Economía, ecología y sociedad

José Antonio Pérez Tapias

La secuencia es conocida: cuando los estadounidenses pillan un resfriado, los europeos estornudamos. ¡Y eso que tenemos la manta del euro para soportar los enfriamientos económicos! Resulta, además, que se nos ha presentado la oportunidad de dar con una interesante paráfrasis del conocido dicho de que no hay mal que cien años dure. Ahora, en tiempos con mayor aceleración que en el pasado, podemos decir que no hay burbuja que más de diez años aguante: se ha desinflado la burbuja inmobiliaria. Ha sido una más de las burbujas que ha promovido el actual capitalismo financiero. Está visto que el dinero, con toda su “metafísica”, no aguanta indefinidamente la permanencia en el estado virtual de una ingeniería financiera que lo lleva de acá para allá, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación que permiten la sincronización permanente de los mercados bursátiles; busca entonces aterrizar en la “economía real” para que sus rápidos beneficios queden asegurados. Es ahí donde el “capitalismo del ladrillo” se ha mostrado como buen complemento “físico” del capitalismo financiero. La especulación inmobiliaria y el mercado hipotecario que la acompaña han ofrecido el ideal ámbito real para invertir sobre seguro lo que no debía permanecer en estado volátil. Así, hasta que los excesos de riesgo asumidos por la banca dedicada a las llamadas “hipotecas basura” han sobrepasado en Estados Unidos el límite de lo que debían haberse permitido, máxime con la extendida morosidad que ha habido en el pago de hipotecas, que afecta en cadena a todo el sistema. Se desinfla la burbuja y los efectos, como delicado momento para la banca, se acusan en Europa desde que se enciende la alarma de una posible crisis.

En España, la desaceleración económica que por todo ello se ve inducida, también junto a otros motivos, cuenta además con otras causas endógenas. Sabemos de la situación difícil debida a los excesos en la construcción de viviendas de elevado coste, fruto de una actividad inmobiliaria muy especulativa que venía de atrás –propiciada entre otras cosas por la anterior Ley del Suelo que, afortunadamente, en la Legislatura que ha terminado se ha podido cambiar-, lo cual ha tenido su reverso en la escasez en el mercado de vivienda asequible con la que la población joven pueda satisfacer su demanda. Es la paradoja abordada con las medidas sobre vivienda adoptadas tanto por el Gobierno de España como por la Junta de Andalucía. Con todo, hay razonables indicios de que la economía española puede salir airosa de esta fase de ralentización gracias al superávit de las cuentas públicas y a la buena marcha de otros sectores productivos, que son los que de cara al futuro hay que potenciar. No obstante, como no hay que confiarse, está bien que la coyuntura se aproveche para replantear cuestiones de fondo.

El capitalismo inmobiliario ha dado muestras de una voracidad insaciable. La avaricia rompe el saco. Ahora, con vacas flacas, quienes pueden verse en el desempleo pagan los platos rotos. Y lo que en muchos casos no tendrá arreglo será lo consolidado a través de los desequilibrios de un urbanismo irracional que intencionadamente ignora sus consecuencias medioambientales. Lo curioso ahora, como en situaciones anteriores, es que quienes han sido voceros de la doctrina neoliberal, defensores de un mercado al que confiaban la solución de los problemas sociales, se desgañiten pidiendo que intervenga el Estado para salvar los trastos –los trastos de los beneficios de inversores y grandes empresas constructoras-. Ante tan palmaria contradicción hay que recordarles que no vale acudir al Estado sólo como pagano de bancarrotas, sino que lo procedente es plantear una relación distinta entre el mercado y el Estado. El primero, dejado a su impersonal dinámica, tiende a desembocar en “capitalismo salvaje”. Ya lo decía alguno: “Cuando el mercado se abandona a su propia legalidad, no repara más que en la cosa, no en la persona, no conoce ninguna obligación de fraternidad ni de piedad, ninguna de las relaciones humanas originarias portadas por las comunidades de carácter personal”. No son precisamente palabras de Marx, por ejemplo, sino de Max Weber, al que algunos apodaron como el “Marx de la burguesía”, en su imponente obra Economía y sociedad. En ellas apuntaba a la necesidad de que el mercado sea “domesticado” –no asfixiado ni eliminado- por el Estado, el cual a su vez, como subraya Habermas, ha de estar sometido al control político de la ciudadanía y a la vigilancia social de la opinión pública.

Ya que sacamos a relucir a Marx, es oportuno recordar el hincapié que hizo en que “la explotación del obrero y la esquilmación de la tierra van juntas”. Contener los salarios lo que se pueda y obtener recursos naturales al mínimo coste, si es posible cero, sobre todo cuando se han considerado abundantes -¡hasta que han dejado de serlo!- es pauta constante en la producción capitalista, a no ser que haya un poder social (sindicatos, por un lado, movimientos ecologistas, por otro) y un poder político (Estado democrático de derecho) que obliguen a que las cosas sean de otra manera. Y a eso es a lo que la tozudez de los hechos nos convoca ahora, en el diferente contexto de la globalización, con la consiguiente mayor complejidad de los problemas. De ahí la necesidad de políticas económicas que contemplen en serio todo lo relativo al trabajo, a la creación del mismo, a su estabilización y mejora en cuanto a condiciones laborales, a la protección social del desempleo, etc.; y que igualmente se hagan cargo de verdad de todo lo que requiere la protección del medio ambiente, la conservación o regeneración de los recursos naturales, el cuidado, en suma, de la naturaleza de la que formamos parte. El socialismo democrático sabe hoy que solidaridad social y sostenibilidad han de ir por fuerza a la par; es más, la sostenibilidad del desarrollo al que podemos aspirar es otra cara más de la solidaridad, en especial con las generaciones futuras.

La economía que no tenga en cuenta la ecología no interesa a nuestra sociedad. Los saberes y prácticas de la casa (en griego, “oikos”) social en que habitamos, relativos a las pautas de la producción (oikos-nomos) y a la interrelación con la naturaleza en la que, cual casa común, vivimos e incidimos (oikos-logos), deben tener en cuenta todos los factores. Como hacía saber aquel visionario que fue E. F. Schumacher, en su obra Lo pequeño es hermoso, “uno de los más funestos errores de nuestra época consiste en creer que el problema de la producción se ha resuelto”. No está resuelto mientras no computemos los costes medioambientales, mientras no logremos una producción respetuosa con la naturaleza, una economía, por tanto, capaz de moderar su ansia de beneficio en aras de la supervivencia de la humanidad. Es también un reto social que obliga a modificar hábitos de la vida cotidiana y un reto político que empieza por no tomarse a broma todo aquello a lo que apuntamos cuando hablamos de cambio climático. La ecología no es un lujo –tampoco cuando se hacen valer en tiempo y forma ponderadas razones medioambientales en contra de un proyecto desmesurado para nuestra escala como es el del teleférico desde Granada a Sierra Nevada, ¡que sería el más grande del mundo!-. La ecología debe ser, junto con la economía, uno de los pilares de la sociedad que queremos para el futuro. A la política corresponde asegurar desde las instituciones democráticas la mejor relación entre ellas.

(Artículo publicado en el diario Ideal de Granada el 26 de Febrero de 2008)

Saramago y el segundo mandamiento

José Antonio Pérez Tapias

La obra de José Saramago que lleva por título In nomine Dei, en su versión teatral, la hemos podido disfrutar durante días pasados en nuestra ciudad. La pieza es de gran potencia dramática. Su puesta en escena por el Centro Andaluz de Teatro, con un magnífico plantel de actores y bajo una acertada dirección, da de sí todo lo que el texto de “nuestro” Nobel portugués lleva dentro. No voy a entrar en los pormenores de la interpretación puestos de relieve por la crítica. Sí es mi intención enhebrar algunas reflexiones al hilo de una obra representada en momentos en que la religión vuelve a estar presente en nuestras sociedades de una manera que hace décadas nos habría parecido más que improbable.

Vivimos una época en la que los fundamentalismos religiosos o las manifestaciones integristas de la religión están a la orden del día. Tras el colapso de las ideologías seculares que en el siglo XX sirvieron de marcos de referencia, las religiones han vuelto a hacerse presente en las sociedades contemporáneas. Ha habido quien, como el sociólogo francés Gilles Kepel, ha puesto todo ese renacer religioso, con el consiguiente intento de reocupar los espacios públicos, bajo el rótulo de “la revancha de Dios”. No vamos a pensar que en España un dios expulsado por la puerta se nos cuela por la ventana, pero sí hay motivos para estar preocupados ante una Iglesia que en buena parte olvida su último concilio y retoma banderas confesionalistas que se creían aparcadas. Las declaraciones del episcopado en los últimos años lo corroboran. Un último botón de muestra es lo dicho hace poco por un destacado monseñor que ha venido a identificar los polémicos y partidistas posicionamientos de los obispos con la “palabra de Cristo”, siendo a todas luces otra reedición del hablar “en nombre de Dios” monopolizando su palabra. Tan insostenible pretensión hace aún más oportuno atender al mensaje transmitido por la obra de Saramago, que gana especial eco desde ese noble rincón del Realejo –antiguo barrio judío de la Granada medieval- que es el teatro Alhambra.

No sorprende que Saramago se ocupe de religión. Desde su “moderado ateísmo”, que es fórmula con la que él mismo se presenta, no sólo ha tratado lo religioso, sino que ha abordado con frecuencia la cuestión de Dios, sea a través de declaraciones explícitas, sea a través de sus personajes. Como suelen hacer los ateos, Saramago se toma en serio a Dios. Ya lo hizo con la misma figura de Jesús en su libro El Evangelio según Jesucristo, el cual debía ser de recomendada lectura en las Facultades de Teología –como bien podía representarse In nomine Dei en la sede de la Conferencia Episcopal española-. El caso es que cuando la posición atea se adopta desde un planteamiento crítico por fuerza da que pensar a los creyentes, los cuales no pueden sino dejarse cuestionar por los argumentos de tal ateísmo si a su vez quieren que sus convicciones no queden en la ingenuidad dogmática de la llamada fe del carbonero.

Un ateísmo crítico y una seria convicción religiosa no están tan distantes como normalmente se piensa. Vista la cuestión desde la tradición judeocristiana, buena parte de razón llevaba el filósofo Ernst Bloch cuando en su libro El ateísmo en el cristianismo afirmaba que “sólo un cristiano puede ser un buen ateo, sólo un ateo puede ser un buen cristiano”. No en balde a los primeros cristianos los consideraron ateos por su negación de las divinidades del panteón romano y, sobre todo, por su negativa rotunda a la divinización del emperador. Era lo consecuente con el mensaje de un Jesús de Nazaret que, radicalizando el “hilo rojo” de los profetas de Israel, había revolucionado la imagen de Dios de la tradición judía en la que se ubicaba.

La mirada del otro obliga a ver lo que la visión narcisista de lo propio deja en penumbra. La perspectiva de quien desde el ateísmo contempla las guerras de religión que asolaron Europa en el siglo XVI, concentrando el enfoque sobre el virulento conflicto en la ciudad alemana de Münster entre intransigentes católicos, reformistas luteranos y fanatizados anabaptistas, pone de relieve las perversiones de lo religioso que acaban distorsionando la religión hasta el extremo. Ésta nutre desde su ultimidad trascendente las motivaciones humanas más profundas, las cuales pueden apuntar al despliegue de lo mejor del hombre o derivar hacia lo peor de las posibilidades humanas. La gran coartada que se da a sí mismo quien se piensa en posesión de la verdad absoluta y con supuestas credenciales para interpretar la voluntad de Dios ha suministrado históricamente las más fraudulentas justificaciones para la comisión de horrendos crímenes. ¡Ya Caín mató a su hermano movido por celos religiosos! En esa llaga hurga dolorosamente Saramago, con excepcional finura psicológica al adentrarse en la herida, recordando además a quienes tienen una memoria muy selectiva que los excesos fundamentalistas no se dan sólo entre musulmanes.

