Las palabras del epígrafe constituyen el título de mi último libro, publicado por la Editorial Universidad de Granada.
Lo presentamos el jueves 19 de junio, a las 8 de la tarde. Ahí va la invitación:
LA EDITORIAL UNIVERSIDAD DE GRANADA (EUG),
SE COMPLACE EN INVITARLE A LA PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS
ARGUMENTOS CONTRA LA ANTIPOLÍTICA,
DE JOSÉ ANTONIO PÉREZ TAPIAS
Y
NO ME DA IGUAL. REFLEXIONES SOBRE MI TIEMPO,
DE NICOLÁS LÓPEZ CALERA,
QUE CORRERÁ A CARGO DE PEDRO CEREZO GALÁN Y MELCHOR SAINZ-PARDO RUBIO.
SALA DE CONFERENCIAS. COMPLEJO ADMINISTRATIVO TRIUNFO
C/ CAPITÁN MORENO, S/N. 18071 GRANADA
JUEVES, 19 DE JUNIO
A LAS 20 HORAS
martes, 17 de junio de 2008
sábado, 14 de junio de 2008
En busca del modelo ausente
José Antonio Pérez Tapias
En este verano político, tormentoso por la crisis económica y con el PP en acalorado trance, se va a hacer notar el debate en torno a la financiación de las Comunidades autónomas. Un panorama denso se perfila a través de declaraciones cruzadas de presidentes y consejeros de distintas Comunidades –Montilla, por Cataluña, y Chaves, por Andalucía, encabezan enfoques diversos-, de convocatorias del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de reuniones del presidente del gobierno con presidentes autonómicos, y de cenas de Zapatero con barones socialistas en pos del necesario consenso. Como telón de fondo, los “consejos” de Felipe González, el enredo de Ibarretxe, las resoluciones pendientes del Tribunal Constitucional y la reclamada financiación de los ayuntamientos. Todo ello forma parte de la “obra en movimiento” que es el Estado de las autonomías. La metáfora es préstamo del semiólogo Umberto Eco, cuya consideración de la obra de arte como “obra abierta” vale también como símil de nuestro original invento político: el Estado descentralizado que arranca de la Constitución de 1978.
Las reformas de los Estatutos de diferentes Comunidades confirman, más que en su primera versión, que el texto constitucional ofrece un amplio margen para lo que a partir de él se pueda hacer. De hecho ha sido y es así, de forma que la “cuestión (de la pluralidad) nacional” ha tenido por ahí una vía de encauzamiento. “Nacionalidades y regiones” –rara vez se habla ya de lo segundo-, accediendo al autogobierno, encontraron el camino para la reconfiguración territorial del poder, para más participación democrática y para la reconstrucción de sus identidades políticas. El funcionamiento de tan compleja maquinaria requiere suficiente financiación para las Autonomías. En 1999 se logró un acuerdo, pero ha quedado rebasado por las competencias transferidas y por los nuevos Estatutos y los compromisos que recogen sobre financiación –algunos, como el de Cataluña, incluso con fecha para su cumplimiento-. Pactar un nuevo sistema es obligado para cuadrar las cuentas del Estado autonómico. Están en la trastienda las balanzas fiscales; no hay que barajarlas como criterio para distribuir fondos, pero se miran de reojo. Están sobre el papel los impuestos a reestructurar mediante cesión del IVA y del IRPF hasta el 50 por ciento, más los especiales hasta el 58 por ciento, pero hay que aclarar cuestiones de corresponsabilidad fiscal. Están sobre la mesa las políticas sociales en educación, sanidad, servicios sociales y otras, pero hay que ponerse de acuerdo sobre cuáles han de garantizarse desde el Fondo de Suficiencia. Y está una población, dispersa y envejecida en unos casos o incrementada por la inmigración en otros, que reclama conjugar lo que demandan ambas situaciones. Por más que la capacidad del Estado tenga límites, como el ministro de economía ha recordado, en el reparto todos deben ganar, aun mediante negociaciones bilaterales con aprobación multilateral. La apuesta es fuerte.
Replantear ahora el sistema de financiación implica perfilar con mayor concreción un Estado autonómico que nació sin modelo definido. Lo que los Estatutos reformados no acaban de aclarar debe resolverse solucionando el problema representado por un cuadro de doble entrada –población y recursos- que ha de tener diecisiete salidas, una para cada Comunidad. Dos de ellas tienen un sistema distinto de financiación: concierto vasco y régimen foral navarro. El cuadro, pues, es asimétrico y su apoyatura constitucional lo hace irreversible. Así las cosas, ¿habrá que evitar derivas de signo confederal, que se presentarían más acentuadas si Cataluña se inclinara hacia algo similar al cupo vasco? La cohesión del Estado requiere un sistema de financiación según criterios igualitarios de corte federalista. No cabe, por tanto, sino trabajar el Estado de las autonomías con las claves de un federalismo cooperativo que, a partir de las diferencias entre territorios, garantice solidariamente la igualdad entre ciudadanos. La “obra abierta” sobre la que versa dicha tarea no hace imperativa una sola interpretación, mas tampoco da pie a cualquier lectura. Hay que refutar en este terreno a quienes dicen, por la derecha, que la abertura de la obra conduce a su disolución o a quienes apuntan, por el extremo opuesto, como Roland Barthes tras Umberto Eco, a la muerte del autor –en este caso, la nación cívica constituida por la ciudadanía española-.
