JOSÉ ANTONIO PÉREZ TAPIAS
Los posos de la historia asoman a la superficie cuando se remueven sus aguas. Sorprende cómo perdura lo que estaba en el fondo y cómo, llegado el momento, sale a la luz empujado por los acontecimientos. Un caso de tal emergencia, al hilo de los cambios que se dan en la sociedad española y que encuentran en la escena política la representación de las tensiones que provocan, lo vemos en el debate sobre la Educación para la ciudadanía –materia obligatoria establecida por la LOE-. La polémica se ha reactivado al hacerse pública una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconociendo el derecho de unos padres a la objeción de conciencia respecto a dicha materia. La sentencia, respecto a la cual la Junta de Andalucía anunció recurso ante el Supremo teniendo a la vista las pronunciadas en sentido contrario por los Tribunales Superiores de Cataluña y Asturias, ha sido acogida con satisfacción tanto por la derecha política como por la eclesiástica. Desde otras posiciones se espera que las instancias judiciales resuelvan a favor de una materia que se imparte en países de la UE y que es cauce de formación cívica sin adoctrinamiento alguno. No obstante, interesa indagar en lo que subyace a ese rechazo a la Educación para la ciudadanía.
La iniciativa de recusar la asignatura se sitúa en los sectores más integristas de la Iglesia española, los que han logrado reponer al cardenal Rouco al frente de la Conferencia Episcopal. Hay en España un catolicismo que institucionalmente está a la defensiva ante su progresiva pérdida de poder ideológico y de presencia social. En las actitudes de esa Iglesia se detectan las resistencias a perder el monopolio religioso que ha detentado en la sociedad española, con sus efectos en la definición de lo moral y en el mantenimiento de ciertos privilegios. Pero sólo eso no explica tanta cerrazón ante medidas de inequívoco carácter democrático. ¿Cuál es el fondo de la cuestión?
Más allá de lo inmediato, en las prácticas de la derecha eclesiástica late un fuerte apego a planteamientos pretéritos que le hacen muy difícil tomarse en serio la democracia. Tal apego no es meramente a posiciones de un pasado próximo, sino a planteamientos remotos que no por ello han perdido toda su fuerza, ni siquiera tras un Concilio Vaticano II que quiso dejar atrás doctrinas inasumibles desde un consecuente punto de vista evangélico. En el caso que debatimos se detecta la pervivencia de posos muy arraigados de agustinismo político. Así es en la manera como la derecha eclesiástica aborda la relación con la política y mantiene que la Iglesia debe ser “instancia moral última”. Recordemos que el agustinismo político, que no hay que identificar con el pensamiento de San Agustín aunque tenga en él su origen, alcanzó su apogeo en el siglo XI con el papa Gregorio VII. Su núcleo se cifra en la imagen de las dos espadas, símbolos del poder del Estado y de la Iglesia. Éstos no se conciben simétricos, y lejos está el primero de pensarse con una relativa autonomía –como haría después el tomismo-, pues clave de tal elaboración teológico-política es la afirmación de la supremacía del poder eclesiástico. A ello se llegó cuando de hecho la Iglesia había absorbido al Estado, que pasó a ser su brazo secular. Después esto adquirió acentos distintos con la escolástica tomista, hasta que en el siglo XX cambia radicalmente con el Vaticano II. Pero a pesar de la modernidad y de los avances en democracia, ese trasfondo de agustinismo político no se ha disipado del todo y sigue nutriéndose de la reticencia hacia el Estado que atraviesa la historia eclesiástica.
Puede pensarse que retrotraer las cosas hasta ese pasado es una exageración. Mas para comprobar que ese fondo sigue ahí se puede ir directamente a textos contemporáneos, escritos por ejemplo por el cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI, al que el episcopado español considera su mentor más allá de sus estrictas funciones magisteriales. Tales textos se sitúan en la órbita del neoconservadurismo que actualmente trata de ganar la batalla en torno a los valores que han de regir la sociedad, interviniendo para ello en la confrontación política. Hay un punto crucial en la concepción teológica de Ratzinger que justifica hablar de un resto de agustinismo político que sigue pesando y es la consideración del mismo Estado democrático de derecho como societas imperfecta, frente al cual la Iglesia sería societas perfecta. Desde esa perspectiva se pretende fijar desde la Iglesia el fundamento del orden moral que, conforme a la ley natural, ha de ser respetado por el Estado. Se trata, según ese enfoque, de un fundamento prepolítico del que depende la legitimidad del orden político. Sólo ocurre que ya no se puede deponer gobernantes por vía de excomunión como hizo Gregorio VII con el rey germánico Enrique IV, ni puede el poder espiritual dirigirse imperativamente al político como hizo el papa Gelasio, pionero del agustinismo, con el emperador en el siglo V. Ahora ya no se puede destituir a un presidente, ni surte efecto el anatematizar a un parlamento. Está la vía de la injerencia política, pero si falla la instrumentalización de la vía electoral que la democracia ofrece, por no obtener el apoyo deseado el partido conservador que se utiliza como aliado, queda propugnar objeción de conciencia respecto a la normativa legal, aunque sea la de una democracia con todas las de la ley. Basta aducir que no responde al bien común tal como la autoridad eclesiástica lo entiende. ¿Que no se da al César lo que es suyo, que no se atiende a lo que dice San Pablo en su carta a los Romanos sobre la obediencia a la legítima autoridad política, que se pasa por alto la autonomía del orden temporal reconocida por el Vaticano II? Son cuestiones que ya se encarga el aparato eclesiástico de reconducir según su doctrina neoconservadora.