Ciertamente, el drama que, bordeando la tragedia, nos ofrece Saramago constituye una apología a favor de la tolerancia, de esa tolerancia que se abrió paso en Europa a través de la Paz de Augsburgo y luego la Paz de Westfalia hasta acabar con las guerras de religión, y también de la que hay que rescatar ahora como virtud cívica –esa“pequeña virtud imprescindible” como la llamó Iring Fetscher-, básica para la convivencia en sociedades plurales que quieren vivir en democracia. Sin embargo, esta obra de nuestro dramaturgo ateo ha de servir además como recordatorio para los creyentes de aquello que decía el considerado segundo mandamiento de la ley mosaica: “No tomarás en falso el nombre de Yahvéh, tu Dios” (Ex 20,7). Tal prescripción, de intención tan anti-idolátrica que advierte contra la tentación de hacer un ídolo más hasta del mismo Dios adorado como verdadero, utilizándolo para encubrir bajo su nombre intereses propios, es la que debe formularse una y otra vez con renovado énfasis. Nombrando a Dios se mató y se sigue matando en el largo y ancho calvario de la historia. ¡Basta ya!, viene a gritar Saramago. Mejor será retomar la práctica judía de la prohibición de toda imagen de Dios, incluida la de su nombre. Como venían a decirse al final dos de los personajes de In nomine Dei: ¿No es todo nombre una cáscara vacía si nombra en falso? ¿Y cuándo no se nombra en falso? Respuesta a estas preguntas ya las dio, “transmutando todos los valores” –por decirlo al modo nietzscheano- quien por ello acabó ajusticiado en el Gólgota. ¡Bendito ateísmo que hace redescubrir estas cosas!

(Artículo publicado en el diario Granada Hoy el 25 de Febrero de 2008)

Entrevista a Josep Ramoneda

Amigas y amigos:

Hace unos meses hice una entrevista a Josep Ramoneda para la revista Éxodo [nº 89 (2007), pp. 12-22)] en la que abordamos temas de fondo más allá de la inmediata coyuntura política. No obstante, son temas que siguen estando en el fondo. Por eso pongo a vuestra disposición las reflexiones de Ramoneda, siempre inteligentes e incisivas.

La entrevista la podéis encontrar en www.exodo.org/spip.php?article358

José A. Pérez Tapias

Irresponsabilidad ante la inmigración

José Antonio Pérez Tapias

En medio de una vorágine electoral que se acelera por momentos, el candidato del PP a la presidencia del gobierno se ha dejado caer con una serie de propuestas para abordar la inmigración que son eso, un abordaje a los derechos de los inmigrantes y al buen sentido de la ciudadanía. Por si alguien, arrebatado por los cantos de sirena del fin de las ideologías o atrapado por el más burdo prejuicio de que todos los políticos son iguales, tenía dudas acerca de las diferencias entre izquierda y derecha, ahí tiene material más que de sobra para disiparlas. Desde la izquierda, reconociendo que queda mucho por hacer ante situaciones complejas como las que plantea la inmigración, queremos hablar de integración social e inclusión democrática de los inmigrantes, contemplando la primera mediante políticas de empleo, educativas, culturales, de salud y de vivienda, y promoviendo para la segunda el reconocimiento de derechos que nuestras leyes han de amparar. En cambio, la derecha, enrocándose sobre sí misma, ha venido a parar a un discurso xenófobo que no puede disimular tras cierto maquillaje un cierto tufo racista. Es lo que encontramos en el “contrato” como medida con la que el PP, en un ejercicio de copiado mal escrito respecto al presidente francés Sarkozy, quiere recibir a toda persona que llegue a nuestro país como inmigrante.
Llamar contrato a ese cúmulo de exigencias con las que el PP pretende filtrar selectivamente a los inmigrantes –de eso se trata- es emplear un eufemismo hiriente, en primer lugar por la asimetría terrible en que se sitúa a las partes supuestamente contratantes, y en segundo lugar por las prácticas discriminatorias y excluyentes que ya van diseñadas en su seno. Por si los motivos no estaban claros, Arias Cañete, como vocero de Rajoy, se ha encargado de sacarlos a la luz sin empacho alguno, con un repertorio de lo más grueso que ha llevado a José Luis Rodríguez Zapatero, como presidente del gobierno y de nuevo candidato a la presidencia, a pedir disculpas a los colectivos de inmigrantes por esas palabras ajenas que, por su carácter ofensivo, tanto han indignado a la mayoría. Tratar a los inmigrantes de aprovechados que parasitan la seguridad social y saturan las urgencias hospitalarias, de potenciales delincuentes –por lo menos- puesto que se presume su reluctancia a cumplir la ley, de sectarios que en cualquier caso se van a aferrar a costumbres no sólo suyas, sino antiespañolas (eso es más castizo que lo de antioccidentales) y cosas por el estilo, es de una clamorosa injusticia. No se corresponde con los hechos y constituye una difamación que no hace más que alimentar los peores prejuicios que hacia la inmigración pueden hallarse enquistados en determinados registros de nuestra sociedad. Eso aparte de la hipocresía que supone considerar así a quienes se está llamando para que cuiden de nuestros niños y ancianos, o para que trabajen en nuestros campos o en las obras y servicios de nuestras ciudades. Todo parece indicar que estamos ante la propagación de un nuevo espécimen de “prejuicio preventivo” como si hubiera que acometer alguna clase de guerra contra la inmigración llamada ilegal. Tal cosa se sitúa en las antípodas de las políticas que de verdad necesitamos para encauzar responsablemente los flujos migratorios, con total respeto a los derechos humanos en la aplicación de nuestras leyes, las cuales, por lo demás, desde la Constitución misma incluyen tal exigencia de respeto.
Meter la cuchara de la repesca de votos en esa sopa cuya sustancia viene dada por prejuicios respecto al diferente, rechazo al otro, desconfianza respecto al extraño y desprecio al pobre es dar un salto cualitativo en dirección contraria a la convivencia democrática que hemos de construir entre todos. El respaldo que con ello se da a actitudes excluyentes, que en buena medida dan lugar al incumplimiento de aquello que se dice que se va a pedir a los inmigrantes, puede generar la sensación de que se legitiman comportamientos de nuevas formas de racismo que, de extenderse, serán un desastre para nuestra sociedad. Es difícil eliminar prejuicios, pero es muy fácil reforzarlos, como lo es desmontar con declaraciones desafortunadas lo que trabajosamente se va construyendo en la dirección de una sociedad bien ordenada donde encontremos nuestro sitio todos los que ya estamos. De ahí que, ante las últimas propuestas en cuanto a inmigración de los líderes del PP –de las cuales algunos de sus militantes se han desmarcado-, se pueda hablar de irresponsabilidad, pues se infiere de ellas que no se hacen cargo de la gravedad de las consecuencias, no sólo de unas medidas que por su parte son de difícil, si no imposible, puesta en vigor, sino incluso de las consecuencias de la misma formulación que se ha hecho de ellas en clave electoralista. Debe tenerse presente que no hay cosa peor que acrecentar el resentimiento, el que a veces incuban los que están aquí “de toda la vida” y aquél que puede nacer en los que llegan por el rechazo que experimenten. Del resentimiento nada bueno puede salir y menos en política.

(Artículo publicado en La Opinión de Granada el 9 de Febrero de 2008)

Laicidad para la convivencia

José Antonio Pérez Tapias

Forma parte de la tradición socialista el compromiso con la laicidad del Estado. Recordemos, por ejemplo, la figura de Fernando de los Ríos, quien por otra parte sorprendió al funcionario de turno cuando al llegar a Estados Unidos, urgido a rellenar la casilla correspondiente a adscripción religiosa, puso aquello de “cristiano erasmista” –¡qué irónica lucidez histórico-religiosa!-, o la de Julián Besteiro, defensor como aquél de la laicidad del Estado desde posiciones absolutamente respetuosas hacia la religión. Así debe ser en un partido de izquierda que pone sus señas de identidad en la defensa de la libertad y el logro de la igualdad. En tanto no se consiga un Estado que efectivamente sea laico, esos valores de libertad e igualdad se hallarán menguados en la sociedad en la que así ocurra.
Lo contrario de la laicidad es el confesionalismo, que consiste en el mantenimiento de privilegios por parte de una confesión religiosa, a la sombra de sus connivencias con poderes no democráticos o a través de sus intromisiones ilegítimas en el ámbito de lo político. Normalmente, en las iglesias, el confesionalismo proyecta hacia fuera el clericalismo que en ellas se da hacia dentro. De ahí que la oposición al confesionalismo, que es lo relevante políticamente, venga muchas veces asociada a posiciones anticlericales. Pero eso no supone que el laicismo sea antirreligioso –ni que deje de apreciar que hay curas excelentes, obispos que desempeñan bien su ministerio y hasta algún Papa, como Juan XXIII, respecto al cual bien haría la Iglesia en darle el reconocimiento que merece-. De hecho, tanto clericalismo como confesionalismo, que son dos caras de la misma moneda, suponen distorsiones de lo religioso que pervierten a las religiones –los cristianos, por ejemplo, deberían ser los primeros en ser anticonfesionalistas y anticlericales, para ser consecuentes con el evangelio del laico Jesús de Nazaret- y perjudican, por supuesto, a las sociedades en que tales fenómenos se producen.
La pretensión de mantener privilegios para una determinada confesión religiosa conlleva el intento de conservar o reforzar ciertas imposiciones sobre el conjunto de la sociedad, sobre creyentes y no creyentes, con la consiguiente merma de las libertades. El que tales privilegios se asienten o tengan algún respaldo jurídico-político implica una discriminación respecto a los miembros de otras confesiones minoritarias o sobre los ciudadanos que no pertenecen a confesión alguna. Una democracia coherente no debe admitir ni mengua de las libertades reconocidas por la Constitución, ni privilegios de unos que conlleven discriminaciones hacia otros. Es de justicia, por tanto, exigir que las diferentes confesiones religiosas estén en el lugar que les corresponde en una sociedad secularizada, pluralista y democrática, es decir, en el lugar cívico que han de ocupar en el entramado de la sociedad, como otras tantas entidades o instituciones. Desde ahí podrán ejercer los derechos que la Constitución reconoce y ampara, siempre desde el respeto a los procedimientos democráticos y a las leyes que mediante ellos nos damos.
Frente a quienes lanzan falsas acusaciones de acoso al cristianismo –y hay quien sube el tono hasta hablar de persecución a la Iglesia, pero sin mencionar la financiación a la misma desde los presupuestos del Estado- hay que recordar que cualquiera, individual o colectivamente, puede opinar sobre las cuestiones políticas más diversas, mas también que nadie debe presionar por métodos ilegítimos a gobiernos y parlamentos democráticamente elegidos para imponer a la sociedad en su conjunto una determinada moral o para mantener privilegios injustificables en democracia. Y eso es lo que sigue haciendo un significativo sector de la Iglesia católica, a través de destacados obispos y con el respaldo, parece ser, del Papa Benedicto XVI. Por si faltaba algo, en las últimas declaraciones del portavoz de la Conferencia Episcopal, monseñor Martínez Camino, al menú habitual se añade la instrumentalización de todo lo relacionado con el terrorismo, vertiendo calumniosas insidias al decir que el PSOE ha dado a ETA trato de interlocutor político, lo cual de ninguna manera ha sido así, y todo ello con voluntad clara de decantar el voto de los católicos hacia la derecha a través de tan grosera manipulación de los hechos. Por mucho que el alambicado lenguaje de los obispos intente mantener la apariencia de un equilibrio que de hecho no existe, estamos ante un salto cualitativo por parte de una jerarquía eclesiástica que se alinea con el PP –hay quien no lo hace, pero no lo dice: ¡la trampa de la unidad eclesial, tan quebrantada!-, en clara intromisión confesionalista en el juego democrático de una forma que de ninguna manera debía darse en un Estado democrático de derecho.
Está visto que la aconfesionalidad del Estado español, tal como resulta definida por la Constitución, siendo un logro crucial respecto del nacional-catolicismo que acompañó a la dictadura franquista, no es sin embargo un definitivo punto de llegada si bajo ella tienen cabida las prácticas eclesiásticas que estamos viendo. Es necesario avanzar hacia una laicidad coherente con lo que la democracia supone y exige, haciendo una lectura laica de esa misma aconfesionalidad del Estado para evitar las regresiones que las derechas eclesiástica y política están promoviendo.
En esa dirección, buscando avanzar hacia una laicidad más consecuente, el PSOE, en el programa electoral aprobado por la Conferencia Política recientemente celebrada en Madrid, contempla la necesidad de acometer la reforma de la Ley Orgánica de Libertad religiosa, a los treinta años de su entrada en vigor. Será un primer paso hacia la actualización de nuestras leyes al respecto, profundizando en la democracia y atendiendo a una realidad social de pluralismo religioso muy distinta de la existente a finales de los setenta. Será un buen momento para ello. Habrá que trabajar intensamente en la búsqueda del consenso necesario con las distintas fuerzas políticas para una reforma de ese calibre y para que se abra paso el imprescindible diálogo sobre ese punto con las diferentes confesiones religiosas que tienen presencia en la sociedad española. Ésta, dada la mencionada pluralidad, plantea la urgente necesidad de que el principio de laicidad opere no sólo como principio jurídico-político que encuentra plasmación en la separación entre el Estado y las iglesias, sino también como principio de convivencia de todo punto imprescindible para una sociedad plural como la nuestra. La diversidad cultural que existe en nuestra sociedad ha intensificado la pluralidad religiosa y ello reclama la articulación democrática de la misma desde aquello que es de justicia: el respeto a la dignidad de cada uno, la defensa de las libertades que todos hemos de poder ejercer y la igualdad de trato en un orden democrático –desacralizado, por cierto- que no debe admitir discriminaciones.

