunidad de hablantes, así como de buena salud democrática. De una forma u otra queda refutado el cinismo de Humpty Dumpty en A través del espejo y lo que Alicia encontró al otro lado, de Carroll, al declarar que no importa qué significan las palabras, dado que lo relevante es quién manda. Parece evidenciarse un vínculo profundo entre comunicación lingüística y democracia, que después de todo son ámbitos de soberanía del pueblo.

El constatar durante los pasados meses una resistencia a la palabra “crisis” que hacía de ésta un tabú innombrable, hasta que nos hemos visto liberados de la proscripción que había recaído sobre su uso, no es algo relativo a un fenómeno único. Por uno y otro lado del espectro político hallamos palabras que obran como los mencionados fetiches, como si su invocación produjera poco menos que efectos sobrenaturales, y palabras tratadas como tabúes, cuya pronunciación es para algunos, como si violaran alguna prohibición, poco menos que causante de una contaminación de la que hubiera que librarse ritualmente. Para la derecha española es un fetiche de uso abundante en sus discursos la palabra “nación”, refiriéndola a España de manera esencialista y ahistórica para conjurar al proferirla todo aquello que ponga en peligro esa “indisoluble unidad” que en verdad, tras el orden constitucional que la consagra, no tiene más apoyo que la voluntad de la ciudadanía. En contraste, decir “federalismo”, por ejemplo, es para el PP un tabú del cual se ha de permanecer alejado, pues cualquier cesión en ese terreno sería como mancharse con las excrecencias de la España plural. Por la punta inversa del espectro político, tenemos nacionalismos que, cual el del PNV, han hecho un fetiche de la fórmula “derecho a decidir”, atribuyendo a su enunciación efectos milagrosos aunque sea pasando por encima de los procedimientos de nuestro Estado de derecho y generando fuertes tensiones incluso en las propias filas. No hace falta insistir en que en ese caso el tabú recae sobre el mismo nombre de “España”, que mancharía la boca de todo nacionalista no españolista, que en último extremo se agarra a la expresión “Estado español” para evitar el estigma que supondría pronunciar la palabra censurada. Y si miramos hacia otras latitudes de la vida pública nos tropezamos con una Iglesia católica que, en sus instancias jerárquicas, no aguanta ni mencionar la palabra “laicidad”, distorsionando su mismo significado para tranquilizar su clerical conciencia confesionalista. A la Iglesia no le faltan fetiches en sus declaraciones con pretensiones de intromisión ilegítima en el quehacer de las instituciones políticas, como es el caso de la vieja noción de “ley natural”, a la que se suele remitir tratando de monopolizarla.

Ante tantos fetiches y tabúes que distorsionan la comunicación veraz que nos debemos, bien puede repararse en lo que dice uno de los personajes de Manuel Rivas, en su obra Los libros arden mal, acerca de “lo endemoniadas que son las palabras”, tan codiciadas por lo demás para mandar a través de ellas. Por eso es necesario utilizarlas con precisión –añade-, a la vez que se logra que “las palabras vean que no les tenemos miedo”, pues cuando eso sucede acaban dominándonos. Ninguno de nosotros es Adán para nombrar las cosas inauguralmente y si, por una parte, no tenemos que dejarnos atrapar por determinados usos lingüísticos que son como ídolos que en la plaza pública producen falsos encantamientos, por otra no podemos hacer con el lenguaje lo que arbitrariamente queramos. Es herencia común para comunicarnos y eso es lo que debemos promover también en el debate político si queremos vivir en una democracia que dé pasos hacia objetivos de libertad y justicia como hitos del progreso que cabe perseguir. Por cierto, “progreso” es otra palabra que fácilmente se ve convertida en fetiche y frente a ello también hay que vacunarse para no repetir como farsa la trágica historia de tantos hechos escandalosos justificados en aras del progreso invocado.