Con todo, no queda ahí la historia. La derecha política, dado que la Iglesia le pone en bandeja el bocado de la objeción de conciencia a la Educación para la ciudadanía, no está dispuesta a renunciar a él, pues le saca buenos réditos políticos. Cuando se conoce la citada sentencia de Andalucía, falta tiempo para que la presidenta de la Comunidad de Madrid invite de hecho a que se haga objeción de conciencia, sin importarle la manipulación de sus hijos que para tal actuación hagan los padres. Hubiera sido más claro hablar de desobediencia civil, pues se está induciendo a una actuación generalizada no acotada a la resistencia personal a una obligación legal que repugna a la conciencia individual. Sin embargo, tampoco la desobediencia civil es defendible por quienes han desestimado otras vías que nuestro ordenamiento legal ofrece para intentar la reforma de una ley. En relación a la Educación para la ciudadanía el PP no ha puesto ningún recurso ante el Tribunal Constitucional. No estamos ante una desobediencia civil planteada desde la convicción de que vivimos en una democracia suficientemente legitimada que necesita mejorar, sino ante una práctica de erosión de un gobierno y de deslegitimación del orden normativo. Cabe concluir entonces que se trata de una incitación a la insumisión, que el PP parece no tener inconveniente en propugnar. Rajoy, su presidente, algo tendría que decir de nuevo para frenar tal desatino y salvar su credibilidad ante la llamada de los suyos al incumplimiento de la ley. Algo tendría que decir también ante el cinismo que supone vaciar de contenido la asignatura en cuestión, bajo el subterfugio de impartirla en inglés, como se propone en la Comunidad Valenciana. ¿No resulta entonces que, si no se incita a la insumisión, se está bordeando el fraude de ley? ¡Pobre ciudadanía democrática, alanceada abierta o encubiertamente por insumisos después de topar con los sectores más conservadores de la Iglesia!
(Artículo publicado en el diario Ideal de Granada el 27 de marzo de 2008)
Los posos de la historia asoman a la superficie cuando se remueven sus aguas. Sorprende cómo perdura lo que estaba en el fondo y cómo, llegado el momento, sale a la luz empujado por los acontecimientos. Un caso de tal emergencia, al hilo de los cambios que se dan en la sociedad española y que encuentran en la escena política la representación de las tensiones que provocan, lo vemos en el debate sobre la Educación para la ciudadanía –materia obligatoria establecida por la LOE-. La polémica se ha reactivado al hacerse pública una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconociendo el derecho de unos padres a la objeción de conciencia respecto a dicha materia. La sentencia, respecto a la cual la Junta de Andalucía anunció recurso ante el Supremo teniendo a la vista las pronunciadas en sentido contrario por los Tribunales Superiores de Cataluña y Asturias, ha sido acogida con satisfacción tanto por la derecha política como por la eclesiástica. Desde otras posiciones se espera que las instancias judiciales resuelvan a favor de una materia que se imparte en países de la UE y que es cauce de formación cívica sin adoctrinamiento alguno. No obstante, interesa indagar en lo que subyace a ese rechazo a la Educación para la ciudadanía.
La iniciativa de recusar la asignatura se sitúa en los sectores más integristas de la Iglesia española, los que han logrado reponer al cardenal Rouco al frente de la Conferencia Episcopal. Hay en España un catolicismo que institucionalmente está a la defensiva ante su progresiva pérdida de poder ideológico y de presencia social. En las actitudes de esa Iglesia se detectan las resistencias a perder el monopolio religioso que ha detentado en la sociedad española, con sus efectos en la definición de lo moral y en el mantenimiento de ciertos privilegios. Pero sólo eso no explica tanta cerrazón ante medidas de inequívoco carácter democrático. ¿Cuál es el fondo de la cuestión?