(Artículo publicado en La Opinión de Granada el 2 de Febrero de 2008)

Nuestro Barroco

JOSÉ ANTONIO PÉREZ TAPIAS

Forma parte de los empeños de la época el redescubrir nuestras identidades en tiempos de mudanza. Desde esa perspectiva se pueden considerar las Exposiciones sobre Andalucía barroca que nos han permitido gozar en Granada de una muestra del arte barroco sevillano (Velázquez, Murillo, Zurbarán, Valdés Leal, Martínez Montañés, Juan de Mesa…) y en Sevilla, del barroco granadino (Alonso Cano, Bocanegra, Ruiz del Peral, Sánchez Cotán…). Todo ello en un tiempo de postmodernidad al que se califica también de “neobarroco”. Semejanzas, a pesar de las diferencias, permiten comprender nuestro momento según categorías que nos da el Barroco como “cultura” de una etapa anterior, la cual respondió a un momento de crisis que se acusaba en todas sus manifestaciones: arte, religión, política, modos de pensar, y todo ello asentado sobre unas bases económicas también impregnadas por los valores y símbolos de dicha cultura. En el siglo XVII se consolidan vectores culturales que llegan hasta nuestra realidad. Lo barroco es una peculiar modulación de la modernidad que la acompaña en sus orígenes y que ahora se reformula con los acentos resultantes de una nueva crisis. Al llamar “neobarroco” al presente subrayamos la conexión interna entre el comienzo de la modernidad y la crisis de la misma en que nos hallamos.

La cultura barroca se fraguó en un momento en el que todo lo que parecía fijo se puso en movimiento. La crisis vino por el choque entre dos mundos: el medieval que se dejó atrás y el moderno que despegaba. Es un proceso condicionado por el capitalismo en ciernes y marcado por una incipiente secularización. Ésta se daba más rotundamente en los países de la Reforma protestante, pero poco a poco también afectó a aquellos en los que se hizo fuerte la Contrarreforma católica. El Barroco, en tal situación crítica, respondía al intento de salvar los restos del naufragio del viejo mundo, como en la filosofía de Descartes, radicalmente novedosa, pero construida con los materiales del derribo de la escolástica suareciana, o como antes hizo Cervantes al hacer girar en torno al Quijote el gozne entre esos dos mundos en tenso antagonismo. Un mundo en traumática ruptura con su pasado era el que había que recomponer. La crisis no era sólo de estructuras; era crisis de sentido. El Barroco afrontaba la naciente modernidad echando mano de los recursos disponibles, tratando de rehacer la imagen del mundo y la conciencia del sujeto desde una realidad escindida. Era muy fuerte la nostalgia de la unidad perdida –Paraíso perdido, como apunta D’Ors señalando a Milton-, como lo era igualmente la añoranza de una verdad absoluta frente a un escepticismo corrosivo y la pluralidad de perspectivas. Los artificios teóricos se hicieron tan complejos como los artísticos y el pensamiento barroco se elaboró –como ha mostrado Gilles Deleuze en su estudio sobre Leibniz- tras los “pliegues de la materia” y tras los “pliegues del alma”.

Ante una crisis que se ahondaba, la mentalidad barroca compensaba el desengaño y la melancolía con la esperanza de salvación que aún se mantenía sobre el horizonte. Como señala José Antonio Maravall, se perfilaba una primera “cultura de masas” de carácter urbano, con una producción literaria para un público creciente y con un arte que “representaba” sobre la escena, sobre el lienzo o en el espacio los dramas de una humanidad que resistía a la tragedia, siempre ante la presencia de la muerte. Lo fundamental era que el edificio se sostuviera –o que lo pareciera- desde una clave de bóveda en medio de un juego de ornamentos sin fin: razón de Estado del edificio político, autoridad papal del eclesiástico. El teatro se constituyó en el género por excelencia del Barroco, espejo donde la vida se reflejaba y transmutaba en espectáculo de efectos catárticos y legitimadores: el gran teatro del mundo ensanchaba su escenario hasta el gran mercado del mundo, más allá de lo que el mismo Calderón podía entrever.

En la actualidad, tras los repliegues neobarrocos de la crisis de la modernidad encontramos su rastro, entre nuevas formas de ornamentación, incluso digitales. De manera análoga a como los fastos de la cultura barroca encubrían la miseria de su sociedad y amortiguaban sus tensiones, también el tiempo nuestro lo es de continua euforia por logros económicos y tecnológicos, amortiguando mediante el consumismo las tensiones sociales y reforzando todos los componentes de nuestra capitalista “sociedad del espectáculo” –incisivamente analizada por Debord hace décadas-, necesarios para hacerse soportable a sí misma: lo que el Barroco sembró llega en nuestro neobarroco a su máxima expresión. Como en el XVII, tratamos de reconstruir el sentido en un contexto en el que se multiplican los significados, pero falta el hilo con que enhebrarlos. Hay igualmente nostalgias y añoranzas de lo que estuvo más claro o parecía más seguro. El nihilismo cultural también corroe los caracteres. Éstos ya no encuentran el sostén de una transmisión de sentido que todavía el Barroco podía resolver. Lo peor de nuestra crisis es que la padecemos sin un horizonte que socialmente se comparta. Es nuestro punto más débil, superable si la recuperación del sentido se intenta laicamente, reinterpretando desde la crítica y la escucha los legados recibidos en herencia, incluido el de la misma cultura barroca, en torno a la dignidad humana.

¿Qué decir desde una Andalucía barroca por tradición y neobarroca por nuestra época? La historia pasa y pesa. Lo barroco ha perdurado en la cultura andaluza con modulación propia en los diversos campos de la creación cultural. Si con el Barroco nacimos a la modernidad, ocurrió en circunstancias complejas y de forma “prematura”. España, y en su marco Andalucía, pugnaba en el siglo XVII por consolidarse como Estado en medio de las condiciones paradójicas de un Imperio abocado a una pronta decadencia. Un Barroco exuberante, trasplantado con éxito allende el océano, quedó bloqueado por la intransigencia de una Contrarreforma que acabó poniéndose contra la modernidad. Lo barroco se convirtió en un factor retardatario. Tal deriva de la cultura barroca fue la que en nuestro caso, marcado por una sociedad con estructuras urbanas muy dependientes del medio rural y de la aristocracia terrateniente, terminó siendo un obstáculo no sólo para el capitalismo industrial que al cabo llegaría, sino para ese “producto” de la modernidad que sería la Ilustración. Y así, llegada la crisis de la modernidad, ¿cómo entramos en una “segunda modernidad” quienes tan dificultosamente hemos pasado por la primera?

En las últimas décadas, democracia política, desarrollo económico e inserción en la UE nos han permitido salir del “atraso histórico”. Pero no basta hablar sin más de sucesivas modernizaciones. Es necesario saber qué hacer, a dónde dirigirnos en la crisis de la modernidad. Para esa reubicación hemos de autoconocernos haciendo memoria de nuestra cultura barroca desde los albores de la modernidad. Retomando críticamente esa herencia estaremos en mejores condiciones para hacer girar el neobarroco de una postmodernidad globalizada, tiempo a la vez de hibridaciones culturales, hacia lo mejor de sí, en vez de dejarlo correr como gran comparsa de un espectáculo que puede acabar en tragedia. Con expresión muy andaluza diremos que, “por nosotros y por la humanidad”, tenemos que hacer todo lo posible para que el espectáculo no siga como está montado. El Barroco vivía del empeño de reconstruir el sentido de la existencia individual y colectiva. Hoy lo tenemos más difícil, pero no es menos necesario.

(Artículo publicado en el diario Ideal de Granada el 30 de Enero de 2008)

Del himno al relato

José Antonio Pérez Tapias

“Letra, no. Gracias”. Tal parece ser el lema suscrito por amplios sectores de la ciudadanía hasta el punto de inducir la retirada por parte del Comité Olímpico Español de la propuesta de himno resultante del rocambolesco concurso que para tal efecto había convocado. El objetivo era que los deportistas, y tras ellos los ciudadanos, contaran con unos versos con los que acompañar los sones de la Marcha de Granaderos que en su día fue regalada a Carlos III y que viene cumpliendo las funciones de himno nacional. El asunto ha tenido su recorrido durante unos meses, no sin el aliento del PP, conforme a su concepción del nacionalismo con que pretende impregnar la vida española. Sin embargo, lo fallido del intento ha venido a confirmar lo que era el fracaso de una propuesta anacrónica que, una vez más, se anunciaba como inviable.
Los motivos del rechazo que ha concitado la bienintencionada letra que hemos conocido se han desgranado en las reflexiones que se han ido volcando en los medios de comunicación. Unos han puesto el acento en la mala calidad literaria de la propuesta ganadora -¡cómo serían las otras!-, lo cual es algo que hasta destacados representantes del pensamiento de la derecha han reconocido, subrayando de camino que los símbolos no se inventan así como así. Otros han entrado más en la cuestión de fondo, relativa a la dificultad de conseguir una letra con suficiente consenso, dada la problemática que sobrellevamos acerca de la identidad nacional de España. Tal circunstancia no la sufren las comunidades autónomas, pues las reconstrucciones de identidades colectivas que se han dado en ellas, y no sólo en las marcadas por el nacionalismo político, les ha permitido recuperar símbolos heredados con un notable grado de aceptación.
Con todo, quizá haya todavía quien piense que habrá que intentarlo otra vez con mejor fortuna, aduciendo que no hemos de seguir callados cuando los demás cantan sus himnos, pues eso siempre viene a ser signo de debilidad. Mas como también se ha dicho atinadamente estos días, es imposible resolver bien lo que se hace demasiado tarde. La épica que reclama un himno con auténtico sabor patriótico, y no cargado de fórmulas políticamente correctas, es de tiempos diferentes del nuestro. La postmodernidad no es época de héroes, ni la globalización permite ya rememorar gestas de nuestra particular historia de imperio y decadencia. El auge de los nacionalismos decimonónicos fue el marco de vibrantes letras que hoy, leídas en frío, resultan o bárbaras o fatuas. ¿Contra quién dirigimos, de manera análoga a La Marsellesa, nuestro “ardor guerrero”, como diría Muñoz Molina? Y a falta de un Bolívar libertador, ¿a qué próceres de la patria invocamos con nuestros sones? Ni que decir tiene que, incluso en la hipótesis de una letra en la que se apoyara a la monarquía, no sería admisible algo parecido al “Dios salve a la Reina” del himno británico. Se acumulan, pues, dificultades insalvables para hacer un himno que, si extemporáneamente se vuelve a intentar, no superaría las condiciones de credibilidad mínimas para entonarlo con convicción.
A quienes quedan sumidos en una especie de conciencia desgraciada por el hecho de que, en cuanto al himno, hemos llegado a la conclusión de que mejor sin letra –Caballero Bonald se apunta socarronamente a que mejor aún sería prescindir hasta de la música-, hay que decirles que la entidad de la España plural, la solidaridad entre sus conciudadanos y la cohesión de sus territorios no depende de un himno que siempre sería tardío y nunca aceptado por todos. Lo más importante, sin embargo, que se desprende de todo esto es aquello a la que esta conclusión señala: podemos prescindir de un himno, pero no debemos pasarnos la vida sin un relato. ¿Cómo nos contamos nuestra historia, esa misma historia de la que forma parte la dificultad de darnos un himno?
Si es imposible un himno común, porque al descreimiento de una era escéptica se añade la carencia de mitos compartidos, a estas alturas eso no es una desgracia, sino una oportunidad: la de reconstruir colectivamente el relato de una historia desmitificada. Cuando constatamos la falta de referencias compartidas a hechos fundacionales, porque las historias que se entrelazan sobre el solar hispano se han vivido y se interpretan de maneras diversas, desmitificándose unas a otras si no lo hace cada cual respecto a la propia, es el momento de reconocer lo común en torno a lo cual reanudar vínculos. Es aquí donde una memoria histórica sin mitos aparece como tabla de salvación: la memoria de las víctimas, el recuerdo de lo que no ha de ser olvidado, el compromiso respecto a lo que no debe volver a ocurrir. Todo ello puede encontrar su mejor eco en el silencio de una ciudadanía solidaria capaz de hacer reflexivo su empeño democrático de libertad, igualdad y justicia mientras se mira a los ojos al escuchar una marcha de granaderos heredada del pasado.