[Artículo publicado en la revista EL SIGLO, nº 791 (9 junio 2008), p. 44]
En este verano político, tormentoso por la crisis económica y con el PP en acalorado trance, se va a hacer notar el debate en torno a la financiación de las Comunidades autónomas. Un panorama denso se perfila a través de declaraciones cruzadas de presidentes y consejeros de distintas Comunidades –Montilla, por Cataluña, y Chaves, por Andalucía, encabezan enfoques diversos-, de convocatorias del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de reuniones del presidente del gobierno con presidentes autonómicos, y de cenas de Zapatero con barones socialistas en pos del necesario consenso. Como telón de fondo, los “consejos” de Felipe González, el enredo de Ibarretxe, las resoluciones pendientes del Tribunal Constitucional y la reclamada financiación de los ayuntamientos. Todo ello forma parte de la “obra en movimiento” que es el Estado de las autonomías. La metáfora es préstamo del semiólogo Umberto Eco, cuya consideración de la obra de arte como “obra abierta” vale también como símil de nuestro original invento político: el Estado descentralizado que arranca de la Constitución de 1978.
Las reformas de los Estatutos de diferentes Comunidades confirman, más que en su primera versión, que el texto constitucional ofrece un amplio margen para lo que a partir de él se pueda hacer. De hecho ha sido y es así, de forma que la “cuestión (de la pluralidad) nacional” ha tenido por ahí una vía de encauzamiento. “Nacionalidades y regiones” –rara vez se habla ya de lo segundo-, accediendo al autogobierno, encontraron el camino para la reconfiguración territorial del poder, para más participación democrática y para la reconstrucción de sus identidades políticas. El funcionamiento de tan compleja maquinaria requiere suficiente financiación para las Autonomías. En 1999 se logró un acuerdo, pero ha quedado rebasado por las competencias transferidas y por los nuevos Estatutos y los compromisos que recogen sobre financiación –algunos, como el de Cataluña, incluso con fecha para su cumplimiento-. Pactar un nuevo sistema es obligado para cuadrar las cuentas del Estado autonómico. Están en la trastienda las balanzas fiscales; no hay que barajarlas como criterio para distribuir fondos, pero se miran de reojo. Están sobre el papel los impuestos a reestructurar mediante cesión del IVA y del IRPF hasta el 50 por ciento, más los especiales hasta el 58 por ciento, pero hay que aclarar cuestiones de corresponsabilidad fiscal. Están sobre la mesa las políticas sociales en educación, sanidad, servicios sociales y otras, pero hay que ponerse de acuerdo sobre cuáles han de garantizarse desde el Fondo de Suficiencia. Y está una población, dispersa y envejecida en unos casos o incrementada por la inmigración en otros, que reclama conjugar lo que demandan ambas situaciones. Por más que la capacidad del Estado tenga límites, como el ministro de economía ha recordado, en el reparto todos deben ganar, aun mediante negociaciones bilaterales con aprobación multilateral. La apuesta es fuerte.
Replantear ahora el sistema de financiación implica perfilar con mayor concreción un Estado autonómico que nació sin modelo definido. Lo que los Estatutos reformados no acaban de aclarar debe resolverse solucionando el problema representado por un cuadro de doble entrada –población y recursos- que ha de tener diecisiete salidas, una para cada Comunidad. Dos de ellas tienen un sistema distinto de financiación: concierto vasco y régimen foral navarro. El cuadro, pues, es asimétrico y su apoyatura constitucional lo hace irreversible. Así las cosas, ¿habrá que evitar derivas de signo confederal, que se presentarían más acentuadas si Cataluña se inclinara hacia algo similar al cupo vasco? La cohesión del Estado requiere un sistema de financiación según criterios igualitarios de corte federalista. No cabe, por tanto, sino trabajar el Estado de las autonomías con las claves de un federalismo cooperativo que, a partir de las diferencias entre territorios, garantice solidariamente la igualdad entre ciudadanos. La “obra abierta” sobre la que versa dicha tarea no hace imperativa una sola interpretación, mas tampoco da pie a cualquier lectura. Hay que refutar en este terreno a quienes dicen, por la derecha, que la abertura de la obra conduce a su disolución o a quienes apuntan, por el extremo opuesto, como Roland Barthes tras Umberto Eco, a la muerte del autor –en este caso, la nación cívica constituida por la ciudadanía española-.
[Artículo publicado en la revista EL SIGLO, nº 791 (9 junio 2008), p. 44]
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