Más allá de lo inmediato, en las prácticas de la derecha eclesiástica late un fuerte apego a planteamientos pretéritos que le hacen muy difícil tomarse en serio la democracia. Tal apego no es meramente a posiciones de un pasado próximo, sino a planteamientos remotos que no por ello han perdido toda su fuerza, ni siquiera tras un Concilio Vaticano II que quiso dejar atrás doctrinas inasumibles desde un consecuente punto de vista evangélico. En el caso que debatimos se detecta la pervivencia de posos muy arraigados de agustinismo político. Así es en la manera como la derecha eclesiástica aborda la relación con la política y mantiene que la Iglesia debe ser “instancia moral última”. Recordemos que el agustinismo político, que no hay que identificar con el pensamiento de San Agustín aunque tenga en él su origen, alcanzó su apogeo en el siglo XI con el papa Gregorio VII. Su núcleo se cifra en la imagen de las dos espadas, símbolos del poder del Estado y de la Iglesia. Éstos no se conciben simétricos, y lejos está el primero de pensarse con una relativa autonomía –como haría después el tomismo-, pues clave de tal elaboración teológico-política es la afirmación de la supremacía del poder eclesiástico. A ello se llegó cuando de hecho la Iglesia había absorbido al Estado, que pasó a ser su brazo secular. Después esto adquirió acentos distintos con la escolástica tomista, hasta que en el siglo XX cambia radicalmente con el Vaticano II. Pero a pesar de la modernidad y de los avances en democracia, ese trasfondo de agustinismo político no se ha disipado del todo y sigue nutriéndose de la reticencia hacia el Estado que atraviesa la historia eclesiástica.
Puede pensarse que retrotraer las cosas hasta ese pasado es una exageración. Mas para comprobar que ese fondo sigue ahí se puede ir directamente a textos contemporáneos, escritos por ejemplo por el cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI, al que el episcopado español considera su mentor más allá de sus estrictas funciones magisteriales. Tales textos se sitúan en la órbita del neoconservadurismo que actualmente trata de ganar la batalla en torno a los valores que han de regir la sociedad, interviniendo para ello en la confrontación política. Hay un punto crucial en la concepción teológica de Ratzinger que justifica hablar de un resto de agustinismo político que sigue pesando y es la consideración del mismo Estado democrático de derecho como societas imperfecta, frente al cual la Iglesia sería societas perfecta. Desde esa perspectiva se pretende fijar desde la Iglesia el fundamento del orden moral que, conforme a la ley natural, ha de ser respetado por el Estado. Se trata, según ese enfoque, de un fundamento prepolítico del que depende la legitimidad del orden político. Sólo ocurre que ya no se puede deponer gobernantes por vía de excomunión como hizo Gregorio VII con el rey germánico Enrique IV, ni puede el poder espiritual dirigirse imperativamente al político como hizo el papa Gelasio, pionero del agustinismo, con el emperador en el siglo V. Ahora ya no se puede destituir a un presidente, ni surte efecto el anatematizar a un parlamento. Está la vía de la injerencia política, pero si falla la instrumentalización de la vía electoral que la democracia ofrece, por no obtener el apoyo deseado el partido conservador que se utiliza como aliado, queda propugnar objeción de conciencia respecto a la normativa legal, aunque sea la de una democracia con todas las de la ley. Basta aducir que no responde al bien común tal como la autoridad eclesiástica lo entiende. ¿Que no se da al César lo que es suyo, que no se atiende a lo que dice San Pablo en su carta a los Romanos sobre la obediencia a la legítima autoridad política, que se pasa por alto la autonomía del orden temporal reconocida por el Vaticano II? Son cuestiones que ya se encarga el aparato eclesiástico de reconducir según su doctrina neoconservadora.
Con todo, no queda ahí la historia. La derecha política, dado que la Iglesia le pone en bandeja el bocado de la objeción de conciencia a la Educación para la ciudadanía, no está dispuesta a renunciar a él, pues le saca buenos réditos políticos. Cuando se conoce la citada sentencia de Andalucía, falta tiempo para que la presidenta de la Comunidad de Madrid invite de hecho a que se haga objeción de conciencia, sin importarle la manipulación de sus hijos que para tal actuación hagan los padres. Hubiera sido más claro hablar de desobediencia civil, pues se está induciendo a una actuación generalizada no acotada a la resistencia personal a una obligación legal que repugna a la conciencia individual. Sin embargo, tampoco la desobediencia civil es defendible por quienes han desestimado otras vías que nuestro ordenamiento legal ofrece para intentar la reforma de una ley. En relación a la Educación para la ciudadanía el PP no ha puesto ningún recurso ante el Tribunal Constitucional. No estamos ante una desobediencia civil planteada desde la convicción de que vivimos en una democracia suficientemente legitimada que necesita mejorar, sino ante una práctica de erosión de un gobierno y de deslegitimación del orden normativo. Cabe concluir entonces que se trata de una incitación a la insumisión, que el PP parece no tener inconveniente en propugnar. Rajoy, su presidente, algo tendría que decir de nuevo para frenar tal desatino y salvar su credibilidad ante la llamada de los suyos al incumplimiento de la ley. Algo tendría que decir también ante el cinismo que supone vaciar de contenido la asignatura en cuestión, bajo el subterfugio de impartirla en inglés, como se propone en la Comunidad Valenciana. ¿No resulta entonces que, si no se incita a la insumisión, se está bordeando el fraude de ley? ¡Pobre ciudadanía democrática, alanceada abierta o encubiertamente por insumisos después de topar con los sectores más conservadores de la Iglesia!
(Artículo publicado en el diario Ideal de Granada el 27 de marzo de 2008)