(Artículo publicado en el diario Granada Hoy el 28 de Enero de 2008)

Cristianos por la laicidad

JOSÉ ANTONIO PÉREZ TAPIAS

Miguel Delibes comienza su novela El hereje citando unas líneas que no me resisto a transcribir, una vez que he contado mucho más que hasta diez después de la escenificación que el episcopado de la Iglesia católica organizó en la Plaza de Colón de Madrid. Las mencionadas líneas dicen así: “Es preciso que la Iglesia, de acuerdo con el Concilio Vaticano II, revise por propia iniciativa los aspectos oscuros de su historia, valorándolos a la luz de los principios del Evangelio”. Estas palabras del Papa Juan Pablo II deberían hacer pensar a quienes se consideran sus más genuinos herederos y en la actualidad, bajo las bendiciones de Benedicto XVI, se dedican en Espaňa a convocar manifestaciones contra la política del gobierno socialista. Y deben hacerles reflexionar, no para inhibirse en el ejercicio de los derechos de libertad religiosa, libre expresión y manifestación que al amparo de la Constitución ponen en práctica, sino para recapacitar sobre lo que dicen y hacen en el ejercicio de esos derechos.

Obispos y fieles deben recapacitar por las muchas razones que hay para pensar que con tales actuaciones están contribuyendo a reeditar páginas oscuras de la historia eclesiástica. No pueden calificarse de otra manera páginas en las que no se trabaja a favor de la unidad de la família de todos los que invocan a Dios como Padre, en las que se distorsionan los hechos para que parezcan lo que no son, en las que se usa el poder mediático y el apoyo de otros poderes de este mundo para imponer abusivamente a toda la sociedad una moralidad que, por recurrir a tales medios, ya deja de serlo.¿No ha ocurrido todo eso cuando se ha dicho que la política socialista destruye a la familia, cuando se ha acusado al gobierno de fomentar un laicismo contrario a la religión, cuando se ha cuestionado la legitimidad de un parlamento democrático para legislar sobre educación para la ciudadanía y cuando, por otra parte, se sucumbe a la tentación del poder para presionar a los representantes de la ciudadanía y a un gobierno elegido democráticamente en un ejercicio de injustificable injerencia política? ¿Tan ciegos están tantos católicos y sus obispos que no reconocen el “espíritu de la mentira”?

Es imposible no pensar que lo que pretende la Iglesia mediante la espectacularización masiva a la que recurre en sus manifestaciones públicas es en verdad la defensa de ciertos privilegios que ve peligrar y no la verdad de un mensaje que para su difusión requeriría otros medios más evangélicos. No disipa esa sospecha el que desde el episcopado se aluda a la defensa de la vida o de la familia tradicional como móviles de sus pronunciamientos. La vida, y la dignidad que debe acompaňarla en el caso de los seres humanos, no se halla ni maltratada ni menospreciada en Espaňa, ni por su gobierno y el partido que lo ha apoyado, ni por la legalidad que nos hemos dado; y si en algún momento hay que volver a debatir sobre la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo habrá que hacerlo con rigor y seriedad, como reclama un tema que hay que abordar lejos de toda banalización, a la vez que buscando el máximo consenso desde el pluralismo ideológico presente en nuestra sociedad. En cuanto a la familia, no es creíble la acusación de que resulta socavada por la atención a diferentes modelos familiares o por la extensión de derechos civiles –como el de contraer matrimonio- a quienes carecían de ellos. Es el respeto que se debe a las personas y sus derechos lo que ha conducido a nuevas medidas en relación a las famílias y solo quienes se aferran a un modelo de familia patriarcal y burgués, condenando a quienes optan por otro, son los que recusan tal profundización democrática en derechos –por cierto, desde una nefasta confusión entre su moralidad y la legalidad, prescindiendo de que también ésta se basa en principios éticos que aspiran a ser suscritos por todos.

La cuestión, más allá de coyunturas, se nos presenta como déficit de una institución con resabios premodernos, incapaz de encontrar su sitio en una sociedad secularizada, pluralista y democrática. Y ello no tenía que ser necesariamente así, como mostró el Vaticano II cuando dispuso a la Iglesia católica para un reencuentro fructífero con la modernidad, con sus desarrollos científicos y con sus logros emancipadores. El cristianismo contemporáneo se reconcilió con la idea de que la separación entre Iglesia y Estado, desde el reconocimiento mutuo de la autonomia recíproca de ambas instituciones, era un principio necesario para la construcción coherente de un orden político democrático. En la apertura a tal principio de laicidad, que supone además la desacralización del poder y la asunción del mismo como principio de convivencia para una sociedad pluralista, el cristianismo aprende de la herencia de la modernidad, sin por ello renunciar a una recepción crítica de la misma, como todos debemos hacer. Es más, gracias a ese aprendizaje mediante el rodeo por la modernidad, el cristianismo se reencuentra con vectores que le fueron propios en su etapa fundacional y que se vieron desplazados por el peso de una institucionalización tan asfixiante que ahogó el carisma primitivo. Tales observaciones, que hasta el mismo filósofo Jürgen Habermas formuló en su conocido diálogo con el entonces cardenal Ratzinger, son las que nos permiten a muchos cristianos defender la laicidad asumiéndola abiertamente, no solo por razones éticas y motivos políticos, sino también en virtud de las propias convicciones religiosas. Por ello es pertinente hablar en tal caso de cristianos por la laicidad.

Pero hay más: el cristianismo como religión nació de la mano de la laicidad que desde su origen impulsó, si bien entonces no se formulaba con el lenguaje ético-político con que hoy lo hacemos. Aunque la historia de la Iglesia fuera por otros derroteros, confesionalistas y clericales, cabe parafrasear a Marx para decir de ella que “no lo supo, pero lo hizo”. Se puede hablar, por tanto, de otro sentido, subyacente al anterior, de la expresión cristianos por la laicidad: no sólo hay cristianos que están por la laicidad –y deberían estarlo todos-, sino que además los cristianos lo son gracias a la laicidad, aunque históricamente se volvieran contra ella. El famoso dicho atribuido a Jesús conminando a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios (cf. Mt 22,21; Mc 11, 17 y Lc 20, 25) es punto de arranque de una religión laica que, entre el legado profético de la desacralización del poder y la posterior elaboración paulina de la obediencia a la legítima autoridad política, sitúa lo religioso en una órbita que no es ni la de la sumisión al poder ni la de su manipulación desde ilegítimas intromisiones en su campo. Eso quiere decir en la actualidad que la Iglesia ha de ubicarse en el lugar cívico que le corresponde, para desde él ofrecer en el debate público su palabra sobre cuestiones de justicia, como otras entidades de la sociedad civil, a la vez que sus miembros se comprometen como ciudadanos en el ámbito político desde el que se organiza la convivenvia y se transforma la realidad. Con una Iglesia así el Estado podrá colaborar lealmente a tenor de una laicidad positiva respetuosa con las religiones y su pluralidad. Sobran en tal caso acuerdos destinados a mantener privilegios eclesiásticos sorteando lo que exige el principio de justicia que debe inspirar cualquier ordenamiento democrático. Encastillarse en el integrismo para lanzar condenas urbi et orbe es una de esas cosas que algún día –como dice uno de los personajes de Delibes- “serán consideradas como un atropello contra la libertad que Cristo nos trajo”.

(Artículo publicado en el diario Ideal de Granada el 13 de Enero de 2008)

Una mirada crítica sobre el gran espectáculo del mundo

JOSÉ ANTONIO PÉREZ TAPIAS

Es una máxima de nuestro tiempo que nada puede estropear un buen espectáculo. Recordemos cómo no hace mucho nos enteramos horrorizados que aquella mujer, que fue puesta en el aprieto de acceder a una reconciliación televisada en directo con el hombre que había sido su pareja, fue asesinada a los pocos días por él; supimos entonces que era el maltratador de quien había intentado alejarse. La obscenidad de un programa conducido sin empacho alguno hacia el corazón de una relación marcada por la violencia para, sin consideración hacia los riesgos de la víctima, convertirlo en espectáculo, tiene su correlato a pie de calle en esas conductas de adolescentes dedicados a grabar en sus móviles las palizas dadas a personas débiles escogidas como objeto de su despiadada diversión, para acabar colgando en Internet los golpes y vejaciones que les infligen. Son ejemplos de la espectacularización cotidiana de la violencia que alberga nuestra sociedad. En ella, los medios de comunicación constantemente suministran imágenes de catástrofes o accidentes en las que el dolor y la muerte quedan reducidos a momentos álgidos del reality show a gran escala en el que estamos inmersos. No falta la publicidad más extravagante que ofrece cosas tales como viajes a los glaciares del hemisferio sur para apreciar en directo su desaparición a cuenta del aumento de temperatura provocado por los humanos de las sociedades desarrolladas. Al fin y al cabo, tal turismo antiecológico revestido de plañidera sensibilidad hacia lo que ocurre en la naturaleza no responde sino a los parámetros del consumo desbocado que retroalimenta la infernal máquina de una economía regida por el principio del máximo beneficio. Todo ello, a lo que tan sucintamente aludimos, son epifenómenos del capitalismo globalizado que estructura mundialmente nuestra realidad como sociedad del espectáculo. Tal fue el diagnóstico que de ella hizo Guy Debord hace cuarenta años, con una perspicacia y capacidad de anticipación que de ninguna manera quedaron agotadas con el Mayo del 68 que tanto acusó su influjo.

En 1967 se publica La sociedad del espectáculo por quien había sido propulsor de la llamada “Internacional Situacionista”, tratando de llegar al fondo de lo que ocurre en una sociedad en lo que todo resulta pervertido por el fetichismo de la mercancía. El arte mismo, hasta en sus formas vanguardistas de impugnación del orden establecido, es engullido como objeto de consumo. Tras proponer “construir situaciones” en las que se hiciera realidad la superación del arte identificándolo con la vida –trasunto de la propuesta marxiana de superación de la filosofía en la praxis-, Debord escribió su principal obra comenzando con palabras que se hacen eco de las que encontramos en El Capital: “La vida entera de las sociedades en las que imperan las condiciones de producción modernas se anuncia como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo directamente experimentado se ha convertido en una representación”.

Debord quería poner de relieve no sólo la primacía del espectáculo en una sociedad donde es decisivo el papel de los medios audiovisuales de comunicación, sino además cómo toda ella se organiza espectacularmente en un interminable juego de apariencias. Tal es el requerimiento de un capitalismo que espolea de continuo el consumo de mercancías desplazando el ser al tener y el tener al parecer. Después de todo, “el espectáculo es el reverso del dinero” (capital), presentando la imagen invertida de lo que en verdad ocurre en un mundo donde las relaciones humanas están mercantilizadas. Recubriendo el vacío que tal mercantilización agranda de continuo, que es el del nihilismo que la dinámica capitalista induce, “el espectáculo es la reconstrucción material de la ilusión religiosa”, mantenida así en sociedades secularizadas. Con su organización como gran espectáculo que se retroalimenta continuamente la sociedad legitima la dinámica económica sobre la que se apoya y la política que sirve a ella, de manera que el espectáculo –insiste Debord- opera como “discurso ininterrumpido que el orden actual mantiene sobre sí mismo, su monólogo autoelogioso”.