(Artículo publicado en el diario Ideal de Granada el 20 de julio de 2008)

Deliberando sobre inmigración

JOSÉ ANTONIO PÉREZ TAPIAS

La ponencia del recién terminado Congreso del PSOE recoge el concepto de “democracia deliberativa”. Está bien, si los socialistas somos consecuentes con lo que implica. El filósofo Habermas, inspirado en la idea republicana de participación, insiste en que la democracia no debe limitarse a la aplicación mecánica del juego de mayorías y minorías. Si ella apela al voto de la mayoría para conformar la voluntad política, y así debe ser, eso no basta en cuanto a plena legitimidad si de ese voto no se pueden dar buenas razones. Sería fatal que respondiera a una suma de intereses injustificables. En democracia hemos de darnos razones, lo cual no significa prescindir de los intereses –sería suicida-, pero sí que cualesquiera que sean han de pasar el filtro de los criterios que podamos compartir para que algo sea justificable. Así ha de ser en el ámbito parlamentario, en el espacio de la opinión pública y en el seno de los partidos. Con tales procesos deliberativos, las decisiones políticas quedan argumentadas, lo cual es el imprescindible refuerzo de legitimidad que demanda la legalidad de la toma de decisiones por votación mayoritaria.
¿Avanzamos en “democracia deliberativa” o corremos el peligro de instrumentalizar la noción, alejándonos de lo que supone? Ejemplo de lo último lo tenemos en la “Directiva de retorno de inmigrantes irregulares” aprobada en el Parlamento Europeo, con el voto de la derecha más los votos de los socialistas españoles, aunque con las excepciones de Borrell, Obiols y Grau.
¿Por qué encontramos ahí un contraejemplo de “democracia deliberativa”? Cabe abundar en distintas respuestas, como ya se ha hecho en los medios de comunicación. Desde el conocimiento de la Directiva, no desde la ignorancia –como se ha llegado a decir-, y desde posiciones consecuentemente democráticas, se han puesto de relieve los excesos, difícilmente justificables desde el punto de vista jurídico, que la misma encierra: internamiento administrativo del inmigrante que puede llegar hasta 18 meses, retorno de niños incluso trasladándolos a países distintos del suyo, prohibición de vuelta durante cinco años, etc. Todo ello responde a una perspectiva de seguridad que trata la figura del inmigrante ubicándolo imaginariamente en los aledaños de la delincuencia. No es demagogia decir que ahí estriba la victoria de Berlusconi, aunque haya cedido para obtenerla. Como no lo es indicar lo conseguido por Sarkozy al quedar aprobada una Directiva de expulsión, por más que se haya guardado su contrato de integración.
¿Qué decir del voto de la mayoría de nuestros parlamentarios? ¿Por qué no se siguió la pauta del resto del grupo socialista? ¿Por qué no se tuvieron en cuenta los argumentos de Delors y Rocard en contra? Podemos dar una respuesta benévola: se han tenido fuertes motivos –y lo escribo en plural para que no se vea asomo alguno de juicio improcedente respecto al voto de compañeros socialistas sujetos a la disciplina de las indicaciones del gobierno-, pero han faltado buenas razones. Hay motivos que arrancan de la necesidad de afrontar problemas que plantea la inmigración, o que tienen que ver con lo pactado con el gobierno francés, o que brotan de sondeos de intención de voto. Son motivos que hay que tener en cuenta, pero que no proporcionan una justificación de la posición asumida. Las colisiones con derechos humanos, con artículos del Tratado de Lisboa que ya hemos ratificado, con lo que hemos proclamado en la campaña electoral, con lo que hemos hecho en la Legislatura anterior…, supone un cúmulo de contradicciones desde el que no cabe aducir buenas razones. No vale decir que se trata de una Directiva de mínimos, cuando los mínimos no permiten una justificación ética y jurídica coherente. Los motivos han aplastado las razones. La deliberación ha sucumbido frente a una estrategia alicorta, que ni frenará la inmigración, ni librará a nuestra normativa garantista de verse afectada por lo que desde el contexto europeo acaba determinando a nuestros textos legislativos. La responsabilidad nos debe llevar a afinar en la deliberación para las decisiones que tomamos. De lo contrario, quedaremos por detrás del mismísimo Kant, que ya ponía la hospitalidad respecto al extranjero como piedra de toque de una sociedad civilizada en trance de ir aproximando su legalidad a lo que la moralidad exige; y nos tendremos que ir olvidando de ser referencia de la izquierda europea.

[Artículo publicado en la revista EL SIGLO, nº 795 (7 de julio de 2008), p. 40]