Parafraseando a Calderón, podemos decir desde Debord que el gran espectáculo del mundo es el traje a medida con que es revestida la realidad social por el capitalismo de nuestro tiempo. No hay más guión que el que el mercado reescribe a diario para que el espectáculo prosiga en la alocada representación que hace de sí una humanidad alienada que sólo puede librarse de la tragedia de su audestrucción –en vano, si no cambia dicho guión- manteniendo indefinidamente la reproducción del mismo. El gran espectáculo del mundo, para seguir sin término según el imperativo del mercado, lo abarca todo: todo se compra y se vende. Así, se mercantiliza, es decir, se “espectaculariza”, desde la política hasta la intimidad de las personas, desde la muerte hasta la vida, desde los logros tecnológicos hasta las catástrofes medioambientales. La obscenidad no tiene límites, ni en las pantallas de televisión, ni en las páginas de Internet. El cinismo del capitalismo contemporáneo, como corresponde al nihilismo que la dinámica del mercado potencia con su efectiva transmutación de todos los valores en valor económico, se instala descaradamente en la mentira, con el agravante, como señalaba Debord, de que “la mentira no contradicha se torna locura”.

Hablar al modo calderoniano del “gran espectáculo del mundo” no conlleva un mero exceso retórico. La “sociedad del espectáculo” –y su locura autodestructiva- es mundial, como ya lo entrevió Debord siguiendo a Marx, antes de que estuviéramos metidos en la globalización de nuestro presente: “Con el desarrollo del capitalismo, el tiempo irreversible se ha unificado mundialmente. La historia universal se ha convertido en realidad porque el mundo entero se ha unido bajo el despliegue de ese tiempo. Pero esta historia, que es la misma en todas partes a la vez, no es aún más que el rechazo intrahistórico de la historia. El tiempo de la producción económica, segmentado en fragmentos abstractos e iguales, es lo que se manifiesta en todo el planeta como uno solo y el mismo día. El tiempo irreversible unificado es el del mercado mundial y, consecuentemente, el del espectáculo mundial”.

En la “sociedad del espectáculo”, amnésica en la simultaneidad de su presentismo, la conciencia histórica se ve alienada y, por tanto, la historia no se toma en serio. Sin memoria no hay verdadera esperanza y la ausencia de una y otra son síntomas claros de la pérdida de sentido que socava una cultura donde el vacío se hace presente. La sociedad del espectáculo corresponde al momento en que un “capitalismo cínico” se señorea sobre el mundo que él mismo unifica como “global”.

(Artículo publicado en el diario Granada Hoy el 31 de Diciembre de 2007)

El pacto vivo de la Constitución

JOSÉ ANTONIO PÉREZ TAPIAS

DIPUTADO SOCIALISTA

En sociedades en las que hemos desacralizado el poder y asumido en primera persona del plural la tarea de darnos el orden normativo por el que regular la convivencia colectiva, sólo el pacto entre quienes nos reconocemos como ciudadanos puede dar paso a una institucionalización viable y justa del ámbito político. Las democracias constitucionales tienen su apoyatura en un consenso social básico, de efectos jurídicos, a través del cual los miembros de una sociedad instauran las reglas fundamentales de la convivencia política y los procedimientos para operar a partir de ellas. La convergencia para tal acuerdo se realiza teniendo como telón de fondo el reconocimiento de derechos humanos que en el mismo pacto ciudadano ya están en ejercicio. Tales derechos encuentran en los procedimientos legales que arrancan de dicho pacto los cauces formales para generar una legalidad conforme a lo que el respeto a los mismos exige. Tan importantes como los derechos que se reconocen son los procedimientos por los que generamos las normas que obedecemos. Son las dos caras de la misma moneda, acuñada desde tiempo atrás en el recorrido de emancipación y solidaridad hecho a través de la cultura del pacto de las democracias constitucionales.

Recordemos que desde el fin de las sociedades tradicionalmente regidas por un orden que remitía su legitimidad a un mandato divino, cuya interpretación acumulaba el poder político en alguna forma de monarquía eclesiásticamente sancionada, la idea del pacto se abrió camino como nueva legitimación del poder en sociedades secularizadas. Grocio, desde el iusnaturalismo, ya avanzó en esa dirección, reaccionando así al conflicto desatado como disputa en torno al monopolio de lo religioso a la vista de la ruptura del mismo en el marco de las guerras de religión que asolaban Europa. Después, Hobbes reelabora la teoría del pacto como transferencia de poder desde los individuos al soberano, realizada ya en la órbita inmanente de un mundo en el que públicamente no se podía esperar que la apelación a la trascendencia resolviera la legitimación de un poder político capaz de proteger vidas y propiedades. Sería el liberal Locke quien reformularía el pacto como pacto entre quienes a través de él se constituyen en ciudadanos –ya no súbditos de un monarca absoluto- que se dotan de un orden en que el poder político al que transfieren parte de su poder originario ve supeditada su legitimidad a la salvaguarda de los derechos civiles de los individuos. Rousseau, representante de la tradición republicana, pondría el acento en el pacto entre individuos sobre el que, cual contrato social originario, había de construirse el estado de sociedad en el que libertad y orden fueran posibles en una democracia en la que los ciudadanos, desde el ejercicio de su autonomía pública, participaran en el establecimiento de la ley que han de obedecer.

Todo ello es historia conocida, de ideas que siguieron desplegándose desde Kant hasta Rawls y Habermas en nuestros días. Pero es una historia que no es sólo de las ideas políticas contractualistas, sino que es la de unos avatares políticos que en las democracias constitucionales de nuestro tiempo encuentran el fruto maduro de una cultura del pacto que hoy vuelve a ganar la consideración que merece, más aún a la vista de los potenciales de conflicto que amenazan la convivencia.

En España, la Constitución de 1978 nació de una expresa voluntad de acuerdo para construir el Estado social y democrático de derecho que necesitábamos para una sociedad que aspiraba a una convivencia en paz, desde ese respeto a la dignidad de todos y cada uno que es la entraña ética de toda democracia realizada en serio. Desde entonces, dejando atrás una ominosa dictadura, la sociedad española ha ido avanzando en democracia, desplegando, según la voluntad política expresada electoralmente lo ha ido posibilitando, lo que estaba apuntado en la arquitectónica del texto constitucional. La nueva configuración territorial del Estado, el sometimiento del poder militar al poder civil, el abandono del confesionalismo nacional-católico, el desarrollo de un sistema educativo universal, obligatorio y gratuito, la universalización de la atención sanitaria y el establecimiento de un régimen de seguridad social cada vez más justo e inclusivo, son logros conseguidos como avances democráticos en el marco de la Constitución y desde las bases suministradas por ella. Los cauces diseñados para el entendimiento entre trabajadores y empresarios, decisivos para la consolidación de un clima proclive al pacto social, tienen igualmente su anclaje en aquello a lo que el consenso constitucional abrió camino.

No vamos a ocultar que la Constitución, aun con todas sus posibilidades, ni lo previó todo ni zanjó toda fuente de conflicto. No era ésa su función. Habiendo nacido de un pacto en vigor hasta el día de hoy, surgió del mismo como una realidad jurídico-política dinámica, que impulsaba nuevos desarrollos y abría perspectivas de futuro en la realidad sociopolítica española. Con ella quedaban definidas las reglas de juego para articular desde la libertad, la igualdad y el pluralismo político reconocido como valor democrático, no sólo la búsqueda del entendimiento en todo lo que políticamente fuera necesario, sino también cierto consenso incluso acerca de nuestras posibles divergencias. No hay que olvidar que la dinámica entre mayorías y minorías en democracia supone tanto el acuerdo en torno a lo que nos une como el consenso acerca del alcance posible de los disensos. La regulación de éstos forma parte de la misma democracia que impulsa el consenso y esa tensión es la que dinamiza el proceso político que una constitución democrática alumbra.

Si una constitución nace, dado el consenso histórico al que de hecho se debe, con tensiones internas que el logro del pacto llevó a asumir sin menoscabar la coherencia de su resultado, no hay que extrañarse de que en la vida política se plantee, llegado el momento, la necesidad de reforma de la misma para resolver tales tensiones o para responder adecuadamente, siempre por los cauces democráticos previstos, a nuevos retos que reclaman reformas políticas de calado. El pacto vivo que ha de sostener a una constitución con voluntad de permanencia es el que se actualiza por las vías de su reforma. Alguna vez habrá que realizarla en España –cuando los puentes del entendimiento político se reconstruyan como deben-, pues a ella convocan la inserción en Europa y la realidad del mundo globalizado, la profundización en el autogobierno de las Comunidades autónomas y la representación de todas ellas en el Senado como cámara territorial, la compleja pluralidad cultural y religiosa de una sociedad que demanda un Estado laico sin rémoras de privilegios confesionalistas, una lógica democrática que ha de proyectar su carácter inclusivo hacia nuevas formas de ciudadanía intercultural, así como unos riesgos medioambientales que obligan a la asunción de la sostenibilidad como insoslayable forma de solidaridad. Si le añadimos a todo ello la memoria de lo que no ha de olvidarse en cuanto al reconocimiento que merecen las víctimas que fueron arrojadas a las cunetas de la historia, a quienes nuestra democracia tanto debe, el pacto constitucional se podrá reactivar con la vitalidad que la sociedad española necesita y sus fuerzas políticas pueden darle.

(Artículo publicado en el diario Ideal de Granada el 6 de Diciembre de 2007)

Presente y futuro de la ciudad

José Antonio Pérez Tapias

Diputado socialista

Desde hace siglos, las ciudades son los espacios por excelencia de la convivencia social, del intercambio económico y de la vida política, a la vez que potentes núcleos de producción y difusión de la cultura de una sociedad y matriz de los procesos emancipadores, individuales y colectivos, que históricamente se dan en ellas.

La afluencia de población procedente del medio rural, el crecimiento económico basado en la industrialización, la urbanización de amplios espacios con nuevos modelos constructivos y el desarrollo del transporte urbano e interurbano fueron factores decisivos del cambio de nuestras ciudades a lo largo del siglo XX. Tales cambios no fueron socialmente neutros, sino que supusieron una incidencia notable en las relaciones sociales, respondiendo a la divisoria de clases que se reproducía por la incidencia de diferentes factores en la remodelación de la vida urbana. Se puede recordar la proliferación de barrios obreros en los extrarradios de las ciudades, a la par que el auge de zonas urbanas de clases medias emergentes.

En el presente, esas ciudades que tanto se transformaron hacia mediados de la pasada centuria han vuelto a hacerlo, si cabe con mayor intensidad. Su crecimiento se ha dado de la mano de un urbanismo expansivo y fuertemente especulativo, la dinámica económica se orienta hacia los servicios y la población cambia por los nuevos movimientos migratorios. En ellas se plantean nuevos problemas de comunicación y movilidad, de recursos y de residuos, de convivencia y de cooperación.

La constatación de que existe un balance positivo en la configuración actual de las ciudades, comparando su situación con lo que era su panorama tiempo atrás, debido sobre todo a la gestión política llevada a cabo por los Ayuntamientos democráticos desde la Transición, no debe ocultar la problemática que ahora afrontamos. El modelo de desarrollo de las ciudades exige rectificaciones en profundidad para reconducirlo hacia un modelo de desarrollo sostenible en el largo plazo. La otra cara de la intensa vida de toda ciudad es la de las tensiones que soporta, sobre todo por las presiones económicas que actúan en detrimento del medio ambiente, del patrimonio histórico y de un urbanismo razonable. Últimamente, nuestras ciudades han crecido bajo un modelo importado de otras latitudes que supone un alto coste medioambiental, energético, económico y social. No nos vale una ciudad diseminada, en la que desaparecen los espacios públicos. Gestión privada de los servicios y enaltecimiento de la vida privada de los individuos acompañan al modelo de ciudad que el mercado actual propicia. Encontramos dos efectos muy perniciosos de ese modelo desarrollista de ciudad que las políticas neoliberales han impulsado. Uno de ellos es el vaciamiento de los centros históricos con la consiguiente desaparición de espacios de encuentro ciudadano. El otro es la aparición de grandes bolsas de marginalidad que se ubican en los intersticios de ese entramado de ciudad dispersa, con lo que suponen de potenciales de violencia y fuentes de inseguridad, además de la degradación en cuanto a condiciones de vida para quienes se ven inmersos en ellas.

El balance que hoy podemos hacer de nuestras ciudades nos obliga a reconocer dónde están los problemas que afectan a su futuro, para acometer las transformaciones necesarias. La acción política ha de encaminarse a lograr que nuestras ciudades sean efectivamente espacios de convivencia, lugares de vida en común en los que quepa equilibradamente todo lo que ésta supone: actividad económica, relaciones sociales, participación política y vida cultural. Hay que reganar las ciudades para la ciudadanía. El primer obstáculo a vencer es un urbanismo desbocado que nos ha puesto al borde de situaciones irreversibles tremendamente negativas. Por el contrario, un urbanismo sostenible nos ha de permitir construir el nuevo marco en que ubicar la acción política transformadora y solidaria para la ciudad del futuro: políticas de profundización de derechos y ampliación de libertades, de igualdad de clases y de género, de inclusión social de los diferentes; políticas educadoras desde la convivencia colectiva, y de acceso para todos a las nuevas tecnologías; políticas de conservación y difusión del patrimonio histórico y de protección del medio ambiente.

Este tiempo de globalización, con mucho de negativo que hay que reconducir hacia una globalización positiva, es a la vez momento crucial de las ciudades. La intersección de lo global y lo local –la “glocalización”- tiene en las ciudades su marco preferente. En torno a ellas se configuran las áreas de actividad económica, decisión política y dinámica cultural que logran significatividad en un mundo globalizado. Si nuestras ciudades han de ser habitables, convivenciales y solidarias, lo serán si consiguen ser ciudades abiertas y cosmopolitas. Los socialistas de Granada, conscientes de estos retos de futuro ante los cuales nuestra ciudad no puede fallar, a través de su Conferencia Política invitan a la ciudadanía a participar en el necesario debate al que nos convoca, en nuestro aquí y ahora concretos, el tiempo histórico en que estamos.

(Artículo publicado en La Opinión de Granada el 24 de Noviembre de 2004)

Banderas, banderías y banderazos

José Antonio Pérez Tapias

Filósofo y diputado socialista

Con el trasiego en torno a la bandera que estas últimas semanas estamos padeciendo –motivos hay para temer que dure hasta las elecciones generales- me acuerdo de una de tantas frases sentenciosas de Elias Canetti: “Las banderas son viento visualizado”. Así es, y bien hace el escritor y Premio Nobel en hacernos observar tal cosa obligándonos a reparar, además, en que, con sus colores, no se trata de una mera visualización física, sino de una visualización simbólica. De ahí la potencia significativa de las banderas y su condición de símbolo sometido –todos lo están en una época descreída como la nuestra- al conflicto de las interpretaciones. El caso de las banderas es especial en cuanto a la capacidad de generar litigios en torno a ellas, habida cuenta de que surgieron en contextos de confrontación, como seña de identidad colectiva para señalar la diferencia con los otros, como emblema marcador del territorio en virtud del ondear sobre él, como referencia imprescindible para ejércitos en pie de guerra. Es decir, las banderas nacieron como símbolos en torno a la guerra, o cuando menos potencialmente belicosos, lo cual también se constata históricamente en la consolidación de las mismas como símbolos de las naciones que emergieron a través de conflictos entre Estados, de procesos de ruptura en algunos de ellos o por revoluciones en su seno que dieron paso a la conformación de una nueva realidad estatal desde la conciencia nacional. Todo ello se prolonga de alguna manera en las más diversas “banderías” que en torno a las banderas a veces se aglutinan.
Por fortuna, como tantas cosas en la vida de los humanos, a lo largo de los siglos también las banderas se han civilizado. Aparte del uso de banderas en contextos no políticos –banderas deportivas-, en el ámbito político encontramos banderas de paz, banderas bajo las que se reconocen Estados democráticos sin ardor guerrero y hasta banderas que pretenden simbolizar colectividades creadas más allá de identidades nacionales. Podemos traer a colación la bandera de la ONU o la bandera de la Unión Europea –no se nos escapa el significado en cuanto a la reelaboración simbólica de las soberanías nacionales (¡tan menguadas!) de las dificultades en el seno de la UE para lograr una aceptación por parte de todos los países miembros de una bandera común reconocida como tal, como se ha evidenciado en la tramitación del nuevo Tratado de la Unión ahora en curso-.
Con todo, el caso es que, con su carga simbólica, la cuestión relevante en lo que afecta a cada bandera, tomando pie del pensador de origen búlgaro y orígenes sefardíes con el que hemos iniciado nuestra reflexión, es la que se refiere al viento en que se mece. ¿Es viento democrático, de convocatoria a la ciudadanía compartida, de llamada al empeño colectivo en torno a objetivos de justicia? ¿O es viento de confrontación desatado por nacionalismos excluyentes, o activado por intereses espurios que enarbolan banderas de todos para encubrir pretensiones particularistas? En todas las “guerras de banderas” hay que hacerse estas preguntas para no quedar atrapados en conflictos de banderías. No olvidemos que las banderas son símbolos, con capacidad de incidir en los sentimientos y de movilizar las pasiones de los colectivos que se identifican con ellas, como el autor de “Masa y poder” nos recuerda, y que a los símbolos les pasa lo que al fuego: quien juega con ellos se acaba quemando.
La derecha española, con mucho de españolista, debería recapacitar sobre la manipulación que está haciendo de todo lo que afecta a la bandera de España, para no propiciar regresión alguna en el tratamiento civilizado y civilizador que en nuestra democracia hemos hecho de ella y de otros símbolos nacionales. Con intención de acapararlos, y de ostentar el monopolio en lo que respecta a la interpretación ortodoxa de lo que significan, lo que está haciendo es precisamente dañar consensos anteriormente logrados para que la bandera española sea de todos y provocar que, por el contrario, vuelva a ser signo de bandería partidista. Inevitable es tal lectura cuando se ve la resistencia que emana de la derecha a que el viento que mantiene en el aire a la bandera constitucional roja y gualda no sea compartido por las banderas de las respectivas comunidades autónomas, por lo menos, y también por la de la Unión Europea. Enarbolar unilateralmente la bandera de España, sin ni siquiera disimular descaradas pretensiones apabullantes y tics excluyentes, plasmados en el afán por colgar solitarias banderas de gran tamaño de enormes mástiles en plazas de evidente significación histórica, muestra un interés monopolizador e impositivo que no beneficia nada a la convivencia política en una sociedad tan compleja y plural como la nuestra. Y hay que añadir que los excesos de unos con sus banderas no justifican los excesos reactivos de otros con la que debe ser de todos.
Un poco de sentido común, subrayando lo de “común”, es necesario para un uso razonable de un símbolo con tanta fuerza y mucha historia detrás. Forma parte de ésta la desvalorización de los símbolos nacionales por el abuso que hizo de ellos la dictadura franquista, al considerarlos como exclusivos de la España nacional y católica frente a la “anti-España” que intentó liquidar, así como también es historia reciente el intento de recuperación consensuada de los símbolos políticos que hemos hecho de la mano de la Constitución. La lealtad a ésta, y el respeto recíproco que nos debemos como ciudadanos, incluye el no utilizar la actual bandera de España para andar a banderazos, sembrando discordia a cuenta de la crispación que electoralmente se quiere rentabilizar. Lo que es de todos, hagamos que efectivamente sea para todos.

(Artículo publicado por La Opinión de Granada el 7 de noviembre de 2007)

Democratización de la ciencia

José Antonio Pérez Tapias

El año 2007 fue declarado por el Gobierno Año de la Ciencia en España. Con tal declaración es consonante el incremento de inversiones dedicadas a investigación: El Plan Nacional de I+D+I ha supuesto más de 24.000 millones de euros en el período 2004-2007; y las previsiones del gobierno para la fase 2008-2011 son de inversiones por parte de las administraciones públicas y del sector privado por un monto de 48.000 millones. En esa órbita se inscribe la iniciativa de crear un Instituto de Cultura Científica en el Parque de las Ciencias de Granada. El proyecto se consolida con el compromiso reflejado en la partida asignada para tal fin (750.000 euros) en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio. Ello indica la importancia dada a la investigación y la necesidad de que el conocimiento científico sea democratizado.
El peso de la ciencia en nuestra cultura hace insoslayable su democratización en un doble sentido: difusión del saber científico y capacidad de decisión respecto a prioridades y consecuencias de dicho saber, máxime cuando la tecnología es muy potente. La política que suscita esta reflexión, además de beneficiosa para Granada es, más allá de lo local, de enorme calado por lo que significa dotar a la ciudadanía de recursos para la deliberación en torno a cuestiones relacionadas con la ciencia y que afectan a todos –desde qué hacer ante el cambio climático hasta cómo afrontar los retos de la biotecnología-. Tal decisión responde a una política científica democrática y a una democracia sensible a la argumentación científica. Ésta, oída la voz de los científicos, entra en el debate público en el que intervenimos como ciudadanos.
La democratización de la ciencia es imperiosa en la civilización tecnológica de la sociedad de la información o del conocimiento. Debemos discernir sus tendencias en un proceso en el que el conocimiento está modificando la dinámica económica, las estructuras políticas y las pautas culturales. Ahí tenemos la globalización que unifica el mundo como gran mercado que funciona en el tiempo real de la simultaneidad informática, si bien es cierto que se trata aún de un mercado que conlleva mucha injusticia. La informática y la telemática, que tienen en Internet no sólo su concreción más amplia, sino el símbolo de lo que supone la civilización científico-técnica, han multiplicado las posibilidades del conocimiento. Pero hay más: las ciencias mismas se ven afectadas por los desarrollos de las tecnologías que ellas han propiciado. La informática y la telemática inciden en el conocimiento, en lo que toca a su transmisión y en lo que respecta a su producción. No obstante, hasta la élite que protagoniza los avances científico-técnicos corre el riesgo de quedar a la deriva en el océano del mercado global, a merced de fuerzas económicas y presiones políticas.
La civilización tecnológica hace patente que ciencia y técnica van juntas. Lo puso de relieve Francis Bacon, el primer filósofo de la ciencia moderno, al percatarse de que la ciencia dejó de ser teoría pura para ser ciencia experimental. La ciencia-técnica, con su esencial carácter “tecno-lógico”, refuerza la voluntad de dominio en nuestras relaciones con la naturaleza, provocando que demasiadas veces tal dominio se extienda a las relaciones interhumanas. La mirada crítica no deja de apreciar que si en relación a la naturaleza la tecnociencia ha de limitar su dominio para evitar abusos irreversibles, en relación con el trato entre humanos tal pretensión está siempre de más. La ilustración científica que necesitamos ha de afrontar ambas cosas.
La relevancia actual de la ciencia es tan grande que con frecuencia la valoración de la misma conlleva una fe ciega. Tal exceso provoca el cientificismo, que implica una ciencia mitificada con funciones de legitimación que el sistema necesita para hacer soportables sus costes. La ciencia-técnica como ideología –Habermas ha insistido en ello- suministra las coartadas para un ejercicio tecnocrático del poder, en el que éste se justifica por la eficiencia técnica por encima de otros criterios. Los planteamientos tecnocráticos suelen ir de la mano de concepciones elitistas de la democracia, las cuales la falsean en lo esencial: el reconocimiento igualitario de la dignidad de cada uno y de su condición de sujeto capaz de participación política. Las ciencias, por sí mismas no son tecnocráticas, pero con un “espacialismo” incapaz de autocrítica, como ya denunciara Ortega, alimentan un “fetichismo tecnocrático” de nefastas consecuencias.
Desde el seno de la civilización tecnológica, con posibilidades positivas tan enormes como sus riesgos, de lo que se trata, como decía Fromm, es de “humanizar” dicha civilización. Si no lo logramos, sucumbiremos a una tecnocracia antidemocrática, arrasando la naturaleza como avaros mercaderes con veleidades de aprendiz de brujo. Para no comportarnos como nuevos bárbaros tecnocráticos es imprescindible una difusión de la ciencia que nos capacite para actuar libre y responsablemente con ella y desde ella.

(Artículo publicado en el diario Granada Hoy el 24 de Octubre de 2007)

La nación cívica

José Antonio Pérez Tapias

Filósofo. Diputado socialista

Los humanos nos movemos en el lenguaje como los peces en el agua. No podemos vivir fuera del medio lingüístico y esa constante antropológica se explicita con fuerza en algunos ámbitos de nuestra realidad. Uno de ellos es el ámbito político, donde nos encontramos con la necesidad de comunicación para llegar a acuerdos, para resolver conflictos, para organizar la convivencia social. Sucede que en la vida política también se experimenta cómo la mediación lingüística se convierte en mediatización, es decir, en obstáculo para el entendimiento o en distorsión de la realidad por intereses que en ella se entrecruzan. A veces, una misma palabra lleva en diferentes discursos tan compleja carga semántica que casi se sitúa en el terreno de los conceptos equívocos. Lo cierto es que hay algunos muy escurridizos, lo cual hace que se presten para ser usados como armas arrojadizas. Uno de ellos es el concepto de nación, con sus derivados de nacionalismo, nacionalidad, realidad nacional, etc. En España tenemos experiencia de lo difícil que es entendernos en todo lo que afecta a la llamada “cuestión nacional” o, para ser más exactos, en lo que tiene que ver con las “cuestiones nacionales”.
En este país nuestro –expresión que refleja la dificultad de hallar una sin equívocos-, a pesar de su temprana configuración como Estado moderno, o quizá por ello mismo al ser en su día “prematuramente moderno”, no hemos generado una conciencia nacional compartida por todos. Desgraciadamente, este tipo de cosas no se resuelve sin más con la declaración de principios acerca de la “indisoluble unidad de la Nación española” que encontramos en la Constitución. Ésta cumple la función de ser fundamento de nuestro ordenamiento jurídico, pero no subsana el déficit de patriotismo, por decirlo con fórmula al uso, que se detecta en muchos casos en relación a la nación española. De ahí que historiadores y analistas políticos vengan a coincidir en que la “cuestión nacional” no está resuelta entre nosotros, y no sólo por una historia que ha dejado posos que lastran mucho, sino también por un presente con tensiones en torno a lo nacional, escenificadas como colisiones entre nacionalismos y puestas de relieve, por ejemplo, al hilo de las reformas estatutarias en nuestro Estado de las autonomías. La configuración de éste ha supuesto una benéfica moratoria de treinta años de democracia, pero su mismo éxito ha exacerbado las demandas nacionalistas, así como las de quienes, no debiéndose a “nacionalismos históricos”, operan como nacionalistas desde regionalismos que compiten con aquéllos invocando el principio de igualdad y valores de solidaridad.
Con las “cuestiones nacionales” en danza, mientras unos, con sobredosis identitarias y delirios soberanistas, se aferran a sus nacionalismos subestatales o periféricos –así calificados por el hecho de que su concepto de nación, con marcados componentes étnicos y mucho esencialismo, no se corresponde con una nación que abarque un Estado-, otros golpean con fuerza el tam-tam del nacionalismo españolista, acaparando símbolos hasta situarse muy cerca del imaginario de la dictadura franquista, con sus ingredientes de nostalgias de imperio y resabios nacional-católicos. Sin embargo, en medio de esa polarización que en nada favorece el diálogo político hay una amplia franja ocupada por quienes pensamos que nuestras “cuestiones nacionales” requieren un tratamiento bajo claves distintas.
Hay que rehacer pactos sobre elementos básicos de nuestro entramado jurídico-político y eso requiere bajar el tono de tantas declaraciones grandilocuentes y buscar nuevas vías de consenso. Es decir, requiere hablar, desmontando prejuicios y haciendo verdad –lo podemos decir parafraseando a Carroll- que las palabras no significan sólo lo que uno quiera. El primer acuerdo tendrá que ser quizá concedernos unos a otros, tras escucharnos, que “nación” se dice de muchas maneras –como decía Aristóteles del ser-. Tras ello a lo mejor despejamos el camino para un uso de la palabra “nación” más consonante con la democracia y más civilizador, esto es, para una utilización del término más humanizante al remitirnos a la común condición de ciudadanos de quienes nos reconocemos como sujetos de derechos en el espacio político que compartimos. Siendo así, estaremos hablando de una “nación cívica” que bien puede acoger en su seno otras naciones con el consiguiente reconocimiento, no sólo de prioritarios derechos individuales, sino también de derechos colectivos. No es un invento de ayer lo de España como “nación de naciones”. Por eso no es mera ocurrencia de hoy el plantear la necesidad de repensar nuestro Estado como “Estado plurinacional”. Es una invitación para la convivencia.

(Artículo publicado en Granada Hoy el 11 de Octubre de 2007)

El fin del monopolio eclesiástico

José Antonio Pérez Tapias

Filósofo y diputado socialista

Nuestra hospitalaria ciudad ha contado en los días pasados con la presencia en ella del cardenal Rouco, invitado por el arzobispo de Granada, D. Francisco J. Martínez. La visita ha tenido repercusión pública más allá de los círculos católicos debido a las declaraciones del cardenal, una vez más, sobre la asignatura “Educación para la ciudadanía”. La ocasión se la ha brindado el comienzo de curso en un conjunto de centros docentes patrocinados por la diócesis de Granada, incluido el Instituto “Lumen Gentium” para formación de seminaristas impulsado por el arzobispo de la misma, haciendo ostentación, por cierto, de la ruptura que ello supone con la Facultad de Teología dirigida por los jesuitas y radicada desde hace mucho tiempo entre nosotros.
La invitación al cardenal arzobispo de Madrid para impartir la conferencia inaugural de tales centros no ha respondido, pues, a la noble finalidad de contribuir con ella al reforzamiento de la comunión eclesial. Pero lo que vuelve a reclamar la atención de la ciudadanía en general son sus palabras contra la citada asignatura y el cuestionamiento que comportan de la legitimidad del parlamento para legislar sobre educación hasta el punto en que lo ha hecho y del gobierno para desarrollar dicha legislación a través de sus decretos. En definitiva, tan combativo cardenal impugna la legitimidad del Estado, que es Estado democrático de derecho, para asumir como propias las competencias legislativas y ejecutivas desde las que interviene en el ámbito educativo al articular programas y contenidos de educación para la ciudadanía. Desde tales consideraciones, el arzobispo Rouco de nuevo vuelve a arengar a los suyos, tan falaz como injustificadamente, para que hagan objeción de conciencia en relación a la materia que se impugna. Desgraciadamente, el encastillamiento de los sectores eclesiásticos que estos obispos encabezan, además del flaco favor que hace al entendimiento entre los cristianos –es inocultable la tensión con los religiosos de la enseñanza-, se sitúa objetivamente en contra de la convivencia democrática en una sociedad secularizada y pluralista como la nuestra.
En medio de esta insólita polémica es imposible no acordarse de cuando en España aún quedaba lejos la democracia y los estudiantes sufrían el adoctrinamiento –ése sí que lo era-, durante todos los años de aquel largo bachillerato, de una Formación del Espíritu Nacional con la que la dictadura franquista ahogaba anhelos de libertad con asfixiantes soflamas patrioteras. Sobre los “Principios del Movimiento”, a los que la dictadura se remitía como origen de su falsa legitimidad, y sobre las figuras mitificadas de aquel oprobioso régimen, dada dijeron nunca desde instancias eclesiásticas, por más que aquella malformación de los espíritus se situara en los antípodas del civismo que entraña una ciudadanía democrática. El pacto nacional-católico con que la misma dictadura se legitimaba reforzó el monopolio religioso de la Iglesia Católica en la sociedad española, con la correspondiente omnipresencia en un sistema educativo que colonizó como propio y exclusivo.
El cardenal Rouco, al igual que el otro “paladín anticiudadano” que es monseñor Cañizares, de persistente recuerdo por estas tierras, olvida a su vez que “la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno”, como declaró el Vaticano II (GS, 76), de la misma manera que nada quiere saber de la insistencia conciliar en la necesidad de “prestar gran atención a la educación cívica y política” (GS, 75). Le queda lejos aquel lúcido documento de los años setenta sobre “Iglesia y comunidad política” auspiciado por el cardenal Tarancón. Y, por otra parte, tampoco anda muy cerca de la Constitución española cuando interpreta de forma un tanto torticera el artículo 27 de la misma, donde tras declarar que “todos tienen el derecho a la educación”, también se dice que ésta “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Ni el cardenal ni otros miembros del clero alineados con él han dado todavía una argumentación fehaciente de por qué sostienen que con la respuesta del gobierno y del parlamento a lo que viene señalado por ese precepto constitucional se contradice el siguiente, relativo a la garantía que han de ofrecer los poderes públicos respecto al “derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Educar en los valores democráticos comunes a todos, cuyo centro es el respeto a la dignidad inviolable de cada uno –que es lo que implican los derechos que la ciudadanía supone-, no contradice principios religiosos y morales, salvo que éstos estén ubicados en un dogmatismo antiilustrado y premoderno que ni siquiera se debe a lo más genuino de la propia tradición religiosa a la que se adscriben. La ética cívica comporta una dimensión moral irrenunciable, referida a la dignidad humana sobre la que gravita el reconocimiento y el ejercicio de la ciudadanía. Nuestra condición no se agota en ser ciudadanos, pero si en verdad no lo somos malamente nos podremos desarrollar como personas. Contraponer una cosa a la otra –último recurso de la batería sofística con que continúa la agitación confesionalista contra la educación para la ciudadanía- es un síntoma más de quienes no quieren enterarse de que perdieron el monopolio social en materia de fe y costumbres y añoran aquel modelo de cristiandad que el mismo Concilio Vaticano II quiso dejar atrás. Otras voces de la misma Iglesia recuerdan lo antievangélico que es permanecer apegados a posiciones de poder, máxime desde parámetros antidemocráticos. Hace falta que hablen con más osadía y mayor claridad.

(Artículo publicado en La Opinión de Granada el 8 de Octubre de 2007)

Morir en Afganistán

José Antonio Pérez Tapias
Diputado socialista. Miembro de la Comisión de Defensa del Congreso

Noticias de muerte llegan, una vez más, desde Afganistán. En aquella tierra de clima duro y orografía endiablada, donde sobrevive un pueblo cansado de guerras y sojuzgado por la intransigencia del fundamentalismo más fanático, han encontrado la muerte dos soldados del Ejército español, junto a un intérprete iraní, cuando una mina explotó al paso del vehículo blindado en el que iban. Sus nombres se añaden a la luctuosa nómina de miembros de nuestras Fuerzas Armadas también fallecidos allí, sea por ataques de los talibanes, sea por accidentes ocurridos en el curso de las operaciones militares en las que participaban. La sociedad española, desde el gobierno hasta los medios de comunicación, pasando por las más diversas instituciones, tras hacerse eco de la noticia, expresa su dolor y lo transmite a los familiares y compañeros de los muertos a través de sus representantes. Los cauces de la solidaridad se activan en un momento difícil como éste.
En medio del dolor, cuando el luto se hace notar a través de silencios y símbolos, preguntas insoslayables atraviesan los corazones y, como dardos incisivos, van a clavarse en nuestras inteligencias, buscando respuestas. ¿Qué hacen nuestros soldados en Afganistán, a miles de kilómetros de nuestra tierra? ¿Qué defiende allí nuestro Ejército? ¿Bajo qué condiciones realizan las misiones encomendadas? Éstas y otras que pudieran recogerse son las que fluyen en conversiones de amigos, en sobremesas bajo el impacto de los telediarios, en barras de bar teniendo a la vista los titulares de los periódicos. Editoriales y artículos de prensa, comparecencias del Ministro de Defensa, declaraciones de líderes políticos y tertulias radiofónicas volverán sobre ellas durante unos días. Las opiniones serán diversas y en una sociedad pluralista como la nuestra no han de faltar las de quienes, incluso desde ángulos opuestos, se mostrarán en contra de que soldados españoles sigan en territorio afgano. Las objeciones también se acumulan en torno a cuestiones tan peliagudas y no hacen sino acumularse al hilo de la muerte que vuelve a hacerse presente de mano de la barbarie. Llueve sobre mojado; nuevas lágrimas surcan otra vez mejillas que no hace mucho también lloraron por caídos en Afganistán.
Germán Pérez Burgos y Stanley Mera Vera –soldado español de origen ecuatoriano: una vez más, inmigrante “integrado” por vía de inserción en el Ejército- formaban parte del contingente militar de casi setecientos soldados con que España participa en la ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad). Ello responde a diversas resoluciones de la ONU al respecto, la última de las cuales es la 1707 del 12 de septiembre de 2006, encaminadas a promover en Afganistán la seguridad y, en definitiva, la paz –hasta donde pueda hablarse en esos términos- para que en ese país pueda reconstruirse un embrión de Estado sobre el que organizar la administración y la convivencia en territorio tan convulso. Tales resoluciones de la ONU no han apuntado nunca a operaciones de guerra, sino a la reconstrucción de un país tras la guerra, siendo la última la de la operación “Libertad duradera” con la que los EE.UU. trataron inútilmente de desmontar Al Qaeda y de capturar a Bin Laden. Nuestras tropas, por tanto, no están en ninguna operación de agresión militar, sino de reconstrucción de un país, bien es verdad que apoyada sobre los miles de efectivos aportados por los ejércitos de 37 países. En esos términos se ha asumido por España, por este gobierno y por el anterior –la diferencia con el caso de la participación en la guerra de Irak decidida por Aznar es clara y notoria-, con el pronunciamiento favorable al respecto del Congreso de los Diputados desde que el gobierno de Rodríguez Zapatero propuso que así fuera. No obstante, es obligado reconocer que no deja de ser una tremenda complicación añadida la que supone el que se solapen las actuaciones que siguen emprendiéndose por el ejército estadounidense como prolongación de la citada operación “Libertad duradera” y las que llevan a cabo las fuerzas que componen la ISAF. El gobierno español ha planteado en alguna ocasión la necesidad de salir de tal confusión, que origina además un incremento de la hostilidad de amplios sectores de la población hacia las fuerzas de paz dado que se confunden con las que siguen realizando operaciones militares que originan numerosas víctimas civiles. Tal clarificación sigue siendo hoy necesaria y urgente, con el peligro de que la pretendida ayuda a la seguridad y la paz naufrague del todo si la ISAF no consigue actuar nítidamente conforme a sus objetivos. No lograr una clarificación suficiente como para que sea compartida por aquéllos a quienes se quiere ayudar significa redundar en actuaciones bienintencionadas pero que acaban siendo percibidas como prevenientes de potencias neoimperialistas. El gobierno español ha hecho esfuerzos tratando que la nefasta interferencia que comentamos no se dé, y debe seguir haciéndolos.
Con todo, es una situación con muchos elementos novedosos aquella en la que están nuestras tropas en Afganistán, y ello a pesar de que España ya ha participado y participa en otras muchas operaciones de paz con sus fuerzas armadas. Es un hecho que corresponde a los nuevos tiempos en que estamos el que nuestro ejército participe con otros ejércitos en operaciones fuera de nuestras fronteras. También la defensa se ha globalizado, respondiendo al hecho evidente de la globalización de las amenazas. Tal globalización de la defensa no significa, sin embargo, que su articulación desde los valores de la justicia, la libertad, la igualdad y la paz que deben compartir las democracias, se haga desde la simetría de los Estados que se coimplican en operaciones de pacificación de territorios, de reconstrucción de países o de mediación entre partes bélicamente enfrentadas. Sigue siendo una tarea pendiente el conseguir que el multilateralismo se aplique de forma consecuente no sólo para participar con efectivos y para coordinar acciones concretas, sino para decidir objetivos y estrategias, una vez que la ONU ha emitido resoluciones a favor de la paz con toda su legitimidad. Nuestras sociedades democráticas asumirán mejor las operaciones de sus ejércitos en el exterior si ellas se deciden en instituciones democráticas tanto nacionales como internacionales.
Unas fuerzas armadas organizadas para la defensa desde la Constitución misma que justifica su razón de ser, como es el caso del Ejército español, además de realizar las tareas encomendadas por el legítimo poder político con el espíritu que corresponde a su estar al servicio de una democracia constitucional, han de asumir también el mencionado concepto de defensa colectiva, que va más allá de los límites del Estado nacional. Esto significa un cambio importante en las actitudes y planteamientos propios del ámbito militar, ya no identificado solamente con lo que pueda exigirse desde enfoques troquelados exclusivamente desde la conciencia nacional. Una visión cosmopolita, una conciencia abierta a la interculturalidad, una solidaridad capaz de trascender fronteras, sin que todo ello suponga el olvido de lo nacional, pero sí su relativización, han de modular la actuación de nuestros militares fuera, y también dentro de nuestro territorio. Eso quiere decir que la idea de patria se ensancha, como se expande la de ciudadanía, de la mano de derechos humanos que deben ser defendidos y de convivencias democráticas que han de ser restauradas, siempre desde el diálogo, sin arrogancia, aun con las armas que toda una sociedad ha puesto en manos de militares sujetos a las reglas del Estado democrático de derecho. Desde esas claves nuestros soldados muertos, víctimas de un fanatismo destructor, pueden ser reconocidos como protagonistas de un nuevo heroísmo democrático.

(Artículo publicado en Ideal de Granada el 22 de septiembre de 2007)

¿Educar desde el consenso consumista?

José Antonio Pérez Tapias
Profesor de Filosofía y diputado socialista

Como no hay visos de que se suavice la polémica en torno a la “Educación para la ciudadanía”, sino más bien lo contrario una vez situados en el comienzo del nuevo curso académico, alguien podría pensar que mejor hubiera sido buscar una materia sin tantas aristas, en torno a la cual pudiera haberse creado un sólido consenso. Esa mente privilegiada, entre la candidez y el cinismo, podría proponer, aun a estas alturas y para reconducir la situación, un planteamiento alternativo, que encontraría en torno al consumo el filón tan deseado de convergencia social y aquiescencia política de todas las partes. ¿Quién negaría que todos podríamos estar conformes en educar a nuestro alumnado, hijos e hijas, por lo demás, sobre las pautas a seguir para ser buenos consumidores? No faltarían actitudes que promover, normas que pactar, criterios parea evaluar, tareas prácticas que hacer: de todo lo que exige un diseño curricular aceptable, que contemple incluso el desarrollo de “competencias básicas” y un programa futuro que dé continuidad al necesario “aprender a aprender”, para seguir siendo toda la vida buenos consumidores.
Una hipótesis como la dibujada, además de presentar la ventaja de irrumpir por sorpresa y pillar fuera de juego a los enfrascados en la discusión sobre Educación para la ciudadanía, contaría a favor con el factor añadido de verse respaldada de manera evidente por las estructuras y procesos de una sociedad consumista. Los valores de una educación polarizada alrededor de nuestras prácticas como consumidores no requieren grandes elucubraciones para dotarles de consistencia normativa; basta atender a los hechos, ir a las cosas mismas, es decir, a las mercancías que compramos, para encontrar ahí objetivados los criterios de lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Está clara la ganancia “pedagógica”: sobre cómo ser ciudadanos hay, al parecer, una discusión imposible de zanjar, mientras que sobre cómo actuar en cuanto consumidores todos estamos de hecho de acuerdo, máxime si nos comportamos, como suele ser el caso, al modo de los consumidores compulsivos que una sociedad de consumo como la nuestra necesita y promueve.
La promoción y difusión gratuita de manuales para ser un buen consumidor, esto es, devotamente consumista, contaría con el apoyo entusiasta no sólo de administraciones públicas que en tal hipótesis estarían comprometidas con tal “proyecto educativo”, sino con el mecenazgo de cámaras de comercio y confederaciones empresariales. Es más, todos los actores que se mueven por el ámbito económico del mercado aportarían sus experiencias, y algunos su saber técnico y hasta sus teorías bien probadas. No habría que hacer frente a sectores eclesiásticos furibundamente en contra, pues bien situados en el mercado de las religiones no tendrían inconveniente en aceptar un curriculum con amplia cabida también para la formación en el consumo de servicios religiosos, sobre todo en esos momentos biográficos en los que merece la pena pagar por un rito de paso como algún dios manda. Por lo demás, desde el campo político, dado que los pretendidos ciudadanos tienden a actuar como clientes de los servicios públicos, a elegir entre los programas que se les venden y a votar a candidatos con imagen más atractiva que los competidores en la oferta electoral –si el consumo de ocio, por ejemplo, no prevalece e induce a la abstención-, también se vería con buenos ojos una preparación adecuada para tal consumo necesario. No hace falta insistir en que siendo correlativas la potenciación desmesurada del consumo y la exaltación de lo privado, una política bajo tales claves, esto es, tan despolitizada, sería la consonante con la devaluación de lo público que estamos conociendo.
En un mundo en el que todo se compra, por estar todo en venta, desde el suelo hasta el cielo, no hay que andarse por las ramas, y menos en esa duro aprendizaje para la vida real –con su mercado de bienes y servicios, así como con su mercado de trabajo y su flexibilidad laboral- que es el proceso educativo. Tomar el consumismo como eje permitiría, además, una pedagogía interactiva y una educación en red capaz de utilizar todos los recursos tecnológicos disponibles. Niños y niñas tendrían un protagonismo indiscutible, sin zarandajas sobre la necesaria autoridad de los docentes, pues los chicos irían por delante manifestando sus gustos, eligiendo sus marcas preferidas, dejándose llevar sin esfuerzo por las gratas sensaciones de la compra de todo tipo de objetos. Los niños, criaturas codiciadas por el mercado que gravita sobre el consumo, puesto que en ellos está su futuro, cuentan con autoridad poco menos que congénita en estas materias, lo cual es asunto que hasta a los padres amedrenta sobremanera.
El espíritu del capitalismo contemporáneo no haría falta inocularlo, ya que va asumido por ósmosis en la estructura caracterológica de los “consumidores consumistas” –redundancia necesaria en nuestra época-. La disciplina y ascesis del capitalismo productivista de épocas pasadas no sólo queda lejos, sino que sería contraproducente. Rasgos de carácter consonantes con la aceleración de nuestro tiempo, con la rapidez de los cambios, con lo efímero de las situaciones, con la obsolescencia de productos y relaciones…, son los que resulta imprescindible reforzar, amén de la exaltación del individualismo que el consumismo lleva consigo. Ahí radicaría la función formadora del profesorado, llamada a cubrir ciertas lagunas: cómo hacer frente a las incertidumbres, qué hacer con los residuos que exponencialmente crecen, cuándo poner en práctica estrategias para rentabilizar al máximo un consumo voraz, expansivo y absorbente, etc. El deber quedaría reemplazado por el “tener que hacer” mandado imperiosamente por la realidad, por lo que los problemas éticos, sin necesidad de ser resueltos, quedarían disueltos. Tal enfoque acallaría las preguntas incómodas sobre qué pasa con quienes quedan excluidos no sólo del mercado, sino de una sociedad estructurada en torno a él, por quedar adscritos a la “infraclase” de los que no consumen por no alcanzarles su capacidad adquisitiva. Sin la más mínima posibilidad de ostentación, en una sociedad consumista donde no importa el ser, sino el tener, y el tener que permite parecer, el no consumo es vía directa hacia la marginalidad, camino de perdición que los individuos han de evitar a toda costa.
¿Por qué empeñarse, pues, en ser ciudadanos si parece que basta y sobra con ser consumidores? Ésa es la cuestión. La propuesta de la hipótesis que ficticiamente hemos esbozado se atiene a los hechos de nuestra realidad social. Para conformarnos con ella nos bastaría actuar como los consumistas que el injusto y cínico capitalismo de nuestro tiempo quiere que seamos. Pero si, continuando con la ficción, se aceptara tal propuesta para ahorrarnos las dificultades de la educación para la ciudadanía, habría que advertir a padres y alumnos, por si algunos quisieran objetar, que al cursar una tal educación para el consumo (en verdad “anti-educación” consumista) tendrían que abandonar toda conciencia de dignidad y aparcar las más mínimas dudas sobre la supervivencia futura de la humanidad. Si no queremos situar la educación bajo tal frontispicio más vale que intentemos una educación para la ciudadanía que nos saque del consumismo compulsivo que personal y colectivamente va a ser nuestra perdición. ¿Idealista? No tanto, si pensamos con el sociólogo Zygmunt Bauman que el consumidor compulsivo es un enemigo del ciudadano. Elijamos, pues, sobre aquello que no se compra.

(Artículo publicado en el diario Ideal de Granada el 6 de septiembre de 2007)